Pese a la pandemia, empresas no deben obviar aviso de privacidad
Tuxtla.- A pesar de que se vive en tiempos de la pandemia coronavirus, las empresas chiapanecas no deben desestimar el contar con un aviso de privacidad elaborado por conocedores certificados en la materia, pues es una forma de proteger los datos personales, en este caso, de miles de clientes, manifestó el especialista Eliseo Marín.
En 2010, recordó, entró en vigor en México la Ley federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), cuyo objetivo, en su artículo primero, deja en claro que esto se refiere al nombre, teléfono, domicilio, RFC, estado de salud, tipo de sangre, fecha de nacimiento, edad, peso, estatura, sexo, religión, número de cuenta, huella, firma, foto, imágenes de vigilancia y todo aquello que nos haga identificables.
Es decir, aclaró que esa información debe de ser protegida y tratada por las empresas y/o particulares sean personas físicas o morales sin importar su tamaño, actividad o giro del negocio.
Incluso, advirtió en entrevista que se necesitan establecer mecanismos, procedimientos y candados jurídicos administrativos a efecto de garantizar la privacidad y la autodeterminación informativa de las personas, mediante lo que se conoce como “aviso de privacidad”.
Este último, dijo, puede ser físico, electrónico o sonoro y es un documento informativo donde el ciudadano (cliente, empleado o proveedor) podrá conocer el uso y manejo de sus datos personales, así como poder ejercer sus derechos conocidos como ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición)
Dicho documento, explicó, deberá de estar en un lugar visible donde el titular de los datos pueda conocer y otorgar su consentimiento, de ser necesario, ya sea de manera expresa o tácita para el manejo o uso de sus datos personales y así evitar cometer una violación a la privacidad de las personas.
Si las empresas no cumplen con tener un aviso de privacidad o simulan tenerlo, Eliseo Marín advirtió que se corre el peligro de “pagarlo caro”, pues La LFPDPPP señala que en caso de no contar con uno o tenerlo incompleto y no tener el consentimiento del titular de los datos y demás, podría hacerse acreedor a una sanción que va desde más de 12 mil pesos, hasta más de 32 millones, o prisión hasta por 10 años dependiendo la gravedad y tamaño del negocio.
