Urgente postura firme contra relleno sanitario por daños a tuxtlecos
- AGENCIAS
- 3 may 2019
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Tuxtla.- Tras darse a conocer las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió al Gobierno de México para garantizar la salud de los habitantes del Ejido Emiliano Zapata en Tuxtla Gutiérrez, la Comisión de Ecología y Cambio Climático del Congreso del Estado, se sumó al llamado para que los tres niveles de gobierno tomen una postura firme contra el daño que el relleno sanitario hace a los habitantes de Tuxtla Gutiérrez.
El presidente de la comisión perteneciente a la LXVII legislatura, Juan Salvador Camacho Velasco, secundó lo dicho por la máxima autoridad en materia de Derechos Humanos (DDHH), pues es necesario garantizar la vida de los habitantes del ejido tras señalar muertes y enfermedades relacionadas con la contaminación en el agua.
“Estamos ante un tema grave y que urge una resolución y una postura firme de parte del gobierno del estado, de parte de la secretaría de medio ambiente tanto estatal y federal para que el Estado garantice la salud de estos pobladores y que se analice bien en qué grado de contaminación está el agua y el aire y también que se garantice salud a las personas que pudieran estar enfermas por dicha contaminación”, detalló.
Camacho Velasco dijo que, desde su labor como integrante del poder legislativo, seguirá de cerca este caso pues es necesario que las autoridades garanticen la salud de los chiapanecos y se deslinden responsabilidades.
Fue el pasado 24 de abril cuando la CIDH emitió la medida cautelar número 1498-18 a favor de los habitantes del Ejido Emiliano Zapata en la capital chiapaneca los cuales se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, señaló el documento.
En el texto se marca la relación que puede existir entre casos de enfermedades por “supuesta contaminación ambiental”, sin que se mencione el nombre de la empresa Proactiva-Veolia, la cual ha sido denunciada y rectificada por las autoridades ambientales en Chiapas por el mal manejo de los residuos en el relleno sanitario.
Ahora deberá el Estado mexicano garantizar la salud de los habitantes del ejido, pero también, analizar si existe relación de las enfermedades con la contaminación y garantizar el derecho a una calidad de vida que tienen los tuxtlecos.
