Activistas protestan en Cales y Morteros del Grijalva, acusan ecocidio permitido
Tuxtla.- Este lunes, integrantes del movimiento “Salvemos al Cañón” señalaron las violaciones a derechos humanos que la empresa “Cales y Morteros del Grijalva” está cometiendo, sin embargo, no es la primera vez que alzan la voz por esta problemática.
Desde hace 17 años, han denunciado la contaminación provocada por esta empresa, a la cual le han levantado 20 procedimientos administrativos en contra, un trabajo que se ha quedado a medias y no resuelve el problema, pues los multan, sancionan y luego vuelven a dar la licencia de funcionamiento.
Habitantes de Rivera Cahuaré señalaron que cuentan con elementos suficientes para probar la existencia de violación al derecho a un medio ambiente sano, pues son los más afectados por esta empresa que emite polvo y gases de combustión provenientes del combustóleo, contaminantes precursores del efecto invernadero.
De esta manera, contribuyen al cambio climático, siendo los niños y personas mayores los más vulnerables, tan solo entre los habitantes se cuentan 20 niños ya con diagnóstico, 18 sin él, sie7e adultos mayores diagnosticados y 38 sin este diagnóstico médico.
Claribel Pérez Anaya, una de las madres de niños que habitan esta zona, señaló que su hija padece rinitis alérgica, condición que empeora con todas las sustancias emitidas por la calera, incluso, señaló, la Secretaría de Salud ya ha acudido a realizar estudios a los habitantes.
“Por ejemplo, el coque es un combustible que usan para cocer la piedra caliza, no es combustóleo sino un residuo tóxico, un sólido poroso que resulta del petróleo y metales pesados como vanadio y níquel, esto es causa de dermatitis, sinusitis, alergia o carcinoma pulmonar”, dijo.
Los habitantes de esta zona llevan 17 años gestionando ante Profepa y Semarnat la suspensión de estas actividades, que no son compatibles con la zona en que se encuentra, dentro del polígono del Cañón del Sumidero.
Ante esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó algunas irregularidades, como el otorgamiento de la licencia contra la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, también violenta la declaratoria del parque, todo esto ha sido omitido por Semarnat al concederles la licencia en 1999, 2009 y 2016, una actuación que va en contra del área catalogada como parque nacional.
“Lo que pedimos es que revoquen la licencia de funcionamiento, a 39 años de emitida la declaratoria no cuenta con un programa de manejo por problemas en la poligonal y transformación o peédida de ecosistema en algunas zonas, urge un nuevo decreto que da certeza jurídica al área natural protegida y las 91 colonias asentadas en ella, dejando fuera los asentamientos irregulares”.
Además, solicitan un diagnóstico toxicológico de daños a la salud de habitantes de la rivera y sus alrededores, que puedan tener su origen en esta empresa, acompañado de un programa de actividades para atender a la población afectada según esta recomendación.
El próximo 23 y 24 de mayo, en un foro internacional, la CNDH presentará esta recomendación ante visitantes nacionales e internacionales, para que se tome en cuenta y se actúe para frenar el daño irreparable que la empresa causa a la población.
