Gobierno de Chiapas refrenda su apoyo a comunidades de la zona limítrofe con Oaxaca

Tuxtla.- Con el compromiso y responsabilidad que el caso amerita, el Gobierno del Estado de Chiapas refrendó su total apoyo a los representantes de las 17 comunidades asentadas en la zona limítrofe con el estado de Oaxaca, con quienes presenció la transmisión en vivo del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a la Controversia constitucional 121-2012.

Pese a que el actual gobierno estatal recibió la Controversia sin posibilidades de aportar medios de defensa, dado el vencimiento de términos y plazos para proveer argumentos, esta administración ha tenido como objetivo principal el abonar a la paz en la zona, por lo que se generaron mesas de trabajo y diálogo con representantes de los ejidos, comunidades, ministros, funcionarios federales y del estado de Oaxaca.

Es necesario mencionar que en el fallo emitido por la SCJN se establece de manera contundente que el lindero interestatal entre Chiapas y Oaxaca de ninguna manera afecta la propiedad y la posesión de las tierras de los ejidos y comunidades agrarias, así como tampoco varía su régimen agrario.

Del mismo modo, se establece que los efectos de esta sentencia no afectarán los derechos y prerrogativas de los habitantes de la zona.

Se invalida con dicha resolución el decreto 008 del 23 de noviembre del 2011, que creó el municipio de Belisario Domínguez, mismo que ahora no tendrá existencia jurídica.

Asimismo, la SCJN otorga un plazo de 30 meses a los Congresos estatales de Chiapas y Oaxaca para que legislen y adecuen su marco jurídico a lo resuelto por la Suprema Corte. Además, se establecen 12 meses para que ambas entidades, con el apoyo de la Federación, implementen programas y acciones para otorgar servicios públicos a las comunidades de la zona.

Es necesario mencionar que esta resolución emitida por la Suprema Corte tendrá efectos jurídicos una vez que sea notificada a los poderes del Estado de Chiapas. Sin embargo, desde ahora el Gobierno del Estado manifiesta su compromiso de generar las condiciones para trabajar de manera armoniosa con las partes involucradas.