Activistas a favor de derechos humanos denuncian casos de "tortura"
Tuxtla.- Integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y del Grupo de Trabajo “No estamos todos y todas”, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, solicitaron al juez penal de Distrito Judicial, con sede en San Cristóbal de Las Casas, otorgar la libertad a Diego López Méndez, torturado y encarcelado de forma injusta desde hace más de seis años.
En una conferencia de prensa en esta ciudad tuxtleca, lamentaron que el indígena originario del municipio de San Juan Cancuc no solo sufriera daño físico y sicológico, sino que además esté a punto de ser condenado por un delito que no cometió, es decir homicidio.
Explicaron que hoy martes se desarrollará la audiencia en la cual prácticamente se definirá la situación jurídica del inculpado, por lo que en 15 días se sabría cuál fue el fallo, “de hecho también pedimos que no se demore más esta acción, porque Diego ha pasado muchos años encarcelado y en espera de una sentencia”.
Rememoraron que él fue detenido por elementos ministeriales, quienes lo golpearon y luego lo llevaron a la cárcel conocida como “El Amate”, en el municipio de Cintalapa, desde donde comenzó una lucha para exigir su libertad, a través de la organización “Solidarios de la Voz del Amate”.
Mario Ortega, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, reconoció que por desgracia en Chiapas, y en todo México, la tortura es una práctica común, por medio de la cual se trata de crear un ficticio Estado de derecho “para aparentar lo que no es”.
Lo más lamentable, advirtió, es que se utilice la violencia física y sicológica para obtener una “verdad manipulada”, y lo peor: que ésta vaya en contra principalmente de las personas de los pueblos indígenas, “quienes ya estando en la cárcel, carecen de muchas cosas, como la de un traductor de su lengua, entre otras, con lo cual se violan sus derechos como seres humanos”.
Indigenas vulnerable
Entre los pueblos indígenas, persiste la vulnerabilidad cuando se trata de defender sus derechos humanos, ya que los pueblos originarios son constantes víctimas de abusos y no hay suelo parejo cuando de ellos se trata.
Azalea Hernández Rodríguez, responsable de comunicación social del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), señaló que de las denuncias que reciben, más del 80 por ciento son de pueblos originarios, quienes enfrentar muchos conflictos cuando caen en manos de la justicia.
“La existencia de sistemas normativos indígenas causa muchos conflictos, ya que dentro de estos grupos aplican su propia justicia, y cuando buscan las vías legales, los procesos son lentos, burocráticos y llenos de discriminación, algo que es palpable en quienes se encuentran en situación carcelaria”.
La activista señaló como ejemplo, que en el Cereso 5, que se ubica en San Cristóbal, el 90 por ciento de la población son indígenas de pueblos originarios, que son víctimas de la discriminación y exclusión, no se respetan sus derechos, hacen falta traductores y grupos que los apoyen en cuanto a la normatividad y los sistemas de exclusión.
Esto se refleja, por ejemplo, en poblaciones como Aldama, con 2 mil desplazados, o Chalchihuitán, donde suman mil 236, víctimas del desplazamiento forzado masivo donde se agudiza la situación, debido a la falta de acceso a servicios médicos, despojo territorial, las mujeres con altos índices de mortandad infantil y materna.
En total, se cuentan más de 5 mil desplazados en la zona Altos, porque son grupos intermitentes, pero pueden haber más en Aldama Chenalhó, por ejemplo, todos con las mismas problemáticas y demandas sociales.
El caso de Diego
Diego López Méndez es víctima de tortura, pertenece al pueblo tseltal y se encuentra en prisión desde hace seis años, ocho meses. Su historia es representativa en una entidad donde la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, es una sistemática violación a derechos humanos que vulnera a pueblos originarios.
El día de hoy, Diego se presentará en audiencia que posibilitará al Juez Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, César Rodríguez Robles, dictaminar su sentencia, pues lo detuvieron de manera arbitraria, lo torturaron y posteriormente le fabricaron el delito de homicidio.
La persona que lo inculpó también denunció tortura para implicar a otros; actualmente en espera de sentencia, enfrenta un proceso lleno de irregularidades jurídicas, entre ellas la violación del derecho de presunción de inocencia, no contar con interprete en su lengua y otras faltas al debido proceso.
Diego López Méndez, de 26 años, nació en Barrio Chixtetic, municipio de San Juan Cancuc, en Los Altos de Chiapas. De origen campesino, desde joven migró en busca de sustento porque la escasa tierra ya no alcanzaba.
Al ser privado arbitrariamente de su libertad, su familia quedó en desamparo, en vulnerabilidad de sus derechos básicos de alimentación, salud, seguridad, entre otros y sin posibilidad de verlo cotidianamente. Además, al ser parte de una comunidad indígena les violentan derechos colectivos propios de su pertenencia cultural.
La historia de Diego ejemplifica la discriminación y exclusión, por parte del sistema de justicia en Chiapas, carente de una perspectiva cultural que no toma en cuenta el contexto y las particularidades de una población sistemáticamente vulnerable. A lo anterior se suma la indefensión igualmente sistémica de quien no cuenta con recursos económicos para defender lo que por derecho le corresponde y que las instancias del Estado encargadas de ello son inoperantes.
Durante el 2018, este Centro de Derechos Humanos, recibió 13 denuncias de casos de tortura a integrantes de pueblos originarios: seis tseltales, seis tsotsiles y un chol, quienes se encuentran en prisión.
En el Informe sobre la situación de los Pueblos Indígenas en México, la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz reiteró que: "Para los indígenas, varios factores limitan el acceso al sistema judicial nacional para defender sus derechos. Se presentan barreras económicas, culturales, lingüísticas, geográficas y de racismo y discriminación."
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Diego López Méndez forma parte de la organización Solidarios de la Voz del Amate, colectivo de personas integrantes de pueblos originarios, injustamente encarceladas quienes luchan por su libertad y denuncian las inhumanas condiciones de la prisión.
