Peligra la vida de defensores y defensoras de la Madre Tierra
Tuxtla.- De acuerdo con la organización internacional Front Line Defenders (FLD), en su Informe Global 2019 posicionó a nuestro país en el cuarto lugar de asesinatos a quienes defienden derechos humanos, con un total de 19 defensores y cinco defensoras, el 47% pertenecían a resistencias ambientales, en su mayoría con identidad como pueblos originarios. Un aumento respecto a que Global Witness nos ubicó en el sexto lugar más peligroso para defensores ambientales en 2018, con 14 asesinatos.
En un documento enviado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se advierte que la exclusión y discriminación hacia los pueblos originarios es una política del Estado mexicano que persiste en prácticas de violaciones a derechos humanos como: asesinatos de cuidadoras y cuidadores del territorio, masacres, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y la sistemática tortura, entre otras. Hechos que se vinculan también al despojo y la explotación, así como a la represión especialmente a quienes se organizan desde la autonomía.
A un año del asesinato del defensor y comunicador Samir Flores Soberanes, en Amilcingo, Morelos, se incrementó el riesgo a la vida, seguridad e integridad de las defensoras y defensores del territorio, en México, se evidenció.
También se intensificó la criminalización en contra de comunidades de pueblos originarios opositoras a proyectos de gobierno, en específico a quienes conforman el Congreso Nacional Indígena.
“La cultura y la vida de los pueblos son amenazadas por la imposición de modelos de ‘desarrollo’. que confrontan las formas de vida comunitarias. Actualmente desde las instancias de gobierno se simula el respeto a los derechos colectivos, sin embargo testimonios evidencian el mismo método de control para ajustar que los sistemas tradicionales avalen decisiones tomadas previamente”, se documentó.
Pedro Uc, representante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal recibió amenazas de muerte, publicadas el 16 de diciembre de 2019, en el contexto de la amañada consulta sobre el Tren Maya. Desde el 8 de agosto de 2019, la Asamblea Maya denunció otras amenazas a consecuencia de su rechazo a los megaproyectos en la región de la Península.
En Chiapas, las resistencias mayas y zoques organizadas desde la autonomía develan que proyectos y programas de gobierno tienen como objetivo fortalecer la apropiación de territorios para promover intereses económicos de los grupos en el poder, ya sea locales, estatales o nacionales.
Un ejemplo, refirió, es el programa Sembrando Vida, cuya promesa de apoyo monetario fecunda los conflictos sociales de disputa por la tierra, provoca devastación ambiental y contribuye a intensificar la violencia hacia las mujeres, tal y como lo expresó el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio en noviembre del año pasado.
La reactivación del proyecto de carretera San Cristóbal-Palenque, actualmente ampliada a Pijijiapan, es otra muestra de la violación a los derechos colectivos a la libre autodeterminación, la autonomía y al territorio de los pueblos originarios, en el Sureste mexicano, resaltó el “Frayba”, mismo que agregó que desde los gobiernos federal y estatal se concibe a la Madre Tierra como un bien al uso y servicio, por encima de la cosmovisión de cuidado de la Casa Común.
“Son los pueblos originarios que caminan la autonomía quienes protegen el legado de vida, quienes desde acciones cotidianas y comunitarias resguardan los sitios sagrados como son los manantiales, las montañas, los bosques, la flora y la fauna. Por eso les criminalizan y asesinan pero insisten en tejer resistencias.
Por ello, exigió al Estado mexicano respetar los derechos a la autonomía, la libre autodeterminación y al territorio de comunidades de Pueblos Originarios que integran el Congreso Nacional Indígena; y cesar la criminalización, amenazas, hostigamiento y agresiones a las cuidadoras y cuidadores de la Madre Tierra.
