Se necesita una política humanitaria frente a la migración

El primer día de su mandato, el presidente Donald Trump canceló, mediante una orden ejecutiva, el funcionamiento de la aplicación CBP-One que permitía a personas extranjeras que se encontraran en México solicitar una cita para ingresar a Estados Unidos y estar en posibilidades de solicitar protección internacional. Esta cancelación generó un aumento significativo en el número de personas en contexto de movilidad forzada que solicitan refugio ante la COMAR, sin que el Estado Mexicano haya adoptado medidas específicas para garantizar sus derechos, lo que ha agudizado su situación de vulnerabilidad. En 2023, la administración de Joe Biden amplió los usos de la aplicación CBP One, para incluir el registro de solicitudes de personas migrantes en busca de asilo en Estados Unidos. Durante su vigencia, la aplicación CBP-One se convirtió en la única alternativa real con la que contaban las personas en contexto de movilidad forzada para solicitar asilo por lo que, ante su cancelación, estas personas se han quedado varadas en México sin que cuenten con opciones para su permanencia regular. En este contexto, las personas en contexto de movilidad forzada en México han optado por ejercer su derecho a solicitar asilo ante la COMAR, sin embargo se han encontrado con una institución ineficaz que les obliga a esperar por semanas o meses y, en algunos casos, les niega directamente el acceso al procedimiento. Como consecuencia, se ha agudizado una situación que organizaciones de la sociedad civil y diversos medios venían reportando desde hace meses, con un aumento en las condiciones de precariedad en las que se ven obligadas a vivir las personas migrantes que se asientan en espacios públicos como calles o puentes organizadas en campamentos o asentamientos irregulares, con pocos recursos para continuar gestionando su tránsito migratorio y sin posibilidades de acceder a un empleo formal, alquilar una vivienda, o acceder a la educación para sus hijas e hijos. Por otro lado, se ha documentado que en algunas regiones y estados del país con mayor concentración de personas migrantes como en el caso de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas o en la Ciudad de México, la COMAR ha negado de forma sistemática el acceso al procedimiento para solicitar refugio. Esta situación también se ha replicado en localidades donde el Instituto Nacional de Migración (INM) es responsable de recibir dichas solicitudes. En los casos en los que la COMAR emite una resolución para negar el acceso al procedimiento, esta suele justificarse en que las personas han excedido el plazo de 30 días hábiles para acceder al procedimiento que marca la Ley sobre Refugiados, sin embargo, este criterio no responde adecuadamente a la problemática derivada de los recientes cambios en la política migratoria estadounidense y no considera que muchas de estas personas estaban en México esperando una cita para presentarse en un puerto de entrada en Estados Unidos, pues su intención principal no era quedarse en el país. Derivado de ello, se ha observado que algunas personas están optando por  regresar a sus países, incluso a costa de su integridad o su vida, ya sea por cuenta propia o mediante vuelos de deportación ofrecidos por las autoridades, los cuales no contemplan todas las nacionalidades; mientras que quiénes no pueden volver a sus países de origen, continúan su tránsito por rutas más peligrosas e “invisibles”, como el traslado en camiones a expensas de redes criminales.  Esta situación ha terminado por evidenciar la ausencia de una política humanitaria integral por parte del Estado Mexicano para la atención de las personas en contexto de movilidad forzada. En efecto, como se ha denunciado desde la REDODEM, el Estado Mexicano no cuenta con políticas que garanticen los derechos de las personas en movilidad sin distinción por nacionalidades, pues su respuesta a la migración ha sido la contención, caracterizada por el despliegue de operativos migratorios, acompañados de fuerzas policiales y militares – incluida la Guardia Nacional – destinados a desgastar física y moralmente a las personas a través de traslados al sur del país.

Aunado a ello, se encuentra la crisis institucional del sistema de asilo en México en el que la COMAR es la única instancia que existe para que las personas puedan obtener la protección del Estado Mexicano, sin que esta institución cuente con los recursos materiales necesarios para la garantía del derecho a la protección internacional. Adicionalmente, tampoco existen alternativas de estancia migratoria en México pues, al menos desde 2018, no se ha implementado ningún programa público de regularización migratoria con base en la Ley de Migración. Ante esta situación, desde los albergues que integramos la REDODEM consideramos indispensable que el Estado Mexicano desarrolle urgentemente una política de atención humanitaria destinada específicamente a la atención de las personas en contexto de movilidad forzada. Esta política debe incluir la participación no sólo del INM sino también de la COMAR, Protección Civil, el Sistema DIF y las Procuradurías respectivas, las autoridades de salud y educación tanto a nivel local como federal, así como la participación sustantiva de las organizaciones de sociedad civil, quienes tienen la experiencia en la atención humanitaria. Dentro de las medidas que se deben de tomar, consideramos indispensable que se evalúe la derogación de la norma que impide a las personas solicitar refugio después de 30 días de su ingreso a México, así como la adopción de al menos un programa de regularización temporal con requisitos públicos, claros y, sobre todo, accesibles para las personas que desean permanecer en el país o que ya se han establecido en él ya sea por voluntad o porque han se han quedado sin alternativas para volver a su país de origen porque lo han perdido todo o de hacerlo pondrían en riesgo su vida.