Multiculturalidad del estado exige un modelo inclusivo de gestión pública

Tuxtla.- Para Francisco Castillo Acevedo, abogado litigante y especialista en derecho, el reto de la gobernanza en Chiapas no es menor, debido a que la multiculturalidad del estado exige un modelo inclusivo de gestión pública, que respete las formas de vida y las estructuras de poder locales.

Al mismo tiempo, agregó, se requiere el impulso al desarrollo económico y social para mejorar las condiciones de vida de todas las personas, sin distinción alguna.

Destacó que, en un contexto donde las problemáticas sociales, económicas y de seguridad se entrelazan, es importante una participación proactiva de la sociedad y una relación estrecha y abierta entre los ciudadanos y los tres niveles de gobierno para promover la gobernanza en Chiapas.

“Para que realmente se avance hacia una entidad de paz y desarrollo, es fundamental que tanto la ciudadanía como las autoridades trabajen de la mano. La cercanía con el gobierno y su capacidad para escuchar y entender las demandas de la sociedad es esencial para tomar decisiones informadas y efectivas”, declaró.

El experto enfatizó que Chiapas enfrenta un escenario único debido a su gran población indígena, cuyos habitantes se rigen por sistemas de usos y costumbres que difieren de las estructuras legales y políticas formales.

Según él, este hecho aporta una complejidad adicional para los gobiernos, ya que la interacción entre el orden jurídico estatal y las normativas tradicionales puede generar conflictos y desafíos en la implementación de políticas públicas.

Por ello, insistió, es necesario que se establezcan leyes claras y respetuosas de las tradiciones, pero también normativas que permitan la armonización entre los diferentes sistemas de organización social”.

Puntualizó que, sin duda, esto no sólo favorecería la gobernanza, sino que también contribuiría a responder de manera efectiva a las necesidades de las comunidades indígenas y a resolver las tensiones que existen entre el ejercicio del poder político y el respeto a la autonomía local.

Subrayó que la armonización de las leyes es la clave para impulsar el desarrollo y promover la paz social. “Los gobiernos deben ser los primeros en entender que los límites legales deben ser claros, pero que también deben ser adaptables a las realidades de las comunidades para fomentar un ejercicio político eficaz que resuelva los problemas reales”.