¿Cuál es el objetivo de la reforma a la ley del Infonavit?

El objetivo de la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es erradicar la corrupción, asegurar que el uso de recursos de los trabajadores sea transparente y generar un esquema en la que también participen los desarrolladores privados, con el objetivo de garantizar la construcción de vivienda social. “Lo que el Gobierno federal está planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos. La reforma plantea que el Infonavit no sólo sea un fondo de ahorro que distribuya los recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que pueda construir vivienda de interés social y cumpla con su objetivo central: otorgar el derecho a la vivienda a las y los trabajadores. El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la reforma plantea equiparar la gobernabilidad de esta dependencia con la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), manteniendo el sello tripartito, que se compone del sector gobierno; sector trabajadores y sector empresarial. Por lo que la reforma contempla: Un sistema de vivienda con orientación social que se amplía en tres vertientes: 1) Crédito barato y suficiente para derechohabientes que ganan menos de dos salarios mínimos; 2) Desarrollo de vivienda, que permita al Infonavit comprar terrenos, recibirlos en donación y construir; 3) Arrendamiento social con opción a compra, para que las y los trabajadores puedan rentar sin que el pago exceda el 30 por ciento de su salario. Creación de la constructora del Infonavit: que realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan y que históricamente no han tenido acceso a vivienda barata y suficiente. La empresa constructora del Infonavit es indispensable ya que en los últimos 10 años se redujo notablemente la construcción de vivienda, particularmente la de interés social con un valor promedio de 550 mil pesos. La creación de la constructora del Infonavit, se podrá reducir el tiempo y los costos de producción de vivienda, mediante la compra consolidada de los principales materiales de construcción; se le dará prioridad a la mano de obra en los estados, lo que coadyuvará al crecimiento regional y por ende a la economía de todo el país; y las viviendas estarán ubicadas en los centros de desarrollo urbanos, es decir, contarán con todos los servicios: agua, electricidad, transporte, salud, educación.

Homologación de los órganos de gobierno: Al igual que sucede en el IMSS, se respeta el tripartismo paritario del Infonavit (ejecutivo federal, trabajadores y empresarios); el director general como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido por la Presidenta de la República; se eliminan las Direcciones Sectoriales de trabajadores y empresarios, que actualmente no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí prerrogativas y percepciones económicas por encima del sueldo de la Presidenta y finalmente se termina el esquema de pago por asistencia a las sesiones de Asamblea, Consejo, Comités y Comisiones, ya que los asistentes actualmente cobran entre 60 y 90 mil pesos por sesión. Con la reforma no solo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que permitirá, como hoy no sucede, la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Casos de corrupción detectados Romero Oropeza expuso que la reforma a la Ley del Infonavit tiene modificaciones al marco normativo de la dependencia para evitar corrupción como el caso de Telra Realty, empresa que en 2014 fue contratada por un monto de 100 millones de pesos (mdp) para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar en donde residían; sin embargo, la compañía no entregó el servicio contratado en el tiempo establecido y contrario a ello, el Consejo de Administración no sólo no los penalizó sino que autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5 mil mdp. En este caso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió a través de información otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que hubo triangulación de recursos entre las empresas contratadas por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario de esta dependencia que fungía como asesor del director general en 2018, antes del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, el sector empresarial y de trabajadores instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit interponer un amparo contra el informe de resultados de la ASF con el voto en contra del sector gobierno y de la Dirección General. A la fecha no se han atendido las recomendaciones de la ASF con el argumento de que el órgano fiscalizador no tiene competencia sobre lo que llaman “los recursos privados”.