La Pobreza farmacéutica: una deuda pendiente con los derechos humanos

​La salud es uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano y social. No obstante, en muchas comunidades de Chiapas y en México, como en muchos rincones del mundo, la lucha por acceder a medicamentos y tratamientos básicos evidencia una problemática que va más allá de la mera carencia sanitaria: es una cuestión de derechos humanos y dignidad. La denominada “pobreza farmacéutica” no solo afecta la calidad de vida de quienes no pueden cubrir sus necesidades de salud, sino que también expone la fragilidad de sistemas que se han comprometido a garantizar el bienestar integral de la población, convirtiéndose en una realidad que duele.

​En cifras recientes, diversas organizaciones nacionales e internacionales han alertado sobre el acceso limitado o nulo a medicamentos esenciales que enfrenta una parte importante de la población mexicana. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y estudios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en algunas regiones hasta el 40% de los hogares se ve obligado a recurrir a ventas informales o a esquemas de ahorro improvisados para costear tratamientos médicos básicos. Esta situación se intensifica en contextos de alta vulnerabilidad social y en zonas rurales, donde la infraestructura sanitaria es deficiente y el apoyo institucional resulta insuficiente.

​No podemos dejar de mencionar el reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que revela que más del 45% del gasto total en salud en México proviene directamente del bolsillo de las familias. En las zonas más marginadas, este gasto puede representar hasta el 30% del ingreso mensual, lo que obliga a muchas personas a endeudarse o, en el peor de los casos, a renunciar por completo al tratamiento. Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022 reporta que el 24% de la población mexicana que necesitó medicamentos no los obtuvo, cifra que se eleva significativamente en comunidades rurales e indígenas.

​En el caso particular de Chiapas, la situación es especialmente crítica: más del 35% de la población carece de acceso efectivo a servicios de salud. Además, de acuerdo con el INEGI (2021), solo el 55% de los habitantes en zonas rurales cuenta con algún tipo de acceso a instituciones de salud, en contraste con el 82% en áreas urbanas. Esta desigualdad territorial se traduce en una brecha profunda en el acceso a medicamentos y tratamientos esenciales, lo cual a su vez limita el acceso a otros derechos fundamentales, comprometiendo la posibilidad de una vida digna y con calidad.

​El impacto de esta situación trasciende la mera falta de medicamentos. La incapacidad para acceder a tratamientos adecuados tiene consecuencias directas en la salud física, pero también en la salud mental, económica, social y cultural de las personas. Quienes sufren los embates de la pobreza farmacéutica están condenados a perder no solo años de vida, sino también oportunidades para participar plenamente en la vida comunitaria y contribuir al desarrollo de sus propias regiones.

​Desde una perspectiva sanitaria, la ausencia de medicamentos correctos, oportunos y de calidad puede convertir enfermedades comunes en amenazas de salud pública. Enfermedades crónicas, degenerativas y agudas se intensifican, generando presión sobre un sistema de salud ya debilitado. Económicamente, los altos costos de fármacos importados o subsidiados de forma limitada obligan a muchas familias a tomar decisiones difíciles, priorizando tratamientos en detrimento de otras necesidades básicas como educación o alimentación.

​En el ámbito social, la desigualdad se refuerza a sí misma: comunidades afectadas por la pobreza farmacéutica quedan relegadas en términos de acceso a oportunidades y servicios, perpetuando ciclos de exclusión y vulnerabilidad. Culturalmente, además, se genera una brecha en el entendimiento y valoración del cuidado de la salud, donde el conocimiento sobre prevención y tratamiento se ve eclipsado por la realidad de la imposibilidad de acceder a ellos.

