Elecciones judiciales

A menos de 70 días de las votaciones se ha generado en la sociedad mexicana un sentimiento de desánimo y descontento en torno a las elecciones judiciales. Esta sensación se ha expresado a través de manifestaciones de rechazo, desinterés y apatía en relación con el conocimiento, el involucramiento y la participación en las múltiples actividades del proceso comicial. Al parecer se ha generado una tendencia negativa que ha provocado y ha propagado el tedio de la ciudadanía. Hasta el día de hoy, las elecciones judiciales no han logrado integrarse en la cotidianidad de las conversaciones realizadas en los centros de trabajos, las escuelas, los lugares de esparcimiento, los hogares y las redes sociales. Al parecer los comicios jurisdiccionales aún no son relevantes para las personas y las comunidades, ya que su importancia se subsume a la falta de comprensión de la labor de ministros, magistrados y jueces, así como a la realización de una elección que nadie solicitó. La reforma judicial se sustentó en una premisa discursiva que sostiene que la elección de ministros, magistrados y jueces era necesaria para erradicar la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial. Sin embargo, según la encuesta de la Fundación Konrad Adenauer, el 53 % de personas han manifestado que prefieren que la designación de personas juzgadoras se sustente en la aplicación de exámenes y la valoración de la trayectoria profesional. En consecuencia, es dable concluir que una mayoría de personas no está de acuerdo en la celebración de los comicios judiciales. También se debe considerar que el 55 % de las personas prefiere a un juez emanado de la carrera judicial, en lugar de un juzgador electo por el voto popular, cuando se encuentren involucrados personalmente en un proceso judicial. Lo anterior permite reafirmar que la ciudadanía se decanta a favor de que ministros, magistrados y jueces juzgadores sean designados mediante un sistema de carrera judicial que evalúa el conocimiento, la experiencia y el profesionalismo. Asimismo, el 52 % de las personas prefiere que un juez, designado con base en exámenes y trayectoria, sea el responsable de admitir, tramitar y resolver un caso judicial que involucre a un actor político. Una vez más, la mayoría de la ciudadanía tiene predilección del sistema de designación que valore los conocimientos y la experiencia. En contraste, las elecciones judiciales no cuentan con el respaldo popular para generar juzgadores que conozcan y deciden en torno a casos polémicos. El proceso de inscripción de candidaturas no constituyó una actividad de interés de la ciudadanía, debido a que no se generó un registro masivo de aspirantes en 15 de los 19 días del plazo. Por el contrario, existió una indiferencia social dado que, a cuatro días del cierre del periodo de matriculación, sólo se habían registrado casi 5 mil personas, lo que representaba el 31 %, pero se necesita que, al menos, 16 mil individuos se apuntaran para contener por un cargo judicial. Esta situación obligó al gobierno federal y MORENA a implementar una intensa y expedita campaña de difusión para incentivar la participación de la ciudadanía.

Para ello, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a la ciudadanía a inscribirse durante sus conferencias matutinas, miembros del gobierno federal utilizaron las redes sociales para impulsar el registro de aspirantes y el Comité de del Poder Legislativo habilitó un registro por vía correo electrónico. Finalmente, en un acto caracterizado por la opacidad, la incredulidad y la incertidumbre, se informó que 34 mil personas se inscribieron para contender por una candidatura. El milagro se había realizado. En tan sólo cuatro días cerca de 29 mil personas se interesaron en una candidatura. Al final se registraron 18 mil personas en el Comité del Poder Ejecutivo, en el Comité del Poder Legislativo se inscribieron 11.6 mil y en el Comité de Poder Judicial se matricularon 3.8 mil. El desdén de la sociedad alrededor de las elecciones judiciales se ha manifestado en el alto número de rechazos para participar como funcionario de casilla, en el bajo número de personas dispuestas a recibir y resguardar los votos de la ciudadanía, y en el reducido número de solicitudes para fungir como observador electoral. Indicadores que demuestran que existe una apatía social para participar en los comicios judiciales. En los próximos días están por comenzar las campañas electorales, etapa de mayor actividad proselitista, promoción institucional y cobertura mediática, lo que supondría un cambio radical en el percepción social e individual en torno a las elecciones judiciales. En consecuencia, podría generase un mayor involucramiento, conocimiento y participación de la ciudadanía en los comicios jurisdiccionales. Sin embargo, en estas inusuales campañas electorales no habrá exposición de las candidaturas en radio y televisión, espectaculares, cines, bardas y actos masivos, lo que condicionará negativamente el saber, la vinculación y la concurrencia de la ciudadanía.