Tortura, el pan de cada día en Chiapas
- CARLOS RODRÍGUEZ
- 13 dic 2018
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Tuxtla.- De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, solo en el último año y medio se han registrado poco más de 50 casos de tortura en la entidad chiapaneca, lo que para esa instancia significa una problemática difícil de erradicar.
“Chiapas cuenta con un registro bastante doloroso con respecto a casos de tortura a nivel nacional, y sobre todo es un registro de los casos que se conocen, de las personas que han querido denunciar; pues sabemos que existe un subregistro de personas que no quieren hablar, porque saben que eso es peligroso”, detalló.
Lamentó que este tipo de prácticas se hayan convertido en un tema histórico, “desde hace como tres décadas el Frayba acompaña a víctimas y a sobrevivientes de tortura, y cada vez vemos que es una situación muy difícil de erradicar, sin embargo seguimos insistiendo en que ésta no se debe permitir bajo ninguna circunstancia”.
En estos momentos, advirtió que tratan de visibilizar los casos de tortura en pobladores indígenas, “quienes sufren más estas situaciones, y más en las regiones como la Altos, Selva, en municipios como Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Pichucalco, entre otros”.
Para el “Frayba”, es lamentable que la tortura aún sea un método de investigación policial, a pesar de que existe una ley general que sanciona y previene ese tipo de acciones nocivas, “es muy buena, tiene poco tiempo de haberse implementado y obliga a los funcionarios públicos a denunciar estos hechos, y de igual forma a los estados para crear fiscalías especiales de atención, pero no pasa nada”.
De hecho, subrayó que se carece de una voluntad por erradicar el tópico e incluso “se sigue abonando a la impunidad, porque es una fiscalía que no es autónoma, porque no sanciona ni castiga a los servidores públicos, y eso es muy grave”.
Con base en una serie de documentaciones, esa organización advirtió que quienes más incurren en la tortura son los policías, militares, ministerios públicos y agentes de investigación, “y en ese sentido una fiscalía que no es autónoma, ¿cómo los investigará? Ese es uno de los principales problemas”.
Además, estimó que otra situación cuestionable es que la Fiscalía no posee las herramientas necesarias para realizar las pesquisas adecuadas de los casos que son denunciados, “y no tiene ministerios públicos adecuados y se criminaliza a los sobrevivientes de tortura; además, ésta se justifica, y no hay ni médicos ni personal para atender la parte sicológica de las víctimas”.
