Más “descarado” el desplazamiento forzado interno: Diego Cadenas

Tuxtla.- El tema de desplazamiento forzado interno cambió de forma significativa en los últimos años con la entrada del crimen organizado, a diferencia de otros tiempos cuando se hablaba de disputas de poder pero en materia política, consideró Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos “Ku’Untik”.

Aunque refirió que, al final de cuentas, son panoramas similares, “nada más que en la actualidad es más descarado, y lo vemos con esa organización ‘El Maíz’, considerada un brazo armado de un cártel, organización a la que conozco desde hace muchos años”.

Sin embargo, mencionó que ese tipo de agrupaciones se presentaba con un fin social, como lo hacían otras como Paz y Justicia, pero tenían otra intención. De tal modo que, agregó, al final de cuentas hay un pendiente que tiene el Estado mexicano para que las familias desplazadas por esos grupos retornen a sus lugares de origen.

Lo más preocupante, dijo, es que en la actualidad hay más gente desplazada, y otros que tienen muchos años fuera de sus territorios, como los del ejido Puebla, municipio de Chenalhó.

“Lo que vemos ahora es que a la gente le costará más trabajo el retorno a su comunidad, no sólo porque no haya condiciones para ellos, porque a lo mejor no les va a satisfacer los servicios públicos o el tipo de trabajo que antes hacían, pues ahora ya están en una ciudad, por así decirlo”.

En los casos que él ha documentado, dijo que ya se está a punto de la reparación de los daños, como lo que ocurre con los desplazados del ejido Shulvó, municipio de Zinacantán, cuya autoridad les tiene que otorgar 500 mil pesos como parte de ese proceso.

“Ahí dicen que no lo harán, porque el dinero, por usos y costumbres, es para el pueblo… pero lo tendrá que hacer, porque los desplazados también son del pueblo”, argumentó.

Entre otros casos, Diego Cadenas ejemplificó que el Ayuntamiento de Ocosingo no ha cumplido con el pago, por reparación de daños, a desplazados de los ejidos Cintalapa y Tenango, a cada uno de los cuales les corresponden 600 mil pesos.

“Lo que sí puedo aceptar es que varios líderes delincuenciales, que antes era intocables, ahora están presos. En ese sentido, esperaría que se ejecutaran las órdenes de aprehensión por homicidio, que se concluyan las carpetas de investigación pendientes, se judicializaran, y puedan retornar los desplazados; sólo así habrá seguridad y se impondrá el Estado de derecho”.