HRW denuncia “trato inhumano” a reclusos en El Salvador
San Salvador.- La autorización del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para hacer uso de la fuerza letal contra las pandillas, así como el encierro de los reos en celdas hacinadas, insalubres y sin luz ignora estándares internacionales, denunció la organización civil Human Rights Watch (HRW).
De acuerdo con la organización, el discurso de “mano dura” por parte del gobierno salvadoreño pone en riesgo muchas más vidas tanto dentro como fuera de los centros de detención, a causa de la violencia que podría desatarse y por una posible propagación de coronavirus (COVID-19) entre la población carcelaria.
Bukele declaró el fin de semana estado de emergencia en todas las cárceles de El Salvador a causa de la fuerte ola de violencia que se vivió entre el 24 y 27 de abril del año en curso, cuando se registraron 77 homicidios, en la mayoría de los casos, se trató de ataques a civiles.
La presidencia informó sobre presuntos reportes de inteligencia, los cuales responsabilizaban a los líderes pandilleros detenidos en centros penitenciarios, quienes presuntamente llevaron la orden al exterior de cometer los asesinatos registrados.
Una vez decretada la “emergencia”, el director de Centros Penales, Osiris Luna, comenzó la imposición de medidas “contundentes y categóricas” como operativos al interior de los siete penales de seguridad y máxima seguridad. Además, se colocó a todos los grupos de pandillas al interior de la misma celda.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declaró que juntar a los miembros de pandillas distintas en una misma celda podría agravar el riesgo de motines y violencia en las cárceles de El Salvador, por lo que las estrictas medidas podrían resultar contraproducentes.
El riesgo no sólo es el incremento de la violencia, sino también la propagación de un brote de COVID-19 al interior de los centros penitenciarios, lo cual también podría saturar el sistema de salud del país, sacrificando los esfuerzos realizados en las últimas semanas.
Los antecedentes
Una medida similar había entrado en vigencia el 3 de marzo, cuando Bukele declaró la “emergencia máxima” en todos los centros penales luego del homicidio de dos soldados, presuntamente cometidos por pandilleros. No obstante, la medida fue levantada a causa de los protocolos contra la pandemia.
A finales de abril, volvió a implementarse esta medida en los centros penitenciarios, la cual, según dijo Osiris Luna, sería por tiempo indefinido. Sin embargo, HRW ha denunciado que esta indeterminación incumple el marco legal de El Salvador, ya que sólo está permitido mantener estado de emergencia en las cárceles por 15 días y, de ser necesario, se debe tramitar la prórroga.
“Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, las autoridades deben asegurarse de que los reclusos tengan acceso a luz y ventilación adecuadas, a medidas de higiene y a un espacio personal adecuado, así como la posibilidad de hacer actividad física al aire libre”, destacó la organización.
Además, destacó que, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona privada de libertad debe ser “tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, defendió HRW y exhortó a las autoridades de El Salvador a respetar la ley y las garantías de los reclusos.
A inicios de esta semana, Osiris Luna negó en una entrevista con la emisora colombiana WRadio la violación de derechos humanos en El Salvador y dijo que el gobierno está del lado de la población honrada.
“Ellos (las pandillas) están vulnerando los derechos de más de seis millones de salvadoreños”, comentó Luna durante la entrevista, donde calificó a estos grupos como terroristas.
Esta tarde, el presidente Nayib Bukele respondió en su cuenta oficial de Twitter a las críticas realizadas a la declaratoria de estado de emergencia y a las medidas impuestas en las cárceles, asegurando que existe una “campaña de victimización” a favor de las pandillas.
