Selva Política

*Viven Fuerte Discriminación las Personas con Discapacidad; Urge Legislar

*El Poder Legislativo Debe ser Facilitador del Desarrollo de la Sociedad

La diputada Marisela Garduño Garduño (PT) hizo un llamado a reflexionar sobre la fuerte discriminación que sufren las personas con discapacidad al momento de buscar un empleo, por lo que consideró urgente que sean incluidas en la vida laboral, y que la sociedad en general aprenda cómo hacerlo.Explicó que el trabajo es un derecho humano, por lo que, precisó, desde la Cámara de Diputados se ha trabajado en favor de la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad motora, a través de reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.“El trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos, y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana, ya que toda persona tiene derecho a trabajar para vivir con bienestar”, sentenció.La diputada integrante de la Comisión de Derechos Humanos recordó la necesidad de que los tres niveles de gobierno otorguen las condiciones para que las personas con discapacidad gocen de derechos laborales.“Cuando una persona con discapacidad, ya sea motriz, visual, auditiva o mental, opta por buscar un empleo, se encuentra con una realidad muy difícil; tenemos una deuda con todo este sector vulnerable de nuestra población”, dijo.Finalmente, la legisladora hizo un llamado a romper con prejuicios y pensamientos erróneos que provocan que pocas personas con discapacidad tengan empleo. “Es una situación frustrante y decepcionante que debemos cambiar en nuestro país. Empaticemos, es necesario en nuestra sociedad”.

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En otro tema, ayer el Grupo Parlamentario del PT refrenda el compromiso de proveer de herramientas legislativas que brinden mejores oportunidades de desarrollo a las y los mexicanos, afirmó la diputada Lilia Aguilar Gil (PT).

Lo anterior, a cuatro años del cambio por el que votaron más de 30 millones de personas para modificar el rumbo del país y darle la posibilidad a un proyecto que las pondría en el centro de las políticas públicas.

Aseveró que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha implementado un modelo exitoso de educación, salud y jubilaciones dignas para la sociedad, gracias a la recaudación lograda, pues con el uso adecuado de estos recursos y correctas políticas de gasto es como se ha limitado la desigualdad.

Aguilar Gil destacó que los programas prioritarios de la presente administración han sido dirigidos fundamentalmente a abatir desigualdades mediante verdaderas opciones que promuevan el desarrollo humano.

"Todo bajo un enfoque de justicia social que ayude a la ciudadanía a ejercer, de manera efectiva, su libertad y a partir de ahí, apuntar a su progreso", añadió.

En ese sentido, la diputada por Chihuahua detalló que cada presupuesto a lo largo de estos cuatro años, es con la misma tendencia.

Como ejemplo, los 1.7 billones de pesos, equivalentes al 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), destinados a pensiones.

Asimismo, destacó que el salario mínimo pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 172.87, con lo que se recuperó el 71 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo.

“Quienes votaron por este cambio no se equivocaron porque los resultados están a la vista: 10 millones 500 mil adultos mayores reciben trimestralmente una pensión; 11 millones de estudiantes, desde preescolar hasta posgrado, reciben becas; un millón de niños y niñas en pobreza reciben pensión universal para personas con discapacidad; 2 millones 315 mil jóvenes están capacitándose mediante Jóvenes Construyendo el Futuro”, recalcó.

Finalmente, Aguilar Gil afirmó que, a diferencia de sexenios pasados, "con promesas incumplidas de gobiernos corruptos e incapaces, en los que se regalaban recursos a los más ricos, profundizando las desigualdades, la 4T ha demostrado con hechos y no palabras, que la gente es lo más importante".

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De salida les informamos que la diputada Sayonara Vargas Rodríguez (PRI) celebró que la Cámara de Diputados exhortara, a propuesta suya, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a crear una unidad responsable de universidades politécnicas adscritas a la coordinación de tecnologías.

Asimismo, solicitar a la SEP y las 32 entidades federativas implementar medidas necesarias para la asignación de nombramientos definitivos de 3 mil 489 asesores técnicos pedagógicos del país de tercera y cuarta generaciones.

La primera proposición con punto de acuerdo para la creación de una Unidad Responsable de las 59 Universidades Politécnicas del país, actualmente adscritas a una Coordinación de Tecnológicas, es una acción para darles certeza jurídica y puedan realizar sus propios procesos administrativos y presupuestales.

En un comunicado, indicó que así se podrá realizar la asignación de recursos para infraestructura y equipamiento, fortalecimiento del modelo curricular, profesionalización, consolidación de procesos de investigación y desarrollo tecnológico; lo cual resulta de gran beneficio especialmente para más de 100 mil alumnos, de los cuales el 10 por ciento proviene de comunidades indígenas, contribuyendo a disminuir la brecha de desigualdad en zonas rurales.

También, refirió, que su segunda propuesta “es una petición generalizada en México, y en el caso de Hidalgo, han sido los docentes de educación básica indígena que se han acercado a pedir el apoyo".

Vargas Rodríguez agregó que continuará impulsando la iniciativa que beneficia a los asesores técnicos pedagógicos para la modificación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestros y los Maestros, ya aprobada en la Comisión de Educación.

Rugidos

Riesgos

El gobierno federal dio a conocer ayer el acuerdo que alcanzó con el sector empresarial y el obrero, respecto al incremento porcentual para el salario mínimo, el cual regirá a partir del 1 de enero del año entrante en todo el país.

Se dio a conocer que el minisalario será incrementado en un 20 por ciento, lo que significa y representa pasar de los 172 a los 207 pesos diarios, porcentaje que permitirá ayudar de manera significativa al poder adquisitivo de los trabajadores que se ubican en ese rango de ingresos.

Considerado como un ajuste importante al salario mínimo que rige en todo el país, la medida deberá ser acompañada de una campaña de orientación y vigilancia al comportamiento de los precios de los productos de la canasta básica, renglón a donde se destina casi todo el salario obtenido.

Si el gobierno verdaderamente desea que este incremento al minisalario beneficie a la clase trabajadora más necesitada, debe vigilar el comportamiento del comercio en su totalidad, ya que tras el anuncio empresarios y comerciantes voraces podrían pensar en ajustar los precios de sus productos.