Militarización no resuelve crisis humanitaria por desplazamiento forzado
- ALEJANDRA OROZCO
- 26 mar 2019
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Tuxtla.- El Centro de Derechos Humanos Frayba, señaló a través de un comunicado que la militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas, pues la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de esa humanidad.
Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.
“En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía, un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.
Dijeron que la violencia escala en la región Altos de Chiapas porque los grupos civiles armados tienen omisión e incluso protección por parte de instancias policiacas y militares encargadas de brindar seguridad a la población. Opciones militarizadas no sólo no resuelven los conflictos sino los intensifican, ejemplo de ello son las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) situadas en la región.
“La aceptación de la presencia militar por representantes comunitarios, se explica desde la coacción y manipulación de los programas sociales y desde el hostigamiento a quienes manifiestan oposición, la estrategia mediática pro militares realizando tareas de asistencia y pacificación no coincide con los objetivos reales de control de territorios y vigilancia a quienes defienden sus derechos humanos”.
La población más vulnerable en medio de la crisis humanitaria por conflictos administrados por el Estado mexicano, son las mujeres con sus hijos e hijas: en desplazamiento forzado, sin atención médica, sin acceso a la escuela, sin alimentación adecuada, bajo la amenaza de disparos cuando transitan por los senderos o incluso en su casa.
Los ataques sistemáticos a nueve comunidades de Chalchihuitán, desde octubre de 2017; y a 13 comunidades de Aldama desde marzo de 2016, develan capacidad en el uso de armas de alto poder activadas a larga distancia, de manera intermitentes con extensas duraciones.
“La población de comunidades que han sido desplazadas en Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán, se encuentra en terror constante ante el miedo del accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó”, dijeron.
Por ello, a más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados en comunidades de Aldama y Chalchihuitán, por lo cual urgen al Estado mexicano que se investigue a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó a fin de lograr su identificación, desarme y desarticulación.
Además, que se investigue la acción y omisión de los funcionarios que han sido cómplices y han propiciado la violencia generalizada en la región; se garantice la integridad y seguridad personal y la vida de la población en la región, con especial atención a las víctimas del desplazamiento forzado, de acuerdo a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.
Finalmente, pidieron el cese de la militarización de territorios en Chiapas, especialmente las regiones con población víctimas de desplazamiento forzado en Los Altos, y un alto a la criminalización, hostigamientos y judicialización a representantes de familias desplazadas.
