Advierten ONG’s abusos de autoridades con Ley de Amnistía
- RUBÉN PÉREZ
- 22 abr 2020
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Tuxtla.- Organizaciones civiles denunciaron que las autoridades de Chiapas no se apegan a lo que contempla la recién aprobada Ley de Amnistía y, por el contrario, buscan “limpiar muchos errores” al acomodarla a su antojo, a pesar de que “pasen por encima” de los derechos de los reclusos y reclusas.
Aclararon que, en la actualidad, el gobierno federal y la mayoría de las administraciones estatales están en la fase de revisión del cambio de medida cautelar para que las personas privadas de su libertad que están procesadas o purgan sentencia por delitos no graves, puedan abandonar los centros penitenciarios para preservar en las mejores condiciones posibles su salud y su vida ante la pandemia derivada del covid-19.
Entre las agrupaciones sobresalen algunas defensoras de derechos humanos, Actuar Familiares contra la Tortura (AFT), Aliadas por la Justicia (AJ), la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza (AVNQVN), además de otras que advirtieron que todo esto equivale a una “acción ruin de la Fiscalía del Estado”.
Es decir, especificaron que esa autoridad le “propone” a las personas privadas de su libertad que acepten el procedimiento abreviado, es decir admitir los hechos delictivos que se le imputan, para que puedan salir libres.
Por ello, consideraron que la actuación de la FGE es una acción reprobable, además de violatoria de los derechos humanos de las personas encarceladas, “ya que están aprovechando la emergencia sanitaria para lucrar con la libertad, la salud y la vida de cientos de personas quienes, ante la disyuntiva de resguardarse en su hogar o enfrentar la pandemia en las deplorables condiciones que existen en los Centros de Readaptación Social del Estado, se ven en la extrema necesidad de aceptar las deshonrosas condiciones que les proponen las autoridades de la entidad”.
Ante este panorama, exigieron enérgicamente al gobernador constitucional y al fiscal general que dejen de lucrar con la libertad, la vida y la salud de la población reclusa y que se revisen los cambios de medidas cautelares respetando su dignidad humana y sus derechos al debido proceso y la defensa adecuada.
