Aborto legal en Chiapas, lejos de ser una realidad
Tuxtla.- El tema de la despenalización del aborto ha estado en la mira desde hace muchos años, tanto a nivel internacional como local, pues muchas muertes maternas se deben a abortos mal practicados, que se hacen de manera clandestina por ser una práctica penada en casi todo el país.
La Ciudad de México lo despenalizó en el año 2007 hasta las 12 semanas de gestación, solo ha sido imitada por Oaxaca, apenas el pasado jueves, en el resto del país está penado salvo algunas causales que varían por estado, pero en su mayoría se sigue persiguiendo y encarcelando a mujeres por abortar.
El tema es sumamente controversial: están quienes defienden el derecho a la vida de todo ser humano desde su concepción, y por otro lado los que defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, mientras los legisladores prefieren dejarlo en el debate y hay pocas iniciativas para cambiar el marco legal.
Marea Verde en Chiapas
A raíz de un movimiento surgido en Argentina para protestar a favor de este derecho, el verde se ha convertido en el estandarte de esta lucha, presente en pañuelos y pancartas, sobre todo cada día 28, en especial en septiembre, que se conmemora el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro.
En Chiapas, el movimiento es representado por la Campaña Estatal por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, integrada por compañeras que no se cansan de expresar al Congreso local la necesidad de legislar a favor de la no criminalización de las mujeres por decidir sobre sus propios cuerpos.
“Nos parece que la legislación vigente está redactada sin sustento científico y desde el privilegio y la soberbia masculinas que desconocen los pormenores de los procesos de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad”, señalaron este sábado, tras manifestarse en la Diana Cazadora al igual que hubo movilizaciones en el resto del país.
Consideraron que en un estado totalmente deficiente en educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos, en donde se liberan feminicidas, se esteriliza a las mujeres sin su permiso y también se les criminaliza por abortos espontáneos, obligar a las mujeres a llevar a término un proceso que no desean es una medida fascista que vulnera nuestra libertad, autonomía y dignidad.
“Reprobamos la participación de la Iglesia en la vida pública y la legislación y nos manifestamos rotundamente a favor de que sean las organizaciones que luchan y defienden los derechos humanos y que trabajan para reducir la violencia y el abuso sexual infantil y hacia las mujeres, quienes reciban apoyo del Estado para incidir en la vida pública, las leyes y la educación”.
Este movimiento no solo busca la descriminalización del aborto, sino también un fin definitivo a la violencia obstétrica y la esterilización forzada; que se garantice el acceso a todas las personas a la educación sexual integral desde la educación primaria.
En Chiapas, actualmente el aborto solo es legal bajo tres causales: violación, que el producto presente malformaciones, o que esté en riesgo la vida de la madre, excluyendo la causal socioeconómica por ejemplo, en este sentido ya hay iniciativas por parte de estas mismas organizaciones, que continúan junto a muchas otras y parecen no tener una respuesta pronto.
La postura pro vida
Por otro lado, los grupos pro vida se oponen al aborto, por ejemplo a la implementación de la norma 046, que con respecto al embarazo por violación, permitiría la práctica del aborto sin ningún límite en el tiempo de la gestación, así como nulificar inexactamente la patria potestad, para que niñas entre 12 y 17 años que han sido violadas pueden abortar sin el conocimiento y/o consentimiento de sus padres.
“Bajo ninguna circunstancia promovemos que encierren a las mujeres por el delito del aborto, queremos que ellas nunca tengan que llegar a recurrir a ello. Que estén informadas y formadas sobre cómo es el proceso de un aborto y sus consecuencias”, puntualizó Consuelo Ayala, presidenta del Movimiento Provida sección Chiapas.
Además, definió que dicha norma, tiende a promover la impunidad en favor de los agresores, poniendo en continuo peligro a la víctima, ya que busca eliminar el requisito de la presentación previa de una denuncia, esto facilita que los agresores sexuales obliguen a las víctimas a practicarse un aborto y por tanto evadan las consecuencias de sus actos.
Maciel Alfaro, representante del Movimiento Provida sección Chiapas, puntualizó que solicitan “a los legisladores dejar de dañar más el tejido social, dejar de atentar contra la familia y violentar el derecho fundamental de la infancia a tener una vinculación estable con su padre y con su madre; y que no adoctrinen a nuestros hijos con falsas ideologías que confunden su sexualidad”.
¿Despenalizar o legalizar?
Prácticamente, van de la mano. El despenalizar el aborto significa que ninguna mujer puede ir a la cárcel por interrumpir su embarazo, mientras que la legalización implica que el Estado cree las condiciones para que puedan hacerlo de manera segura, legal y gratuita en las instituciones públicas de salud.
En Oaxaca, por ejemplo, el Congreso aprobó la reforma a los artículos 312, 313, 315 del Código Penal local, eliminando las sanciones que establecían cárcel y multas para parteras o médicos que realizaran esta práctica médica, mientras que en el caso de las mujeres, se adoptan medidas para que cuando lo soliciten, el Estado procure las condiciones para la interrupción del embarazo.
Esta reforma al Código Penal contempla seis meses de prisión, así como 300 días de trabajo comunitario a quien interrumpa el embarazo después de las 12 semanas de gestación, y hasta seis años de cárcel a quien obligue a abortar a una mujer contra su voluntad.
Es un largo camino, y sigue habiendo mucha confusión al respecto. Tener aborto legal no significa que todas las mujeres vayan a abortar, es una experiencia que nadie querría vivir, pero garantiza que quienes tomen la decisión de hacerlo, no mueran en alguna clínica clandestina o vayan a prisión por tomar una decisión sobre su vida y su cuerpo.
