Selva Política

*Proponen Reducir la Edad Necesaria Para ser Diputado, Gobernador y Srio de Estado.

*Pretenden Diputados Aplicar Sanción Penal a Quien Extorsione Desde las Cárceles

A fin de reducir la edad necesaria para poder ser diputado federal, secretario de Estado y gobernador constitucional de una entidad, la diputada Andrea Chávez Treviño (Morena) planteó modificar los artículos 55, 91 y 116 de la Constitución Política, para incorporar a las juventudes en los espacios de toma de decisión.

Con la iniciativa enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, se busca determinar que para ser diputado se requiere tener 18 años cumplidos el día de la elección, en lugar de 21 años como actualmente se establece.

Mientras que, para ser secretario de Estado o gobernador constitucional de un estado, se necesitaría tener 25 años cumplidos, en vez de 30 años como lo señalan los artículos 91 y 116 constitucionales.

Chávez Treviño indica que la finalidad es eliminar “esa segregación discriminatoria que se hace en los hechos a la población más joven del país, manteniéndolos fuera de la política, sin representación directa. Con su inclusión, buscamos impulsar su ingreso a la actividad política y electoral fortaleciendo la democracia nacional”.

Resalta que de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, en México habitan 31 millones de personas de 15 a 29 años, que representan el 25 por ciento del total de la población y, por grupos de edad, 10.8 millones pertenecen al rango de 15 a 19 años, 10 millones al grupo de 20 a 24 años y 9.9 millones al de entre 25 y 29 años.

Añade que, con esas cifras, actualmente se imposibilita la participación de un porcentaje significativo del pueblo de México. “Estos son jóvenes ciudadanos mexicanos, que encuentran en el requisito de edad un obstáculo para ejercer sus derechos constitucionales pues, sin algún elemento objetivo más allá de su edad, les estamos negando la posibilidad de ejercer estos puestos de elección popular y altos cargos en el servicio público, prerrogativa que les correspondería como ciudadanos”.

La diputada de Morena expone que el requisito de edad vigente que prevé que únicamente a los 21 y 25 años de edad una persona mexicana podrá acceder a un cargo de diputación federal o como titular de una secretaría de Estado o gubernatura, contradice la esencia del artículo 1º constitucional que prohíbe toda discriminación por razones de edad que anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.

Refiere que, de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral, al 4 de noviembre de 2022 había 96 millones 299 mil 639 personas inscritas en el Padrón Electoral, un millón 664 mil 488 contaban con 18 años de edad y 2 millones 266 mil 119 con 19 años, 11 millones 300 mil aproximadamente de 20 y 24 años de edad y 11 millones 201 mil 914 de 25 a 29 años de edad.

Es decir, 26 millones 282 mil 570 ciudadanas y ciudadanos jóvenes mexicanos están accediendo al ejercicio de su voto directo, “sin la posibilidad de votar por un representante popular joven o acceder a cargos del servicio público de alto nivel como lo es el de la Secretaría de Estado. Esta situación es contradictoria y sin duda impacta el nivel de participación de las y los jóvenes en las elecciones y en la actividad pública”.

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En otro tema, la diputada Ana Laura Bernal Camarena (PT) propuso reformar el artículo 390 del Código Penal Federal, a fin de sancionar a quien esté sentenciado y recluido en un centro penitenciario y pretenda extorsionar a una persona; actualmente la ley no contempla sanciones para estas prácticas.

En un comunicado, dijo que es ilegal que los reos posean un teléfono celular para comunicarse.

Señaló que en 2021 se cometieron 829 mil delitos de extorsión; en 44.8 por ciento de los casos se pagó la cantidad que los delincuentes demandaron, aseveró

“La extorsión realizada desde los centros penitenciarios es un grave problema de seguridad nacional que urge erradicar, porque representa un cúmulo de conductas antijurídicas, como es que los reos posean un teléfono celular para comunicarse con cualquier persona”, alertó la legisladora.

