CNDH emite recomendación tras hechos violentos en Oxchuc

Tuxtla.- Tras los hechos de violencia suscitados en el municipio de Oxchuc, en el estado de Chiapas, durante la celebración de elecciones para la conformación de su Ayuntamiento, y con el propósito de salvaguardar la seguridad, vida, libertad e integridad física de sus habitantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación y ampliación de medidas cautelares al gobierno del estado.

Este llamado también fue, a las titulares de la Secretaría General de Gobierno y de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, así como al fiscal general del estado y al comandante de la Guardia Nacional.

El miércoles 15 de diciembre, previo a que se llevara a cabo la Asamblea Única para la elección por usos y costumbres de autoridades municipales en Oxchuc, la CNDH emitió las medidas cautelares a diversas autoridades del estado, como respuesta a un escrito de queja emitido el 11 de noviembre por la Asociación Estatal de los Pueblos Indios A.C.

En el mismo solicitaron que las instituciones responsables de la elección valoraran los derechos de los ciudadanos que exigen su participación en el proceso del nombramiento de las nuevas autoridades para el próximo periodo.

Sin embargo, ante la violencia ocurrida, luego de registrarse enfrentamientos entre los pobladores del municipio, esta Comisión Nacional solicitó la ampliación de dichas medidas cautelares, sobre todo al considerar que esta situación podría agravarse en las próximas horas ante la incertidumbre de la elección.

Por tal motivo, la Comisión Nacional solicita al gobernador constitucional de Chiapas, a la secretaria general de Gobierno del Estado y al comandante de la Guardia Nacional que realicen todas las acciones pertinentes y eficaces que garanticen la vida, libertad, integridad física, patrimonio y seguridad individual y colectiva de la comunidad de Oxchuc.

En coordinación con las instituciones y dependencias de los tres niveles de gobierno, instalen de manera permanente módulos de vigilancia en la comunidad, con respeto irrestricto a los derechos humanos de los habitantes de dicho municipio, e informen puntualmente sobre el cumplimiento de estas medidas cautelares.

Estas medidas cautelares deberán implementarse por el plazo de treinta días, mismo que podrá prorrogarse en caso de ser necesario, previa valoración de los hechos.