México admite que analizará dar asilo político a exvicepresidente de Ecuador

Ciudad de México.- La Cancillería de México confirmó este domingo que Jorge Glas se encuentra protegido en calidad de huésped en la embajada de México en Quito y analizará su solicitud de asilo político si así lo manifiesta el exvicepresidente de Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa (2017-2022).

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE o Cancillería) del Gobierno mexicano, detalló que Glas se presentó en la embajada mexicana en Quito para solicitar su ingreso y salvaguarda, ya que expresó temor por su seguridad y libertad personal.

La dependencia mexicana precisó que se le permitió el acceso al exvicepresidente ecuatoriano, “de conformidad con el marco jurídico mexicano en materia de protección internacional a personas, con los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para este tipo de casos, y con el principio pro persona consagrado en el artículo 1 de la Constitución (mexicana)”.

Además, la Cancillería mexicana afirmó que, en caso de que Glas formalice una solicitud de asilo político, el Gobierno de México la analizará detenidamente y recabará la información necesaria para proceder como corresponda.

Esto con base en los tratados internacionales pertinentes de los que México y Ecuador son parte y con el derecho internacional consuetudinario en la materia, refirió la SRE.

Asimismo, aseguró que el Gobierno de México y embajada en Ecuador están en la mejor disposición de mantener el diálogo y colaboración con las autoridades ecuatorianas para allegarse de toda la información necesaria sobre la situación de Jorge David Glas”.

Por su parte, el Gobierno de Ecuador solicitó a la Embajada mexicana en Ecuador que pida a Glas abandonar su delegación diplomática para que pueda ser detenido por la Policía ecuatoriana, en cumplimiento a una investigación fiscal.

La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado, publicó el contenido de una nota enviada a la Embajada de México, donde Glas había acudido en medio de la orden de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para que la Policía lo ubique, localice, inmovilice y traslade hasta la sede del Ministerio Público en Quito.