​Desde la dimensión económica y laboral, la pobreza farmacéutica también genera un impacto silencioso pero profundo. La imposibilidad de acceder a medicamentos oportunos deriva en el agravamiento de enfermedades prevenibles o tratables, lo que se traduce en altas tasas de ausentismo laboral, disminución de la productividad y, en muchos casos, en la salida definitiva del mercado laboral. Esto afecta tanto a trabajadores formales como informales, especialmente en regiones con alta marginación donde las familias dependen de uno o dos ingresos. Además, la carga económica de enfermedades no tratadas recae directamente en los hogares, debilitando su estabilidad financiera y reduciendo su capacidad de inversión en educación, vivienda o emprendimiento. Así, la falta de acceso a medicamentos no solo vulnera la salud individual, sino que perpetúa un círculo de pobreza multidimensional y multifactorial y exclusión que frena el desarrollo económico de comunidades enteras.

​Bajo esta mirada integral, es innegable que la pobreza farmacéutica constituye una violación a los derechos humanos. El acceso a la salud es reconocido internacionalmente como un derecho fundamental, y la carencia de medicamentos esenciales empobrece la posibilidad de disfrutar de una vida digna y productiva. La Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales hacen un llamado a la igualdad, la justicia y el respeto a la dignidad humana; sin embargo, en muchos casos la brecha entre estos ideales y la realidad es alarmante, convirtiéndose en la deuda pendiente con los derechos humanos.

​La situación en Chiapas y en diversas comunidades a nivel nacional demanda una respuesta urgente y coordinada que involucre tanto al sector público como al privado. Es necesaria la inversión en infraestructura sanitaria, en la formación y capacitación de personal médico con calidad humana, así como en el desarrollo de estrategias que permitan la producción y distribución de medicamentos a precios asequibles. Iniciativas a nivel estatal y federal deben articular acciones que integren políticas de salud con objetivos de desarrollo social y económico, orientadas a cerrar la brecha que impacta directamente en el ejercicio de los derechos humanos.

​Las cifras evidencian una deuda moral y social que no puede seguir postergándose. Cada dato representa a ciudadanos cuyas vidas se ven comprometidas día a día, reflejando fallas en el sistema y la necesidad urgente de redireccionar recursos y energías hacia un modelo de salud que sea realmente inclusivo y respetuoso de los derechos humanos.

​Es imperativo que tanto autoridades locales como nacionales, junto a organizaciones internacionales, sector empresarial y sociedad civil, unan esfuerzos para transformar la realidad de la pobreza farmacéutica. La salud es un derecho, y garantizar el acceso a medicamentos es sinónimo de promover la dignidad humana, la equidad y el desarrollo sostenible.

​La lucha contra este flagelo debe ser vista desde una perspectiva integral: mejorar la salud pública implica también combatir la pobreza, fortalecer la economía y rescatar la riqueza cultural de nuestras comunidades. En este contexto, se aboga por:

1. Políticas públicas efectivas: La implementación de programas que faciliten el acceso a fármacos y la creación de redes de salud comunitaria que actúen de manera preventiva y correctiva.

2. Inversiones estratégicas: Canalizar recursos hacia la distribución local de medicamentos, estableciendo alianzas entre gobiernos y el sector privado que favorezcan la investigación y la innovación.

3. Conciencia social: Fomentar campañas informativas y educativas que permitan a la comunidad reconocer sus derechos y participar activamente en la construcción de soluciones sostenibles.

​Hoy, más que nunca, es crucial tomar conciencia de que el verdadero desarrollo social se mide por la capacidad de un país para cuidar de sus ciudadanos, garantizando acceso a la salud y, por ende, fortaleciendo la dignidad humana. Llamamos a todas las instancias, desde donantes, empresas hasta organismos internacionales, a sumarse a esta causa y contribuir con iniciativas que transformen la realidad de miles de personas que cada día enfrentan la incertidumbre de no saber si podrán acceder a un medicamento vital.

​Nuestra sociedad se define por la forma en que cuidamos a los más vulnerables. Por ello, es urgente convertir la indignación en acción, la estadística en oportunidades y la deuda pendiente en una promesa cumplida de bienestar y justicia. La lucha contra la pobreza farmacéutica es, en definitiva, una lucha por el derecho a vivir con dignidad, y este compromiso nos convoca a todos en un esfuerzo colectivo que trascienda ideologías y barreras regionales.