Selva Política

*Buscan Diputados, Tipificar Como Delito Grave, la Venta de Bases de Datos

*Presenta Movimiento Ciudadano, Denuncia Contra Funcionarios de Campeche

El diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) impulsa una iniciativa para reformar el artículo 63 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con el propósito de constituir como delito la venta o transferencia indebida de bases de datos que configuren un mercado negro de esta información. ​La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria indica que los datos personales constituyen hoy día un activo de enorme valor en el ámbito comercial, dado que su tráfico en el mercado negro ha perfilado un lucrativo negocio que violenta abiertamente la legislación. Ante ello, García Hernández consideró relevante regular el tratamiento legítimo, controlado e informado que garantice la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. La iniciativa detalla que el uso de recursos tecnológicos ha contribuido a que crezca el número de organizaciones de carácter mercantil que están a la caza de la recolección, entrecruzamiento y transmisión de datos personales. Indica que el tráfico ilegal al que la información de bases de datos es sometida, es utilizada por empresas para arman estrategias de mercado, desdeñar el cumplimiento de la legislación y normatividad aplicables, con el único afán de hacer crecer sus negocios, a través de prácticas de acoso. Subraya la cosecha de datos se realiza mediante llamadas telefónicas, envíos de correos electrónicos y de la red de internet de computadoras u ordenadores de mensajes, que orillan a los usuarios a dar pulsaciones que los llevan a caer en trampas comerciales, no sólo para venderles determinados productos o servicios, sino también para requerirles con trucos cibernéticos, datos personales y hasta información de carácter sensible. Expone que todos estos actos son una flagrante violación legal, donde tanto encargados como responsables del tratamiento de datos personales, no atienden solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y omiten comunicar avisos de privacidad a los particulares. Frente a estos hechos, concluye, es imperativo garantizar la salvaguarda de la injerencia de terceros en los datos de carácter personal en manos de particulares, no sólo por la vinculación que entrañan con la esfera privada de las personas, sino porque su transferencia indebida da paso a la eventual comisión de fraudes y extorsiones.

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En otro tema, el coordinador del Grupo Parlamentario de MC, Jorge Álvarez Maynez, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) en contra de expriistas por el presunto desvío de recursos públicos para financiar la campaña de Morena en Campeche. Aseveró que en las elecciones de esa entidad que se llevaron a cabo en junio de 2021 se concretó un fraude en contra del candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández, quien obtuvo más votos que aspirantes del resto de los partidos. “Estamos presentando una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, en la Fiscalía General de la República, para que se investiguen estos hechos y se sancione. Se le robó el triunfo a Movimiento Ciudadano y a Eliseo Fernández en Campeche, y creemos que es hora de hacer justicia”, asentó en un comunicado. El líder parlamentario expuso que en esa elección se arrebató el triunfo a MC a través de dos instrumentos de fraude electoral: por un lado, la operación del entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y por otro, el pacto entre el gobierno del PRI y de Morena. “Ahora que conocemos, a través de videos, que demuestran que los gobiernos priistas de Campeche entregaron recursos públicos, ilegales, a los principales operadores que en ese momento se identificaban con el PRI y que terminaron siendo los funcionarios más encumbrados del gobierno de Layda Sansores y de Morena en Campeche, es evidente que ese fraude electoral sí sucedió, y que no se sancionó correctamente por parte de las autoridades electorales”, señaló.

