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Aumenta 50% población de mujeres en prisiones del estado

ALEJANDRA OROZCO

Tuxtla.- En los centros de reinserción social de Cintalapa, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, la población de mujeres ha incrementado en un 50 por ciento desde 2024 hasta ahora, con ello también ha aumentado la demanda de productos básicos, servicios de salud y otros derechos que alegan, les han sido negados con el cambio de funcionarios, señaló Jacivi Gómez, activista de la fundación Unidas por la Sangre.


Diversas organizaciones y asociaciones dieron a conocer que en estos tres penales hay una población de 365 mujeres, 210 en Cintalapa, que el año pasado reportó 160 reclusas, 88 en San Cristóbal, que el año pasado eran 50, y 87 en Tapachula, así como nueve niñas y seis niños en El Amate, Cintalapa, a quienes va dirigida una colecta que están organizando durante febrero y marzo.

“Estamos pidiendo artículos de higiene, principalmente las toallas sanitarias, jabón, papel, shampoo, desodorante, también vamos a requerir leche, pañales, alimentos para los bebés, cereales, pasta dental, cepillo dental, todo lo que sume a la higiene personal de estas mujeres que son básicos para el día a día”, señaló.

Esta colecta la realizan de manera trimestral para hacerles llegar lo recaudado a estas mujeres y sus hijos, sin embargo el aumento en esta población también agudiza la necesidad, por lo que invitó a la población a sumarse y donar lo que puedan para apoyarlas, también pueden donar ropa, la de colores claros se destina a las prisiones y la de colores no permitidos, se vende en un clóset solidario, cuyas ganancias van destinadas a la misma causa.

Y es que no son las únicas necesidades que atraviesan, las activistas señalaron que en estos penales no hay psicólogos ni médicos, hay mujeres con más de 10 años de recluidas que siguen siendo procesadas por el viejo sistema, archivando sus expedientes, además les han restringido la visita conyugal y de sus hijos, se quejan de mala higiene en la preparación de sus alimentos, les exigen comprar el uniforme, no les dejan ingresar material para hacer manualidades, porque les niegan el derecho a generar recursos, la imposición de reglas federales cuando son centros de reinserción estatal, y que no pueden profesar su religión, dicen que siempre es la misma situación cuando hay cambio de funcionarios, y que no por estar en prisión deben perder sus derechos.

Ednita Montoya, otra de las activistas, resaltó la necesidad de ver este problema con perspectiva de género, pues existe una diferencia numérica en la visita que reciben hombres y mujeres en los penales, además, señaló que el año pasado se recaudaron 12 mil artículos de apoyo, donados por la sociedad, que se llevaron a los penales de Cintalapa y San Cristóbal, ya que en Tapachula no se pudo por los cambios en las leyes penitenciarias.

“Estamos haciendo actividades para recaudar más materiales, tenemos los centros de acopio, carreras con causa, colaboraciones y rifas, dos clósets solidarios, esta es una causa sostenida por la sororidad, sin fines de lucro”, detalló.

Por su parte, la activista Marilaura Nuñez, señaló que este es un compromiso social más allá de la doble moral, pues las reclusas son juzgadas por la sociedad, cuando la reinserción debe ser un acto de justicia, en muchos casos una mujer puede delinquir por amor a sus hijos, por eso no es justo juzgarlas, cuando intentan salir de reinserción se les tacha de mala mujer, de mala madre, ya que la salud mental es un tema primordial, y necesitan la atención al interior de los Cerss.

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