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MIGUEL BARBA

Selva Política


*Aprueban Reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal; Estandarizan Obligaciones


*Urgen a Elevar Pensión por Defunción a Deudos de Militares que Fallecen en Activo

La Comisión de Ganadería, presidida por la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (PRI), aprobó con 22 votos, una abstención y cero en contra, reformar la Ley Federal de Sanidad Animal, con el objeto de estandarizar los parámetros para el pago de obligaciones, multas, cuotas, sanciones administrativas o penas convencionales.

El dictamen a la minuta proveniente del Senado de la República modifica los artículos 169, 171, 172, 173, 174, 175, y adiciona el 172 Bis de dicho ordenamiento legal, también elimina las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia.

Cita que al que ingrese al territorio nacional animales, bienes de origen animal, así como productos para uso o consumo animal y por cualquier medio evada un punto de inspección en materia zoosanitaria y pone en peligro o en riesgo la situación zoosanitaria del país incumpliendo el carácter normativo respectivo, se le impondrá multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Asimismo, enlista 32 sustancias o productos prohibidos para uso o consumo en animales cuyo destino final sea el consumo humano. Agrega que el Carbadox (QCA) está prohibido para todos los porcinos adultos y además para todas las edades de las demás especies de animales destinadas para el abasto.

Adiciona en el artículo 174 el término “distribuya” para dar continuidad al texto normativo en los artículos que lo anteceden.

La diputada Camarena Jáuregui dijo que el fin de armonizar las normas es dar claridad, certeza y mayor peso jurídico en su aplicación para evitar conflictos y dotar de eficacia la aplicación del derecho.

Refirió que la armonización normativa no debe ser considerada como una simple actividad optativa para los poderes de la Unión, ya que es un deber jurídico derivado de la dinámica del orden jurídico, incorporar la normatividad que dé certeza legal.

“Se coincide con la minuta, al establecer este listado de sustancias y productos prohibidos como el Carbadox de una manera enunciativa sin limitar y dejar de lado que podrán existir en un futuro diversas y nuevas sustancias que podrían ameritar el estar en un estado similar”, subrayó.

El Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara determinó que la eventual aprobación de la minuta no generaría un impacto presupuestario, señaló la diputada Camarena Jáuregui.

Asuntos generales

La diputada presidenta María del Refugio Camarena Jáuregui planteó que en reunión extraordinaria de la Comisión entre todos los integrantes construyan el plan de trabajo.

El diputado Maximiano Barboza Llamas (Morena) comentó que el sector lechero pasa por situaciones difíciles ya que el costo del litro de leche oscila entre 12.50 pesos por litro; por ello, destacó la importancia de realizar un foro en Los Altos de Jalisco y otro en Chihuahua en el que asistan productores, ganaderos, empresas y representantes de organizaciones; “sería muy importante realizar estos foros para escucharlos directamente”.

Vía zoom, la diputada Martha Estela Romo Cuéllar (PAN) consideró que es más importante dar solución a los productores lecheros que realizar foros. “Lo que quieren los productores es que los dejemos trabajar, no quieren más foros, lo que quieren son resultados”.

También vía plataforma digital el diputado Antolín Guerrero Márquez (Morena) expresó que es ineludible que el campo necesita atención, por lo que dijo que más allá de posturas partidistas, lo más importante es defender. “Los invito a que todos trabajemos en este sentido y podamos ir más allá de nuestra propia postura para sacar al país adelante”.

Del PAN, el diputado Francisco Javier Castrellón Garza destacó la importancia de que entre todos los grupos parlamentarios se construya el plan de trabajo, “que no salga solo de la oficina de la presidenta de la Comisión, que salga del pleno y que todos estemos de acuerdo y se vote por unanimidad su contenido y alcances”.

Vía zoom, la diputada Marcia Solórzano Gallego (PAN) subrayó que el sector lechero “está molesto porque hablamos y no ponemos manos a la obra; yo creo que aquí en la Comisión debemos defender, legislar y apoyar al sector que ha estado desprotegido”.

El diputado Esteban Bautista Hernández (Morena) subrayó que es importante que en futuras mesas de trabajo se incluya a los pequeños productores.

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En otro tema, ayer el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) sostuvo que es urgente sacar adelante la iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, para elevar las pensiones por defunción a los deudos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Es un compromiso que se tiene con las Fuerzas Armadas y necesitamos a la de ya atender este este tema, sobre todo porque el Ejército ha sido uno de los grandes aliados de esta Cuarta Transformación, han sido leales, han sido discriminados, le han ahorrado muchísimo al Estado mexicano y lo mínimo que podemos hacer es darle esta retribución”, subrayó.

Explicó que actualmente se ha identificado que el 75 por ciento de los miembros de las Fuerzas Armadas, si llegaran a fallecer en activo, los deudos recibirían un monto que está por abajo de la línea de pobreza, por lo que con estas reformas se busca que la pensión se ubique, por lo menos, en la línea de bienestar.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación comentó que la razón por la cual se ha frenado esta iniciativa es porque tiene un impacto presupuestal de mil 250 millones de pesos anuales y no se ha obtenido el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin embargo, Carrillo Cubillas señaló que mediante un estudio actuarial han identificado cómo revolver este impacto en un periodo de cinco años, con economías de la propia Sedena, que pudiera generar un impacto cero.

“Se está tratando de negociar con la SHCP que, mediante economías de las propias instituciones, no sean reintegradas a la Tesofe y se queden en las instituciones y con eso fondear estos incrementos”, precisó.

Esto, dijo, sería en lo que son sostenibles los proyectos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum, ya que parte de sus utilidades se irían para fondear estas pensiones.

En ese sentido, el diputado de Morena informó que solicitó al presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Ricardo Villarreal García (PAN) que gestione una reunión con la SHCP, la Sedena y diputados para analizar esta situación y posteriormente con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de manera que se pueda tener un dictamen positivo a la iniciativa que presentarán todos los grupos parlamentarios.

“Nosotros queremos sensibilizar a la gente de Hacienda y demostrarles que no vamos a afectar partidas presupuestales que no están consideradas; sería con las propias economías de estas instituciones y, sobre todo, recordarles que es un compromiso que también hizo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador”, finalizó.

Rugidos

El Estado Mexicano, Tiznado

Con la resolución del jurado en el caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal durante la administración del también ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, el Estado Mexicano como institución resultó manchado.

Muy pocos casos de ex servidores públicos del Estado Mexicano han sido juzgados en tribunales de los Estados Unidos y, el de Genaro García Luna debe quedar muy en claro que, aun y cuando dejó de ser funcionario público hace más de 10 años, la figura institucional de la dependencia donde laboró y desde donde operó a favor del narcotráfico, fue llevada al banquillo de los acusados.

Si bien es cierto que se ha juzgado el actuar y desempeño de una persona, ex funcionario público al servicio del Estado Mexicano, lo cierto es que la Secretaría de Seguridad Pública Federal ha sido afectada en su imagen y compromiso como ente del gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Tras la deliberación del jurado, ahora se tiene la percepción no solo de que en las instituciones del Estado Mexicano pueden laborar malos funcionarios, sino además las entidades institucionales bien pueden servir y ser utilizadas para delinquir a gran escala.

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