Aplazan proceso contra alcalde de Tuxtla por violencia política

Tuxtla .- La consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, informó que la resolución por la queja contra el alcalde tuxtleco Carlos Morales Vázquez por violencia política en razón de género se ha postergado.

Este miércoles en sesión Extraordinaria virtual del Consejo General del IEPC, se discutiría la queja emitida contra el alcalde Carlos Morales Vázquez, por violencia política en razón de género; sin embargo, las y los integrantes del Consejo General, postergaron su discusión y análisis, para fundamentarse de acuerdo al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, luego de que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Chiapas, fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia, en fechas recientes.

La consejera precisó que: “Este instituto tuvo conocimiento de la notificación del Congreso del Estado a las 13 horas, surtidos sus efectos ese mismo día, el citado 14 de diciembre la invalidez de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Chiapas, como vuelvo a repetir cobra vida jurídica este consejo general debe resolver el asunto con base a la legislación vigente”.

El lunes, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del IEPC, acordó por unanimidad, que la queja tramitada contra Carlos Orsóe Morales Vázquez, presidente de Tuxtla Gutiérrez, se había acreditado plenamente por ejercer violencia política en razón de género contra la novena regidora del PRI, Adriana Guillén Hernández.

Tras el análisis de las pruebas presentadas por la regidora del Partido Revolucionario Institucional y la falta de elementos de defensa, las consejeras que integran la Comisión concluyeron que Morales Vázquez incurrió en violencia simbólica y psicológica al emitir un discurso injurioso y discriminatorio que afecta la integridad y la imagen pública de la regidora priísta.

En el segundo punto del acuerdo firmado por las tres consejeras María Magdalena Vila Domínguez, Blanca Estela Parra Chávez y Sofía Martínez de Castro León se declaró al edil tuxtleco administrativamente responsable por las infracciones previstas y se impone la sanción consistente en multa de 217 mil 200 pesos.

Como medida de reparación del daño, el alcalde debe ofrecer una disculpa pública, a favor de la denunciante Adriana Guillen Hernández, en dos medios de Comunicación impresos de mayor circulación en el Estado, y a través de los medios electrónicos a su alcance.

Al resultar responsable, se declara la pérdida de la presunción del modo honesto de vivir, requisito de elegibilidad para ocupar cargos públicos de elección popular, durante los siguientes tres años.