Obligan al Ayuntamiento de Tapachula a repararle el daño a periodista tras torturarla y encarcelarla

Tuxtla.-Una jueza del Juzgado Primero de Distrito, con sede en Tapachula, concedió a la periodista Cinthya Alvarado Enríquez un amparo en contra de la omisión del Ayuntamiento de Tapachula, luego de que policías municipales la agredieran y encarcelaran injustamente.

Este fallo se dio luego de que el 27 de enero del 2020, la también activista registrara el abuso de policías municipales contra los ciudadanos indígenas de Pavencul, para enseguida sufrir los mismo que ellos: sometimiento, actos degradantes y crueles, luego quedar detenida por los cargos que el Ayuntamiento a través de la sindicatura levantó.

Como los derechos humanos de las 43 víctimas fueron agraviados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación CEDH23/2020-R, para la reparación del daño, misma que el Ayuntamiento se negó durante tres años cumplimentarla.

Alvarado Enríquez acudió en diciembre 2022 a solicitar un amparo que fue turnado al Juzgado Primero de Distrito con el número 1614/2022, a cargo de la jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, quien desechó de entrada la acusación contra el Ayuntamiento.

Por ello, la periodista interpuso una queja ante el Tribunal Colegiado que, en cuatro meses, resolvió a su favor y dictó que el juzgado repusiera y admitiera el procedimiento.

En su informe justificado, las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado, pero la quejosa desvirtuó dichas negativas.

A un mes de cumplir un año, explicó la propia víctima, el amparo fue resuelto a su favor.

“Es un caso raro, ya que en México la impunidad abarca más del 90 por ciento, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y de las agresiones a periodistas sólo el 10% se resuelven”, argumentó.

Además, puntualizó que el Ayuntamiento de Tapachula ha financiado campañas de desprestigio con la intención de “despojarla” de su calidad de periodista y de su activismo.

En el acto cívico en el que notificó a la opinión pública de este fallo a su favor, en la explanada del Parque Central, afuera del edificio del Ayuntamiento, Cinthya fue increpada por un periodista de nombre Julio Navarro, quien le interrumpía diciendo que es una mentirosa y que pretende lucrar con este clamor de justicia.

Posteriormente se acercaron otros periodistas que también insistieron en qué cantidad de dinero pide la periodista, debido a que la misma presidente municipal (quien antes fue la síndico en 2020), ha declarado que ella “pide un dineral, lo que es falso y corresponde a ese patrón de violencia contra la colaboradora de Los Ángeles Press”.

La jueza Córdova Rangel, en su sentencia, ordenó que la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas (CEEAV) establezca el dictamen que fije la cantidad y las medidas de reparación que incluyen: disculpas públicas; atención médica y psicológica; garantía de no repetición, acceso a la verdad, que la autoridad responsable, en este caso el Ayuntamiento publique la verdad y dinero que compense las pérdidas.

“Si Rosy o Julio Navarro o si alguno de ustedes tiene pruebas que yo pedí 3 millones, preséntenlo ante el Juzgado, porque hasta el día de hoy ni su servidora, ni la misma jueza conoce qué cantidad va a determinar la CEEAV que es la autoridad facultada para determinar a cuánto asciende el daño”.