Familias denuncian alza en casos de tortura en Chiapas

Integrantes de la organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos” denunciaron de manera pública que, han visto una serie de abusos de autoridad, detenciones ilegales, fabricación de culpables y violaciones a derechos humanos por parte de funcionarios del estado, lo que tiene a sus parientes “injustamente presos”.

En un documento que envió el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), argumentaron que lo único que buscan es lograr la justicia, la libertad incondicional y la reparación integral de todos los daños que el Estado mexicano “nos ha causado”.

En Chiapas, agregaron, la tortura y fabricación de culpables es una práctica constante, en la que se busca criminalizar a la población vulnerable para fines políticos, de seguridad y de resultados eficientes simulando justicia.

En el municipio de Villaflores, ejemplificaron, se percibe día con día un clima de simulación de justicia, fabricación de culpables y detenciones obtenidas con violaciones a derechos humanos de identidad, integridad y acceso a una defensa adecuada realizada por autoridades.

Entre éstas, señalaron a integrantes de la Fiscalía Distrito Fraylesca, la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa conocida comúnmente como "Fiscalía del OXXO", la comandancia de Policía Especializada región Fraylesca, y en complicidad el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento región Villaflores.

“Las fiscalías en esta región se han encargado de integrar expedientes penales con informes viciados, testigos, declaraciones obtenidas con identificaciones de personas no involucradas y cateos ilegales”, refutaron.

En la administración de justicia, condenaron, es evidente la complicidad por parte de jueces de Control y Enjuiciamiento con fiscalías en Chiapas, “ya que ellos no excluyen datos de prueba obtenidos con violaciones a derechos humanos, admiten indagaciones de las fiscalías sin un análisis y con valor probatorio fehaciente”.

Desde el año 2015 a lo que va del 2021, recordaron que su agrupación está conformada por al menos 10 familias víctimas y sobrevivientes en la región de Villaflores de prácticas ilícitas por parte dependencias del Estado mexicano.

“Estas prácticas han generado impactos intrafamiliares, aunado de las múltiples secuelas y un acceso a la reparación integral de los daños, nulo, obsoleto y retardado”, puntualizaron.

Algunos de sus familiares privados de libertad, no han tenido derecho a ser informados prontamente de las razones de su detención y de los cargos formulados en su contra, sobre sus derechos y garantías; a disponer de un traductor e intérprete durante el proceso, y a comunicarse con su familia, evidenciaron.

“No han tenido derecho a ser oídas y juzgadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, para ejercer funciones judiciales, o a ser puestas en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso; a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior; y a no ser juzgadas dos veces por los mismos hechos, en el marco de un debido proceso legal y conforme al derecho internacional de los derechos humanos como establece el Principio V, sobre el Debido proceso legal en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, resaltaron.