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EDITORIAL

Organizaciones de la Sociedad Civil 




Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México tienen sus raíces en el activismo social y la organización comunitaria, influenciadas por distintas etapas históricas y contextos sociales. En 2004, con la promulgación de la Ley de Fomento para las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se institucionalizó su reconocimiento y apoyo permitiendo su profesionalización y vinculación con el gobierno y otros sectores; sin embargo, en los últimos años han enfrentado una serie de desafíos 1 como el cumplimiento de una normatividad fiscal y legal cada vez más compleja, limitaciones para el acceso a un financiamiento sostenible, así como falta de reconocimiento o apoyo por parte de algunos sectores gubernamentales y privados. En su mayoría, estas organizaciones desarrollan sus actividades sumando personas con intereses comunes, creando equipos comprometidos y enfocados en el logro de sus objetivos sociales. Sin embargo, estos equipos están poco especializados para mediar la carga fiscal y legal que genera la formalización de las OSC al constituirse legalmente, por lo que cada día es mayor la necesidad de incorporar procesos de profesionalización en su gestión como la administración, la comunicación social, la procuración de recursos, así como temas legales y fiscales principalmente. Aunado a esto, en los últimos años la competencia para acceder a recursos públicos de fundaciones y organismos internacionales es cada vez mayor, por lo que la profesionalización y especialización del capital humano de las organizaciones puede hacer la diferencia para garantizar una sostenibilidad a largo plazo. De acuerdo con el informe anual de Rutas para Fortalecer en 2023, en los últimos cinco años el 55 % de organizaciones encuestadas han realizado como mínimo un proceso de fortalecimiento apoyado técnicamente por un agente fortalecedor; sin embargo, aún existe mucho camino por recorrer dado el entorno normativo en constante cambio y actualización en el que operan. Las OSC necesitan asegurar su impacto y permanencia, y para ello es de suma importancia que fortalezcan sus capacidades institucionales, busquen ser más eficientes y tengan un mejor rendimiento.


Un agente fortalecedor 4 es una entidad que opera bajo la figura de otra OSC (fundaciones, consultores, instituciones educativas o gubernamentales, organismos internacionales) y que busca generar capacidades en las organizaciones para mejorar su efectividad mediante el apoyo técnico (administrativo, financiero, legal o estratégico), brindando recursos, herramientas, conocimientos y acompañamiento para mejorar su capacidad de gestión, impacto, sostenibilidad y maximizar su impacto social. A la fecha se identifican más de 400 agentes fortalecedores, quienes se enfocan en brindar procesos de formación, consultorías personalizadas y entre pares, por lo que la elección de con quién y cómo desarrollar estos procesos de acompañamiento es de vital importancia para maximizar el impacto buscado y garantizar un fortalecimiento efectivo: las capacitaciones si bien son una herramienta clave dentro del desarrollo organizacional, suelen centrarse en temas concretos que pueden o no implementarse en la práctica, por lo que estas no son suficientes por sí solas para lograr una transformación completa. Es ahí donde el fortalecimiento, al ser un proceso más integral, estratégico y personalizado, puede transformar y consolidar las capacidades internas de una OSC. Es altamente recomendable trabajar con entidades con experiencia, que ofrezcan servicios alineados a las necesidades de la organización, desarrollando un análisis personalizado para identificar fortalezas y áreas de mejora, que ajusten sus programas al contexto de las OSC, con metodologías aplicables y que generan resultados concretos. El objetivo debe ser el desarrollo de capacidades instaladas dentro de la OSC, a fin de que sea más autónoma y sostenible, por lo que estos acompañamientos deben ser una constante en la vida institucional, visto desde una perspectiva de responsabilidad compartida con los donantes, ya que para estos últimos debe ser una inversión estratégica en la sostenibilidad, impacto y efectividad de las organizaciones que apoyan, asegurando que puedan cumplir con sus obligaciones legales y mejorar su administración, reduciendo riesgos operativos y legales para ambas partes.

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