Oposición denuncia que el crimen entró a la elección judicial

Ciudad de México.- La mayor fuerza de oposición mexicana, el Partido Acción Nacional (PAN), denunció este domingo que el Gobierno "abrió la puerta" al crimen organizado y a allegados al gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la primera elección popular del Poder Judicial, que será el 1 de junio.

El presidente PAN, Jorge Romero, consideró que "será un fraude electoral" el primer proceso para elegir por voto popular a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte tras aprobarse el jueves el listado definitivo de candidaturas, que incluyen personas vinculadas a Morena y, presuntamente, al narcotráfico.

"La reforma al Poder Judicial que propone el Morena-Gobierno no resolverá los problemas de justicia en México, por el contrario, la debilitará y podría permitir que personas ligadas al crimen organizado queden bajo protección”, señaló el presidente del PAN, Jorge Romero, en un pronunciamiento.

Sus acusaciones se producen después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el jueves la lista oficial de 64 aspirantes a la Suprema Corte y 15 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para los primeros comicios tras la reforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Además, el INE comenzó este viernes a imprimir las 602 millones de boletas para estos comicios, casi el doble de las que se usaron en la elección presidencial de 2024.

El PAN señaló que en las candidaturas abundan perfiles cercanos a López Obrador y a personajes de la actual Administración de Claudia Sheinbaum, como Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte (2019-2022) y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República.

Entre ellos, el PAN enunció las candidaturas de María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de López Obrador; Selene Cruz Alcalá, magistrada laboral cercana a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde; Fabiana Estrada Tena, coordinadora de ponencia de Zaldívar, y Luis Rafael Hernández, procurador agrario del anterior Gobierno.

"Este proceso abre la puerta a la corrupción y la manipulación, la gente no escogerá a los jueces, estos ya fueron decididos por el Gobierno, quienes estarán a su servicio", concluyó Romero.