Gobierno se niega a desarmar a grupos paramilitares en los Altos
Tuxtla.- Los hechos sangrientos no solo se podrían generar de nueva cuenta en la comunidad Acteal, municipio de Chenalhó, donde hace casi 21 años se registró una masacre, sino en otras localidades de la región Altos de Chiapas, “focos rojos” porque el gobierno del estado se rehúsa a desarmar a los grupos paramilitares.
Así lo manifestó Rubén Moreno, abogado defensor del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien refirió que otra de las cuestiones que les preocupa es la impunidad de la que se ha caracterizado el Estado mexicano, “porque no investiga, ni siquiera identifica quiénes son los responsables de esa masacre. No hay avances”.
Tras recordar otras irregularidades sobre el caso Acteal y la opacidad con la que se mueven las autoridades, destacó que en la actualidad hay zonas de riesgo como Chalchihuitán y Aldama en donde grupos civiles armados han provocado que la población se desplace.
Lo más lamentable, dijo, es que el gobierno argumente que este tipo de conflicto es entre particulares y nada tienen qué ver los grupos civiles armados, “prueba de ello es que podrían quedar libres 15 personas que participaron en la masacre de 45 personas, entre estas cuatro embarazadas… a tal grado es la impunidad”.
Insistió en la necesidad de que el Estado desarme a los grupos civiles, “pero también pensamos que no lo hacen porque discriminan a los pueblos indígenas, pues no hay otro elemento más… y lo podemos notar con otras cuestiones, la marginación en la que las mantienen”.
Para él, la falta de castigo y de identificación de esos grupos armados, desde el año 1995 a la fecha, provoca que la violencia continúe “con más ganas, y no lo podemos evitar, y pues estas agrupaciones armadas siguen ahí con tal impunidad, y claro que está latente otra masacre”.
