Simulación de Alerta de Violencia de Género conlleva más violencia
Tuxtla.- Las organizaciones que han dado seguimiento puntual a las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AGV) en Chiapas, exigieron el cese de su engañosa aplicación.
“Consideramos que las limitadas acciones emprendidas e informadas por el gobierno, a más de un año de su aplicación, lejos de detener la violencia, han resultado ser una simulación y una burla para las mujeres violentadas y asesinadas”.
Asimismo, denunciaron que las autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir el derecho que tenemos las mujeres a la seguridad de nuestras vidas, es decir a vivir una vida sin violencia, han generado impunidad y han mostrado indiferencia, negligencia, desconocimiento y hasta complicidad con los perpetradores.
“Ese carácter estructural de la violencia, abonado con la pobreza extrema y la desestructuración de la vida campesina que la modernidad neoliberal impuso oficialmente en Chiapas desde de los 80s, ha propiciado la idea de que las mujeres somos objetos no sólo de explotación y uso sexual del poder masculino, sino que, violando todos nuestros derechos, nos han convertido en objetos desechables a través de múltiples formas de violencia feminicida y victimización”.
Entre ellas, mencionaron a los feminicidios, que van aumentando y formando modelos de agresión, como sucede en bares, cantinas y antros en donde se prostituye, emborracha, droga, viola tumultuariamente, asesina y después arrojan al descampado o a la vía pública los cuerpos de niñas indígenas, como ha sucedido en 4 de los últimos casos de los que tenemos documentados.
“Lo anterior es ejemplo de que las autoridades no toman su responsabilidad en la política pública de seguridad para las mujeres, impidiéndonos el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos”, señalaron.
En cuanto a las medidas de seguridad, dijeron que los discursos oficiales de la AVG vulgarizaron el género en vez de promover relaciones de igualdad, y la prevención se redujo a capacitaciones masivas y discursivas, sin promover en la práctica la transformación de las relaciones de género ni el carácter patriarcal de las instituciones.
La actuación del aparato de procuración y administración de justicia en relación con las mujeres en Chiapas no ha cumplido las medidas indicadas por el Gobierno, ni con lo que solicitaron con urgencia.
“Si bien las acciones realizadas se centraron en los 84 casos de violencia que sustentaron nuestra petición, no se diseñaron políticas para prevenir los feminicidios, ni criterios que coadyuven a la identificación del perfil del perpetrador ni los móviles y escenarios en el que ocurren los crímenes contra mujeres”.
Por lo tanto, la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres que tiene asignada constitucionalmente, no debe reducirse a medidas emergentes y superficiales, como la AVG, sino requiere de una política pública nacional que ataque los problemas de violencia de género de manera estructural. “Esta es nuestra exigencia”, puntualizaron.
