Advierten sobre intimidación a pobladores que luchan contra minera

Tuxtla.- Defensores y defensoras ambientales de Acacoyagua evidenciaron que la empresa minera “El Puntal S.A. de C.V.” los trata de intimidar, con el respaldo del gobierno estatal, para que dejen de luchar contra los proyectos extractivos.

En un documento, refirieron que el gobierno de Chiapas, a través de la Delegación de Mapastepec, representada por Concepción Zavala López, convocó a una reunión de trabajo al Frente Popular en Defensa del Soconusco al que pertenecen para “dirimir conflictos sociales” sin que las comunidades afectadas por la extracción minera lo hayan solicitado.

La reunión se llevó a cabo, se dijo, con el empresario Víctor Espinoza con el objetivo de advertir a los y las integrantes del Frente Popular que el gobierno aplicará el “estado de derecho” para que la empresa de extracción de titanio reinicie sus obras.

En presencia de la Fiscalía de Chiapas y la Procuraduría Agraria, el empresario señaló a 12 integrantes del FPDS como los “líderes” de la organización y advirtió aplicar denuncias penales en su contra.

Por ello, los afectados expresaron su preocupación ante el evidente respaldo que el gobierno de Chiapas le da a esa compañía para sus operaciones, lo que pone en riesgo la integridad física y psicológica de los y las integrantes del FPDS y de los y las habitantes de Acacoyagua.

“Es grave que el Gobierno de Chiapas y la Fiscalía adviertan ‘el Estado de derecho’ al servicio de una empresa y de intereses privados. Por el contrario, el Estado de derecho, en su relación intrínseca con los derechos humanos, debe estar al servicio de proteger a las personas y los pueblos, así como nuestros ecosistemas, y no para promover los intereses económicos y proyectos mineros”, dijeron.

Del 2016 al 2018, los y las integrantes del FPDS fueron víctimas de una estrategia de criminalización y judicialización, coordinada por el gobierno de Chiapas y la empresa “El Puntal S.A. de C.V.”, misma que fue documentada por diversas organizaciones de la sociedad civil en Chiapas y por la organización de observación internacional SweFOR.

En ese momento, el FPDS acudió de manera pacífica a tres mesas de trabajo en donde se solicitaron a distintas dependencias hacer los estudios de calidad de agua y de salud correspondientes para la documentación de daños a la salud y al medio ambiente.

Ninguna solicitud fue atendida, sino todo lo contrario, en este periodo se documentaron amenazas directas hacia los y las integrantes del FPDS, pago a ejidatarios y coordinación de acciones de confrontación por parte del integrante de la empresa: Julio Alfaro, pago a periódicos locales para que difundieran notas que deslegitimaban a integrantes del FPDS, la presencia de un convoy militar que llamó el municipio de Chiapas para vigilar una reunión convocada por el FPDS, entre otras.

En esos años y hasta hoy, el gobierno de Chiapas juega un rol de apoyo a la empresa. Desde entonces, las organizaciones “advertimos que el proyecto solo contaba con el permiso de exploración, pero que la gente denunciaba el paso de transportistas con mucho material y una serie de inconsistencias en los contratos con los ejidos”, evidenciaron.

Además que su apoyo a la empresa contravenía la obligación del estado de proteger los derechos humanos antes que los intereses privados. Hacer uso del “Estado de derecho” sería revisar todas las inconsistencias e irregularidades que presenta el proyecto, no para criminalizar a las y los defensores ambientales de Acacoyagua.

Como Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”, dejaron en claro que “somos una organización integrada por representantes de comunidad: jueces, ejidatarios y comuneros, así como madres de familia y jóvenes. Nuestra labor desde el 2015 ha sido la de informar y hacer denuncia de las consecuencias ambientales y sociales por la actividad minera. Nuestras acciones son pacíficas, sin ningun fin más que el de proteger el medio ambiente y el patrimonio de las futuras generaciones”.

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