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MIGUEL BARBA

Selva Política


*Impulsan Reformas a Leyes del IMSS e ISSSTE; Buscan Ampliar Cobertura en Atención


*Avanza la Igualdad de Género Para el Sector Pesquero Acuícola del País

El diputado Omar Enrique Castañeda González (MC) impulsa reformas a las leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la finalidad de incluir a las personas con discapacidad y los dependientes económicos a los derechos derivados de la seguridad social con independencia de la línea o el grado que se tenga con la o el derechohabiente.La iniciativa, que modifica el artículo 5 A de la Ley del Seguro Social, permitirá ampliar el concepto de beneficiarios, al precisar que son aquellas personas que dependen económicamente de la o el asegurado o de la o el pensionado.

Agrega que se incluirán como beneficiarias a todas aquellas personas ascendientes y descendientes de la o el asegurado o de la o el pensionado, independientemente de la línea y el grado de parentesco, que presenten alguna enfermedad crónica o discapacidad y que no tengan por sí mismos los derechos previstos en esta Ley o que les sean otorgados por cualquier otro instituto de seguridad social. Respecto a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, adiciona el inciso e) al artículo 6, para señalar que son familiares derechohabientes los ascendientes y descendientes, independientemente de la línea y el grado de parentesco, del trabajador o pensionado que presenten alguna enfermedad crónica o discapacidad, lo que deberá comprobarse mediante certificado médico. El documento, turnado a las comisiones de Seguridad Social para dictamen y a la de Trabajo y Previsión Social para opinión, refiere que México, a pesar de ser un actor muy importante en el tema de la Convención de las Personas con Discapacidad, no todas las personas con discapacidad y/o algún problema o condición mental pueden acceder a los servicios de salud por diversas y muy variadas causas, y cuando pueden ser beneficiarios de dichos servicios viven diariamente grandes barreras para acceder a su atención.

En este sentido, explica que las clínicas y hospitales médicos suelen ser inaccesibles física y económicamente, pues se enfrentan a la falta de medios de transporte adecuados para el acceso a la atención y/o rehabilitación, por lo que el tratamiento es negado a causa de la misma discapacidad. Considera que el acceso pronto, suficiente y accesible forma parte del derecho a la salud, lo cual implica la obligación del Estado para generar condiciones y oportunidades económicas, ambientales y sociales necesarias para que todas las personas puedan vivir en un bienestar pleno. La importancia de esta reforma radica en que de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en México residen siete millones 168 mil 178 personas con discapacidad y de estas el 76 por ciento, es decir cinco millones 426 mil 553, cuentan con afiliación a servicios de salud y consecuentemente el 24 por ciento restante no. Ante ello, sostiene que para garantizar el bienestar de las personas con discapacidad o algún problema o condición mental es fundamental que reciban una atención integral de calidad en instituciones en donde puedan ser atendidos con base en sus necesidades y que el traslado y la infraestructura no signifique una barrera para su atención.

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En otro tema, ayer la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (PRI) encomió que la Cámara de Diputados aprobara un dictamen en el que se incluye una propuesta de la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) para agregar los conceptos de igualdad de género, perspectiva de género y sector pesquero acuícola dentro de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.Asimismo, para eliminar cualquier forma de discriminación dentro de este grupo poblacional, detalló Camarena Jáuregui en un comunicado, referente a su participación en tribuna durante la aprobación de dichas modificaciones legales.Señaló que esta propuesta engloba no sólo a las mujeres, sino a la igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación y la atención de las necesidades básicas del sector pesquero y acuícola para lograr su desarrollo.Destacó que a nivel nacional son más de 22 mil mujeres las que se dedican tanto a la pesca como a la acuacultura, de ellas el 72 por ciento se dedica a la producción primaria y el 28 por ciento al procesamiento de los productos pesqueros y acuícolas.La legisladora priista remarcó que estas reformas tendrán un impacto en la vida y desarrollo de las mujeres en esta materia, por lo que refirió que desde su grupo parlamentario se trabaja para atender las demandas de las mujeres del sector primario.

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De salida les informamos que el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que es imperativo que el Gobierno Federal rediseñe la estrategia de seguridad para garantizar la seguridad de las y los mexicanos.

Expresó su preocupación respecto a los recientes acontecimientos de inseguridad suscitados en la frontera norte de México, al tiempo que señaló que “nunca se habían visto cifras de esta magnitud, ni un incremento tan alarmante en los casos de violencia que atemorizan a las familias mexicanas”.

“Para el PAN en la Cámara de Diputados proponer, actuar y cambiar de estrategia es la mejor forma de defender a México, de reducir los niveles de violencia y regresar la paz a los hogares mexicanos”, subrayó.