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En otro tema, ayer el diputado Luis Mendoza Acevedo (PAN) dio a conocer que impulsa una iniciativa de ley para reformar los artículos 29 y 77 BIS 12 de la Ley General de Salud, a fin de establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un incremento anual que satisfaga los servicios de salud y medicamentos gratuitos. “Los mexicanos que padecen una enfermedad no necesitan pretextos para poder acceder a los servicios de salud y medicamentos para sus tratamientos", indicó en un comunicado. Mendoza Acevedo planteó que desde el PEF se establezca un incremento anual que garantice la existencia de medicamentos esenciales para la salud de los mexicanos y sus tratamientos. Argumentó que derivado de la pandemia por Covid-19, se registró un rezago en la detección y tratamientos ya que, durante el tiempo de confinamiento, se priorizó la atención a la pandemia y dejó de lado otras enfermedades a las que hoy hay que hacer frente. “El impacto en la disminución en los servicios de salud ha incrementado la mortalidad y retrasado la detección oportuna y el tratamiento de enfermedades". También ha aumentado el desabasto de tratamientos para niños con cáncer y hay denuncias de personas a quienes no les surten sus recetas durante meses, o peor aún, sus citas llegan cuando la enfermedad está avanzada. El diputado panista refirió que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa) federal, el cáncer es la principal causa de muerte en niños de entre 5 y 14 años, en promedio hay de cinco y seis mil nuevos casos anualmente. Reiteró que el Gobierno está obligado a garantizar un sistema de salud de calidad para cumplir con el derecho a la protección de la salud establecido en el artículo 4° constitucional, sin pretextos y contando con los recursos suficientes para abastecer con insumos y medicamentos las necesidades de la población en materia de salud.

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De salida les informamos que la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) presentó una reforma a la Ley de Migración, con el fin de incorporar lenguaje incluyente en la Ley de Migración. Lo anterior, ante la progresiva adecuación que han sufrido los ordenamientos jurídicos de todo tipo para incorporar el lenguaje incluyente en su redacción, detalló en un comunicado. En ese sentido, la legisladora indicó que las modificaciones propuestas a todo el cuerpo de la ley tienen como fin “promover normas que no discrimen y visibilicen los derechos de todas las personas sin distinción de género, condición social o situación migratoria”. Argumentó que, desde 2019, cuando se decretó la incorporación del uso del lenguaje incluyente en la propia Constitución, es menester promover un avance en la materia, por lo cual, la Ley de Migración no puede mantener su redacción actual, “en el que persiste el uso de los vocablos “mexicanos”, “extranjeros” o “migrantes”. En consecuencia, la también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género indicó que es tiempo en que el concepto de “persona” sea incorporada a la ley en comento, pues el término “corresponde con los parámetros establecidos por la Constitución en materia de derechos humanos, y con su espíritu, en tanto centrar los distintos ordenamientos jurídicos en las personas como sujetos de derechos”. Vences Valencia refirió que la redacción jurídica contiene una función simbólica como los teóricos del lenguaje han señalado, “la discriminación también se ejerce a través del lenguaje, debido a que se convierte en un instrumento para comprender la realidad social y este puede dignificar o visibilizar a las personas”. “Resulta fundamental modificar paulatinamente el marco jurídico nacional mediante la incorporación de un lenguaje incluyente”, pues esta es una herramienta que propicia el reconocimiento de derechos “sean mujeres, hombres, niñas o niños”.

Rugidos

Espiral Inflacionaria

El crecimiento de la inflación, reflejada en el aumento de los precios y tarifas de bienes y servicios, prendió ya las luces rojas de la economía nacional, lo que obligó a reconocer al presidente Andrés López Obrador que el momento es complicado, pero no alarmante.

Los ajustes en los precios y tarifas de gasolinas, gas, electricidad, tasas de interés bancarias y precios de los productos de la canasta básica, entre muchos otros, golpea ya de manera importante a la economía de la familia de millones de trabajadores en el país.

La tortilla, el huevo, aguacate, azúcar, pan y carne por citar algunos artículos de primera necesidad están dejando de adquirirse por los trabajadores de clase media y baja en un claro mensaje de que la inflación sigue en ascenso, lenta pero constantemente.

Ante el fenómeno internacional de una espiral inflacionaria, debido a causas de los mercados financieros y económicos internacionales, urge que el gobierno –por lo menos el de México—implemente un plan de acción que aminore los efectos inmediatos de una economía sin control que golpea a los precios y tarifas de bienes y servicios de primera necesidad.