Pueblos originarios mantienen postura contra megaproyectos

Tuxtla.- Antes de 2018, los pueblos originarios de México denunciaban la devastación generada por la infinidad de megaproyectos considerados estratégicos y de seguridad nacional como el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Transístmico, y el Tren Maya, contra el que existen amparos en los cinco estados que recorrerá.

El primer amparo que interpusieron las organizaciones Diálogo y Movimiento y Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil aún sigue, pero no hay resolución definitiva y lo mismo sucede con otros amparos en los siete distintos tramos, explica la investigadora y representante legal, Elisa Cruz Rueda.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la solicitud de amparo presentada el 6 de enero del 2020, reclama “la simulada y fraudulenta consulta indígena”, ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.

Por otro lado, el amparo del primer tramo de Palenque a Escárcega fue interpuesto por la organización Indignación de Mérida, Yucatán. Fue el segundo que se presentó.

“Salió la suspensión provisional que abarcó los cinco estados y posteriormente la suspensión definitiva para continuar el juicio, sólo recayó en el área de Xpuhil. El argumento fue que no se podían realizar trabajos en ese tramo de Palenque a Escárcega por la pandemia”.

Entonces, López Obrador dijo que las actividades económicas prioritarias no podían detenerse por la contingencia sanitaria del covid-19 y una de esas fue el Tren Maya. En la actualidad la obra lleva avance del 50 por ciento a pesar de la declaratoria de pandemia.

Elisa Cruz señala que el tramo de Palenque fue violentado porque la declaratoria continúa, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó que los trabajos debían pararse. “Una situación similar ocurrió en Campeche donde hubo intentos de desalojo contra los pobladores”.

Hay un tramo hacia Yucatán donde los amparos alegaron violaciones al derecho ambiental y al acuífero maya, el más importante en Latinoamérica. Aunque en el tramo de Ixpujil existe la suspensión por el amparo, las comunidades resienten la militarización y las denotaciones, hasta del presidente, contra los defensores de derechos humanos.

Además, la investigadora cuestiona el papel de ONU Hábitat “porque usando el logo legitimaron esos trabajos indebidos”.

Pero en todos los casos el Ejecutivo federal pasa por alto la orden del Poder Judicial y esto violenta el Estado de derecho, “porque parte de éste es justamente la división de poderes”, añade Cruz Rueda.

A este contexto se agrega el decreto por medio del cual declaran como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura en la cuarta transformación, dice Cruz Rueda.

Incluso, el proyecto incumple con el Marco Jurídico Ambiental, particularmente al no presentar un proyecto íntegro y no segmentado, amplía Gustavo Alanís, del Cemda.

Se basa en que no se conoce la compatibilidad del proyecto con los usos de suelo municipales, “pero de manera sorprendente ni el promovente ha dicho cómo cumplen”, en los cinco estados donde pasará el tren.

Hace unos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó 10 mil millones de pesos adicionales al presupuesto de este año para el Tren Maya, que fue de 63 mil millones de pesos, con lo que los recursos globales con los que contará este proyecto para su edificación serán de 73 mil millones de pesos.