“Su implementación no es difícil, pero sí necesariamente tiene que haber diálogo y voluntad para resolver el problema. Por nuestra parte lo hay, México cuenta con el PAN, pero no mejorarán las cosas mientras el oficialismo ignore las distintas voces de nuestro país, hacia quienes proponemos cosas que sí dan resultados”, abundó.

Enfatizó que su grupo parlamentario está trabajando a favor de las familias mexicanas con nuevas políticas de seguridad enfocadas a combatir el alarmante incremento en las cifras de violencia, y anunció que será en las próximas semanas que den a conocer su plan para defender a México de la inseguridad.

“Es imperativo cambiar de estrategia para garantizar la seguridad de las y los mexicanos y en el PAN tenemos un plan para combatir la inseguridad.

"La prueba de su eficacia está en nuestros buenos gobiernos estatales, como es el caso de Yucatán, que es el estado más seguro del país.

"Y también gobiernos locales, como por ejemplo la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, donde la percepción de inseguridad y el vandalismo es mínimo; San Nicolás, en Nuevo León, con los mejores desempeños de la policía preventiva municipal en todo el país; Mérida, Yucatán, donde casi erradicamos las víctimas de delitos en hogares; o en Aguascalientes, donde las y los hidrocálidos se sienten seguros al salir a la calle porque la tasa de homicidio doloso es de las más bajas del país", comentó

El líder parlamentario afirmó que el Gobierno Federal “se empeña en seguir replicando sus errores a pesar de que a diario se siguen suscitando casos inauditos a lo largo y ancho de nuestro país.

“El Gobierno morenista está haciendo historia, no sólo en las entidades que gobierna, sino en todo el país; pero desafortunadamente está haciendo historia por la ola de violencia sin precedentes”, dijo.

Reprochó que no se realicen tantas acciones cuando se trata de mexicanos desaparecidos, en contraste al hecho de que el gobierno de México haya desplegado toda su capacidad para hallar, bajo presión, a los ciudadanos estadounidenses desaparecidos en Tamaulipas.

“Quedó demostrado que el Gobierno sí puede encontrar a quienes se encuentran desaparecidos, tal como lo vimos esta semana al haber desplegado toda su capacidad para dar con los extranjeros que fueron víctima de la delincuencia en Tamaulipas bajo presión del gobierno de su país. Es sorprendente e indignante que eso no se realice cuando se trata de buscar a los más de 31 mil mexicanos desaparecidos en esta administración. Con esto, nos damos cuenta que en realidad, lo que hay, es falta de voluntad”, sostuvo.

Romero Herrera insistió que las cifras de violencia no son simples números, sino que representan familias enlutadas que han padecido la inseguridad e incluso perdido a uno o más de sus integrantes y llamó al Gobierno a tratar este tema con mayor sensibilidad.

“En Acción Nacional vemos con profunda tristeza que la violencia lastima cada vez más a las mexicanas y mexicanos. Los números que vemos en los informes de seguridad no son simples cifras, sino más de 140 mil familias que han padecido por la inseguridad o han sido destrozadas porque el crimen organizado les arrebató a uno o más de sus integrantes. Llamamos con total seriedad al Gobierno a tener más sensibilidad y sobre todo, actuar, para buscar darle fin a tan lamentable situación. Reiteramos en la necesidad de construir propuestas que sirvan a México y que sirvan a sus familias”, enfatizó.

Rugidos

Válida Protesta Militar


A más de uno sorprendió la marcha y acto de protesta que soldados, marinos, activos y en retiro, acompañados de familiares, amigos y simpatizantes llevaron a cabo el domingo en nada menos y nada más que 19 estados del país, donde exigieron respeto a sus derechos humanos y garantías para no ser juzgados por cumplir con su deber.

La histórica marcha –fue la primera que se tenga noticia, realizada por la milicia--, sacudió conciencias y mandó un claro mensaje al presidente Andrés López Obrador, su jefe máximo, en busca de apoyo y respaldo para realizar sus nuevas tareas de vigilancia y seguridad sin que ello, ponga en riesgo la libertad de cualquier integrante de la tropa.

Durante los gritos de protesta y arengas escuchadas el domingo en las distintas localidades, llevadas a cabo por soldados y marinos, se denunció el riesgo que corren cada uno de ellos al cumplir con el deber encomendado de impedir actos fuera de la ley.

La delincuencia organizada y muchas veces disfrazada, da a los elementos del Ejército y la Marina respuestas violentas con armas de fuego que necesariamente deben ser respondidas. Como resultado de ello y en la mayoría de los casos, tras los enfrentamientos vienen las detenciones y juicios en contra de los servidores del Estado a quienes se busca llevar a prisión por el simple hecho de cumplir con su deber.

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