Obligados más de 30 millones de servidores públicos a hacer la declaración patrimonial

Tuxtla.- De acuerdo con el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), en México hay cerca de 30 millones de servidores públicos obligados a realizar su declaración patrimonial de intereses, aunque podrían ser más, informó Néstor Gabriel López López, especialista chiapaneco en temas fiscales.

En una entrevista, aclaró que ese universo de personas está obligado a cumplir con esa medida desde el 2020, “antes había una segmentación donde trabajadores de cierto cargo o encargo no la presentaban”.

Pero con las modificaciones del Sistema Nacional Anticorrupción, agregó, cada vez el mexicano, y desde luego el chiapaneco, está llamado a cumplir con normas de transparencia y a rendir cuentas no sólo como funcionarios, sino como ciudadanos.

“Aunque en el caso de los servidores públicos es más fuerte, y decir que esta declaración patrimonial de intereses es un manifiesto que se hace bajo protesta de decir verdad, implica que no se debe incurrir en falsedad de declaraciones”, detalló.

Si el servidor público tiene un cargo igual o superior en un departamento de cierta secretaría, tendrá que presentar esa declaración completa, desde el ingreso neto, propiedades, joyas, coches, el currículum, y todo lo que tiene que ver con su carrera pública.

Al respecto, dijo que con toda esa información se generará un sistema de verificación patrimonial, “esta información que, hasta cierto punto es pública, puede ser utilizada por los ministerios públicos, tribunales, autoridades judiciales y otros competentes para establecer sanciones muy fuertes que se tienen”.

ENRIQUECIMIENTO OCULTO

De acuerdo con el experto, es complicado que algún sujeto obligado pueda ocultar información, pues afirmó que es fácil detectar los movimientos que haga en la materia.

No obstante, explicó que, si eventualmente una persona omite, en un momento dado (con fines de ocultarlo para el disfrute de algunos bienes o servicios de forma injustificada), se puede tipificar como enriquecimiento oculto, lo que implica faltas graves y sanciones como la suspensión del cargo, de uno a tres meses, o despido del mismo.

“Si lo hiciste porque sí tenías un beneficio o lucro, y sí se superó las 200 UMA’s, la inhabilitación como servidor público puede ir de uno a 20 años”, resaltó el especialista, quien aclaró que, si sólo fue porque no se presentó en tiempo y forma, la misma se puede hacer de manera espontánea y ya quedará de la autoridad si aplica o no un “castigo”.

Néstor López mencionó que, sin embargo, hay disposiciones fiscales que no obligan a quienes gana menos de 400 mil pesos al presentar su declaración anual y, en esos supuestos, los órganos de control y la dependencia donde trabajen esas personas son las que tienen que recibir toda esa información e incluso solicitar copia de la declaración fiscal o, en su caso, la constancia que acredite sus deducciones y percepciones para determinar su saldo neto.