Raquítico el apoyo a desplazados por violencia en municipios fronterizos

Tuxtla.- El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa evidenció que, hasta el momento, las personas desplazadas de ejidos y comunidades de Frontera Comalapa y Chicomuselo no han recibido ningún tipo de asistencia de los gobiernos federal y estatal.

Indicó que desde este domingo por la noche circulaba información del despliegue de militares y la policía estatal hacia esas localidades, y durante la mañana circuló información del despliegue de una fuerza de tarea de la VII Región Militar con apoyo de la policía estatal, “la cual no se concreta”.

Basado en información que le brindan autoridades de ambas municipalidades, señaló que “en Comalapa no hay nada de estos militares y Guardia Nacional, sólo en la prensa se dice de un impresionante despliegue, pero sólo está en los medios”.

“Recibimos información de ‘rondines’ de un pequeño convoy de la Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional en el poblado de Chicomuselo, pero no en el arco de entrada a esta localidad, manifestando los testimonios que en ese punto se mantiene la presencia de sujetos pertenecientes a la delincuencia organizada”.

Entre otras cuestiones, comentó que la única ayuda humanitaria que han recibido las personas desplazadas que se encuentran en Josefa Ortiz de Domínguez y Pablo L. Sidar ha sido proporcionada por Protección Civil de Chicomuselo, “continuando la grave omisión de los gobiernos federal y estatal”.

“También nos manifiestan que el despliegue militar y policíaco no sea una nueva simulación por unos días como ha sucedido previamente, que es necesaria la pacificación de la región con operativos permanentes en lugares estratégicos y se realicen acciones directas para desarticular a las organizaciones del crimen organizado que han sembrado el terror y miedo”.

Subrayó que, por desgracia, la intervención de fuerzas de seguridad resulta tardía y negligente, “porque como señalan testimonios, hay presencia de bases militares en El Jocote, Frontera Comalapa y Chicomuselo”.

“Los desplazados externan su inconformidad también con Sonia Catalina Álvarez porque tuvo información con antelación por diversos canales de la situación preocupante que se vivía en la región fronteriza y en su calidad de diputada local y presidenta de la mesa directiva del Congreso, no intervino en estos hechos que vulneraron gravemente los Derechos Humanos, y que como parte del legislativo no realizó ninguna acción para exhortar al gobernador en atender la grave situación en la región fronteriza, sumándose el Congreso de Chiapas a las omisiones y negligencias de los gobiernos federal y estatal”.

Denunció que cerca de tres mil personas siguen sin ninguna atención y asistencia por parte de los gobiernos federal y estatal. “Este Comité Digna Ochoa ha enviado las denuncias e información a la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a la CNDH y a la Secretaría General de Gobierno”.