En Chiapas, casi 50% de mujeres casadas son menores de edad
Tuxtla.- Ya entró en vigor la reforma al artículo 148 del Código Civil Federal, que prohíbe el matrimonio infantil y adolescente, estableciendo los 18 años como edad mínima para este contrato civil sin excepciones, algo necesario sobre todo en Chiapas debido a la alta tasa de matrimonios infantiles que se registra.
Miguel Buenrostro, docente e investigador, explicó que el decreto de la reforma ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado cuatro de junio, la cual estará acorde a otra legislación en la materia, como la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y los múltiples tratados internacionales que México ya ha firmado y ratificado pero que aún no se habían convertido en ley.
El analista develó que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), casi el 50 por ciento de las mujeres que contraen nupcias antes de los 18 años sufren violencia física, alrededor del 70 por ciento padece violencia sexual y el 16 por ciento violencias económicas.
Del 2012 al 2017, el 8.7 por ciento de los hombres y el 20.1 por ciento de las mujeres que contrajeron matrimonio en México tenían entre 15 y 19 años de edad; para 2015 se encontraban casados formalmente 75 mil 443 adolescentes de entre 12 y 17 años, y más de 300 mil vivían en unión libre. En ambos casos, el 80 por ciento de las uniones correspondía a niñas o mujeres adolescentes.
El Estado de México es de los lugares en donde se registra el mayor número de uniones entre menores de edad, además de las zonas rurales de los estados de Oaxaca y Chiapas; resaltó que, en estos últimos, existen peticiones para contraer matrimonio entre menores de 15 o 17 años.
El especialista determinó que, entre las consecuencias de casarse antes de los 18 años se encuentran no poder concluir sus estudios y dedicarse a labores del hogar prematuramente.
Además, existe el riesgo de posible violencia intrafamiliar o hacia la mujer, riesgos de embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, morbilidad (física, psicológica y/o social) y mortalidades maternas y la de sus hijos, así como la discriminación social.
El docente e investigador destacó que la entrada en vigor de estas reformas ayudará a impulsar un cambio cultural para erradicar las uniones forzadas, protegiendo los derechos antes vulnerados por esta práctica nociva y priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
