Derechos políticos de pueblos indígenas tienen que ser protegidos

Tuxtla.- Para Oswaldo Chacón Rojas, presidente consejero del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) es importante que, ante este arranque del proceso electoral, se busque una adecuada ruta jurídica para proteger los derechos de representación política indígena.

Aclaró que eso es urgente luego de que se invalidara la Ley de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En dicha ley que quedó nula, rememoró, se contemplaba una ampliación de distritos electorales, a fin de que existiera una mayor participación de los pueblos indígenas, propuesta era similar a lo que se hizo con los distritos electorales federales.

El argumento que dio la SCJN fue que no hubo una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas. “Su resolución establece que la consulta tiene que llevarse a cabo en el año posterior al proceso electoral, pero no habla de este 2021”, refirió.

Será una obligación, dijo, para todos los órganos estatales y federales garantizar los derechos políticos de los pueblos originarios de manera que no se cometan actos de simulación en contra de quienes aspiran a candidaturas y que provengan de alguna etnia indígena.

“Podemos decir que los derechos de representación política indígena son una realidad, están garantizados en la Constitución Política, y se han valido a partir de los lineamientos y acuerdos a las autoridades electorales”, resaltó.

Para garantizar esa parte, refirió que exploran opciones, además buscan el diálogo con los partidos políticos y especialistas en el tema, “pero sobre todo con los pueblos y comunidades indígenas”.

En la práctica son tres días establecidos dentro del calendario electoral para que los partidos políticos presenten sus registros de candidaturas, y en ese mismo periodo el Consejo General del IEPC se tendrá que pronunciar, “preguntando a quienes registren como candidatos en los distritos indígenas, si son originarios de ellos o no”, admitió.

Añadió que se deberá aprobar la ruta jurídica antes del inicio del proceso electoral, para que el avance no sea derrotado por la simulación, puesto que de acuerdo al Tribunal Electoral Federal no es suficiente la autodescripción indígena sino que es necesario exigir otros requisitos para validar que efectivamente lo sean.