Registran 13 casos de tortura en registro de atención
Tuxtla.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó tortura y otros tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, además de otras violaciones a derechos humanos, en cinco casos de presos integrantes del pueblo tsostil, en reclusión en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 05, en San Cristóbal de Las Casas y No. 10, en Comitán de Domínguez.
Adrián Gómez Jiménez, Juan de La Cruz Ruiz, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, en el CERSS No. 05; y Marcelino Ruiz Gómez, en el CERSS No. 10 se encuentran en ayuno como parte de las acciones civiles y pacíficas de protesta que iniciaron el 15 de marzo de 2019, en demanda de su libertad inmediata.
Durante más de 4 meses han denunciado públicamente la tortura durante su detención, violaciones al debido proceso en la investigación, tratos crueles en sus condiciones carcelarias, violaciones a su derecho a la protesta, así como riesgo a su salud y vida.
Estas cinco historias forman parte de 20 denuncias públicas de tortura, de las cuales 13 casos se encuentran en registro de atención, en la Fiscalía Contra la Tortura, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, desde el 1 de abril de 2019.
De acuerdo a la documentación, que incluyó revisión de los expedientes penales de Adrián, Juan, Abraham, Germán y Marcelino, el Frayba registró la tortura como método de investigación con el objetivo de autoinculpación que viola derechos humanos a integrantes de pueblos originarios, en un sistema penitenciario discriminatorio.
Algunos de las patrones de tortura que este Centro de Derechos Humanos encontró son: privación sensorial, desnudez, golpes en diferentes partes del cuerpo, asfixia, toques eléctricos y amenazas de muerte hacia ellos y sus familiares.
Los cinco presos expresaron en diferentes momentos de su proceso jurídico que fueron torturados, en uno de los casos desde hace 15 años, sin que se iniciara una investigación inmediata de los hechos.
Los responsables de estas violaciones a derechos humanos son los agentes aprehensores, en su mayoría elementos policiacos de diversas corporaciones estatales, así como Fiscales del Ministerio Público, peritos especializados y jueces que fueron omisos ante la denuncia.
La ineficacia en la procuración de justicia mantiene en la impunidad el delito de Tortura en los casos de Adrián, Juan, Abraham, Germán y Marcelino, quienes además viven en entornos torturantes en encierro, lo cual contraviene la Ley general para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Ahí, se establece que “Serán excluidas o declaradas nulas, por carecer de valor probatorio, todas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos”.
Por lo anterior, el Frayba exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas dictaminar la libertad de Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo y German López Montejo, víctimas de tortura y otras violaciones a derechos humanos entre ellas la Privación Arbitraria de la Libertad, a las garantías judiciales y a la protección judicial; además de faltas al debido proceso legal como a la debida diligencia, a la presunción de inocencia, a la fundamentación y motivación.
A la Secretaría General de Gobierno de Chiapas, piden liberar a Juan de La Cruz Ruiz y Marcelino Ruiz Gómez, por las violaciones a derechos humanos que se encontraron en la revisión de sus expedientes, especialmente la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes.
A la Fiscalía Contra la Tortura, solicitan investigar eficazmente los 13 casos que se encuentran en registro de atención desde el 1 de abril de 2019, recordando al Estado mexicano que urge garantizar las medidas necesarias para cesar la Tortura como una práctica sistemática cotidiana que en Chiapas vulnera especialmente a integrantes de Pueblos Originarios.
