Selva Política

*Deberá Esperar Turno la Demanda de Juicio Político Contra Yasmín Esquivel

*Proponen Legisladoras Atender Rápido Búsqueda de Personas Desaparecidas

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) sostuvo que la demanda de juicio político que interpuso el senador Germán Martínez ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, señalado por haber plagiado su tesis de licenciatura en la UNAM, tendrá que esperar su turno, pues los asuntos se resuelven de forma cronológica.

“Hay un orden de los expedientes recibidos por la Subcomisión de Examen Previo y hay un principio general del derecho que dice que el que es primero en tiempo, es primero en derecho, eso significa que por regla procesal se tienen que desahogar las demandas que han sido interpuestas en orden cronológico en el que se desarrollan”, expuso.

No obstante, en declaraciones a la prensa señaló que el juicio político, conforme a la Constitución y las leyes secundarias, se puede presentar y analizar hasta un año después de que los servidores públicos de alto perfil han dejado el cargo, ya que, dijo, la primera consecuencia es la destitución y la segunda es la inhabilitación.

García Almaguer recordó que están pendientes los procesos de juicio político que se sigue a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, y pueden ser sujetos de esto hasta el 3 de abril de 2024.

Indicó que un caso a resolver con carácter de urgente podría ser en el supuesto de que un servidor público esté a punto de cumplir este año de haber dejado el cargo, entonces la demanda se tiene que resolver antes de que fenezca, de lo contrario, se caería incluso, en una responsabilidad por no haber atendido la demanda.

En ese sentido, comentó que la ministra Esquivel Mossa fue electa por un período amplio, por lo que el proceso de juicio político en su contra está en curso y tiene tiempo para ser revisado.

El diputado de Morena explicó que cualquier ciudadano puede presentar una demanda de juicio político, que tiene una finalidad administrativa, que es la destitución e inhabilitación de servidores públicos de alto perfil como legisladores, magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), gobernadores, entre otros.

En tanto, indicó, el proceso de desafuero tiene como objetivo quitarle la inmunidad a algún servidor público de alto perfil y busca que comparezca ante una autoridad jurisdiccional en materia penal y la separación es momentánea, mientras se desarrolla el juicio, porque en el Congreso no se puede resolver sobre la inocencia o culpabilidad de algún delito.

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En otro tema, ayer la diputada Cecilia Patrón Laviada, del PAN, propuso reformar tres leyes, con el objetivo de asegurar celeridad en los procesos de la declaración sobre personas desaparecidas. La iniciativa busca reformar el artículo 14 de Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, para establecer que el órgano jurisdiccional que reciba la solicitud deberá admitirla de manera inmediata y verificar la información que le sea presentada, y no en un lapso no mayor a cinco días naturales como hoy lo especifica la ley. También plantea que, si la persona solicitante no cuenta con alguna información, el órgano jurisdiccional competente del fuero federal en materia civil la solicitará de manera oficiosa a la autoridad, dependencia e institución, quienes tendrán un plazo de 24 horas para remitirla. Con esta modificación se acorta el tiempo que actualmente establece la ley de cinco días hábiles. El documento, que se envió a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia para su análisis, también modifica el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para precisar que las y los jueces federales tienen la facultad de conocer los delitos de orden federal como el secuestro, la desaparición forzada y la privación de la libertad. De igual manera, reforma el artículo 70 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para acortar el tiempo en el que la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición de Personas realice las investigaciones. Añade que las investigaciones deben realizarse en un término no mayor a doce horas, salvo que por su naturaleza se requiera un término mayor, en cuyo caso lo podrá ampliar hasta sesenta y cuatro horas. Actualmente, la ley establece tiempos no mayor de setenta y dos horas y ciento cuarenta y cuatro horas, respectivamente. En la exposición de motivos considera que se debe poner especial atención a los grupos de personas vulnerables, como niñas, niños y personas con discapacidad, que siempre han representado un sector frágil a problemáticas de este tipo. Menciona que dentro de los focos rojos que más preocupan están el acoso a los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de casos de desaparición forzada. ​Destaca que un informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) afirma que en México la situación de las personas defensoras de derechos humanos es preocupante y algunas de ellas han sido desaparecidas como consecuencia de su participación en procesos de búsqueda y de lucha contra las desapariciones en el país. Puntualiza que este informe es de suma importancia y requiere una acción urgente en el ámbito político; por ello, es necesario colocar la prevención en el centro de las políticas nacionales que puedan hacer frente a este inquietante fenómeno.

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De salida les informamos que la diputada Marisol García Segura (Morena) propuso un punto de acuerdo para solicitar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) la capacitación de sus funcionarios, con el objetivo de evitar la discriminación hacia familias homoparentales.

En un comunicado compartió que el pasado 26 de octubre una trabajadora social del Hospital General Agustín O' Horán, en Yucatán, realizó un estudio socioeconómico a Julissa Chuc para determinar el monto que tenía que cubrir por un parto. Durante la entrevista, dicha funcionaria sugirió que, por la expresión de género masculino de Julissa, ella no podría tener hijos, cuestionando su maternidad.

Debido a lo anterior, detalló, la trabajadora social denunció el caso ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay), quien abrió una carpeta de investigación en contra de Julissa, “producto de este proceso le fueron arrebatados sus dos hijos”.

“El caso no es aislado, ya se han presentado en otras entidades de la república mexicana en donde las madres lesbianas son separadas de sus hijos o hijas con un criterio discriminatorio y basado en prejuicios”, comentó.

Dijo que de acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas (ONU), en el ámbito familiar el bien superior de las infancias implica la buena convivencia y el desarrollo de los hijos con sus progenitores.

“Este criterio no se ha cumplido en el caso de las familias que forman las mujeres lesbianas y que muchas veces son separadas por funcionarios de los DIF estatales”, mencionó.

“Debido a que hay una afectación directa hacia las niñas, niños y adolescentes cuando son separados de sus madres y padres, esto produce ansiedad, depresión, tristeza, irritabilidad y angustia, es decir, la separación causa estragos en los menores por lo que debe ser el último recurso y no el primero”, apuntó.

Por todo lo anterior, exhortó al DIF a capacitar a sus funcionarios para la atención de familias homoparentales y que “cesen estos actos de discriminación que van en contra del bien superior de las infancias”.

Rugidos

¿Desempleada?

El presidente Andrés López Obrador derogó la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, donde su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez fungía como presidenta del Consejo Asesor Honorario.

Dicha entidad era parte de la Oficina de la Presidencia de la República, la cual ayer cerró, luego de que en el Diario Oficial de la Federación se publicara el Decreto que deroga las fracciones III y X del Artículo 3ero y los Artículos 24 y 37.

Todos estos formaban parte del reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, entre los cuales se encontraba dicha Coordinación presidida por la señora Beatriz Gutiérrez de quien no se informó si ocupará otro cargo de responsabilidad dentro del gobierno federal.

Tras darse a conocer la medida, ésta ya no sorprendió ni a propios y mucho menos a extraños, toda vez que en las redes sociales las opiniones publicadas ahí, coincidían en citar que la decisión “es irrelevante y de poco interés público”.