“De acuerdo con el Informe Anual de Resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), existen alrededor de 947 equipos celulares que se utilizan para hacer llamadas desde diversos penales del país”, denunció.

Agregó que este estudio arrojó que los equipos sospechosos, en los siete penales que fueron utilizados como muestra, variaron cada semana y fueron la fuente de 219 mil 700 llamadas en el periodo de prueba, siendo una cifra anual de 3.7 millones.

Bernal Camarena destacó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2021 se cometieron 829 mil delitos de extorsión; en 44.8 por ciento de los casos se pagó la cantidad que los delincuentes demandaron.

“Incurrir en una falta tan grave y aún en cumplimiento de la sentencia que se le haya dictado, representa razón suficiente para poner atención en este delito efectuado desde los centros penitenciarios en México, por eso presento esta iniciativa que busca inhibir este tipo de prácticas que tanto dañan a la población”, sentenció.

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De salida les informamos que el diputado Jorge Luis Llaven Abarca (PVEM) planteó que los servidores públicos tengan una permanencia mínima de cuatro años en las instituciones de seguridad pública en alcaldías o ayuntamientos del país y conserven actualizado su Certificado Único Policial, a fin de abonar a la profesionalización de los policías municipales e incentivar su estabilidad laboral,

En un comunicado, explicó que el cambio legal impactará de manera positiva en la percepción y nivel de satisfacción que tiene la ciudadanía respecto a la seguridad pública, debido a que los agentes policiales tendrán estabilidad laboral; la mejora en sus condiciones de trabajo es con la continuidad o permanencia en su empleo.

La reforma propuesta al artículo 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública aplica a las personas servidoras públicas de las instituciones de seguridad pública municipales, con una permanencia mínima de cuatro años, computados a partir de su ingreso a la Carrera Policial, siempre y cuando cumplan cabalmente con los requisitos establecidos en el Apartado B de la ley en cuestión, detalló.

Llaven Abarca explicó que tan sólo en 2021, con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 70 por ciento de la población mayor de 18 años que habita en áreas urbanas, de más de 100 mil habitantes, manifestó sentirse satisfecha con la recolección de basura, no así, con la seguridad pública, sólo el 25.5 por ciento dijo estar contenta con sus cuerpos policiacos.

“De las reformas en materia de seguridad realizadas en fechas recientes, lamentablemente, ninguna incentivó el fortalecimiento de la capacidad administrativa de las instituciones de seguridad municipal, ahora lo que se busca es, que los policías mejoren sus condiciones de trabajo, con continuidad o permanencia en la institución, cada que se presenta un cambio de administración, pues muchos de ellos, son despedidos a pesar de contar con los conocimientos y tener una certificación” concluyó.

Rugidos

Frente Cívico Ciudadano

Durante su segunda marcha y manifestación, ayer en la Ciudad de México y cien localidades más en el país, el Frente Cívico Ciudadano sentó las bases de la lucha por el respeto a la autoridad electoral, por el voto libre de los electores y por el rechazo a cualquier reforma que entorpezca la labor que el INE ha realizado hasta el momento.

Haber tenido la capacidad de convocatoria para que decenas de miles de ciudadanos, sin preferencia hacia una corriente o partido político, llenarán el zócalo capitalino, corazón político del país y haberse manifestado y tenido presencia en más de cien localidades del territorio nacional, coloca al FCC en la plataforma de lanzamiento de la que puede ser una candidatura presidencial ciudadana con posibilidad de obtener la victoria.

El Frente Cívico Ciudadano volvió a mostrar y demostrar que tiene músculo, respaldo y promotores capaces y decididos para impulsar una propuesta a la candidatura presidencial, auqnue su principal objetivo por ahora sea salvaguardar al Instituto Nacional Electoral para evitar ser dañado con las reformas que el actual presidente de México, Andrés López Obrador viene proponiendo.