RUBÉN PÉREZ
hace 5 días
Tuxtla.- Tras la publicación el pasado 26 de junio del Periódico Oficial del Estado sobre el alza a las tarifas de pasaje, Bersaín Miranda Borraz, presidente de la Alianza del Autotransporte en el Estado de Chiapas, comentó que, a pesar de que ya pueden aplicar las nuevas cuotas, en esta ocasión se esperarán hasta el 1 de julio para empezar a cobrarle 10 pesos al usuario del transporte colectivo.
En una entrevista, reconoció que, luego de reuniones con la Secretaría General de Gobierno, se logró acordar los ajustes a las tarifas, debido a que la Secretaría de Movilidad y de Transporte se había negado por más de un año a resolver el tema.
El también presidente honorífico del Movimiento Nacional del Transporte en General destacó que, pese a que no estaba aprobado de manera oficial, las alzas ya se habían aplicado en otras regiones de la entidad chiapaneca, aunque no en el caso de la capital chiapaneca.
Pese a ello, reveló que, para estas nuevas medidas en los costos, efectuaron algunos estudios, los cuales arrojaban que, sólo en Tuxtla, el costo de pasaje de transporte colectivo le costaría al usuario 13.5 pesos, “pero estamos conscientes del impacto que esto ocasionaría, un impacto muy fuerte para el bolsillo de las y los trabajadores, del sector estudiantil”.
Refirió que, entre otros acuerdos tomados, se respetará el 50 por ciento de descuento para adultos mayores y personas con discapacidad, además del cero cobro para niños menores de tres años de edad.
“Pedimos a nuestros compañeros transportistas que se dediquen a informarle a la gente sobre los aumentos, y que ya el lunes se empiece a cobrar los 10 pesos; y de esa forma no se vean sorprendidos”, detalló.
Entre otros detalles, auguró que la Secretaría de Movilidad y de Transporte dé agilice el tema de los concesionamientos, para que no se violenten aún más los derechos de las personas que lo merecen, “porque cuando se otorgan éstos, no se beneficia al verdadero trabajador del volante; queremos que se les haga justicia”.
En su caso, dijo que no se opone a los concesionamientos, pero sí en contra de quienes se ven inmiscuidos en actos de corrupción para beneficiarse de un tópico como éste.