Selva Política

*Impulsan Iniciativa Para dar a Adultos Mayores en Abandono, Acceso a Albergues

*Justo, Recompensar a Maestras y Maestros que Laboran en Zonas Rurales del País

La diputada María Asención Álvarez Solís (MC) impulsa una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de que este sector de la población que se encuentre en situación de calle sea sujeto de derecho a programas para tener acceso a una casa hogar o albergue, u otras alternativas de atención integral.

Las modificaciones a los artículos 5, 8, 18 y 22 de la mencionada ley, también proponen establecer que ninguna persona adulta mayor en situación de calle podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.

Asimismo, se les deberá garantizar gestiones de apoyo y protección por parte de las instituciones públicas del sector salud y de programas de prevención y protección correspondientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos en instituciones adecuadas.

La exposición de motivos de la iniciativa, remitida a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, refiere que México, al igual que otros países, experimenta un proceso de envejecimiento en su población, ya que de acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 2020 la población de 60 años y más pasó de 9.1 por ciento en 2010 a 12.0 por ciento en 2020.

Afirma que este proceso de envejecimiento de la población es notorio, y datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), para el segundo trimestre de 2022, estiman que en nuestro país residían 17 millones 958 mil 707 personas de 60 años y más (adultas mayores), que representan el 14 por ciento de la población total de México; más de la mitad (56 por ciento) tiene entre 60 y 69 años.

Conforme avanza la edad, agrega, este porcentaje disminuye: 30 por ciento en lo que corresponde al rango de 70 a 79 años de edad, y 14 por ciento a las personas de 80 años y más. En cuanto al sexo, el porcentaje es ligeramente más alto para los hombres de 60 a 69 y para las mujeres de 80 años y más.

Menciona que el Censo de Población y Vivienda 2020 revela que en nuestro país casi tres millones de persona adultas mayores no están afiliadas a alguna institución de servicios de salud.

Según el estudio “Personas mayores en calle. Problemáticas, testimonios y recomendaciones”, este sector de la población experimenta una triple discriminación: por su edad, su precariedad económica y su condición de vida en calle.

Por ello, indica, ante la múltiple vulnerabilidad y discriminación que enfrentan, respecto a su reconocimiento y defensa de sus derechos humanos y el acceso a los bienes y servicios, es una problemática que debe ser atendida de forma transversal, ya que impacta de forma directa a diversas instituciones públicas, privadas y sociales.

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Por otra parte, el diputado Alberto Anaya Gutiérrez (PT) propuso reformar diversos artículos de la Ley General de Educación, a fin de que las autoridades educativas garanticen programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus servicios en zonas rurales, en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Los cambios a los artículos 9, 102 y 124 de dicha norma legal también establecen que las autoridades educativas atiendan de manera prioritaria las escuelas que, por estar en pueblos afromexicanos, tengan mayor posibilidad de rezago o abandono escolar.

Asimismo, que se privilegiará en los programas compensatorios que lleve a cabo el Ejecutivo Federal, a aquellas escuelas en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, de alta conflictividad social, rurales y en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

El documento, turnado a la Comisión de Educación, con opinión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, señala que las escuelas en zonas marginadas atraviesan una desigualdad social que trae consigo el carente desarrollo de la educación.

Menciona que información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestra que México tiene índices muy altos de deserción escolar, debido a factores que van desde el poco personal docente, hasta las condiciones deplorables de las aulas y escuelas en general, cuestiones que estamos llamados a combatir por un porvenir con bienestar para las próximas generaciones.

Precisa que los problemas de las escuelas en las zonas marginadas van desde no tener servicios públicos, hasta el difícil recorrido para llegar a ellas, pues buena parte de las comunidades aisladas se ubican, por ejemplo, en zonas montañosas donde el trayecto es de hasta tres horas.

En las escuelas establecidas en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, de alta conflictividad social, rurales y en pueblos de comunidades indígenas, las y los estudiantes ven limitado su derecho a la educación por la falta de maestras y maestros, resalta.

Subraya que entre las principales causas de la falta de personal docente en estos centros educativos está que el sueldo es insuficiente e inestable.

Por ello, indica, con incentivos salariales se puede posibilitar e incrementar la oportunidad para que los centros cuenten con personal docente preparado, capacitado y comprometido con la sociedad y ello produzca un ambiente educativo y laboral de calidad.

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De salida les informamos que éste sábado y domingo, en Córdoba, Veracruz, las Comisiones Unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados llevan a cabo la asamblea regional para el proceso de Consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada en materia de educación indígena, en cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia dela Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 121/2019.

La presidenta de la Comisión de Educación, Tania Flora Cruz Santos (Morena), afirmó que cada proceso de consulta implica una lección nueva y en esta ocasión fue constituir un comité orientador conformado por personas pertenecientes a los 68 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano.

Dijo que el trabajo del comité garantiza que en cada paso del proceso legislativo se vea reflejada la voluntad de las personas indígenas y del pueblo afromexicano, dando la certeza de que este no es un proceso de simulación, es de respeto, inclusión y legalidad.

Señaló que desde julio del año pasado, las Comisiones Unidas de Educación y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos acordaron realizar estos foros para atender el mandato de la SCJN, apoyados por los órganos coadyuvantes: Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Agradeció a todos los organismos que han participado de forma incansable y con el mayor de los compromisos para respaldar y dar certeza a las demandas de este sector, consolidadas en sus derechos humanos de recibir educación de excelencia, digna y adecuada.

Por su parte, Liliana Velazco Gutiérrez, de la Dirección de Participación y Consulta Indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), explicó que la acción de inconstitucionalidad declara la invalidez de los artículos 56, 57 y 58, contenidos en el Capítulo 6º de la Ley General de Educación.

Rugidos

¿Civilidad?

Arrancan las campañas políticas en busca del voto ciudadanos, donde los partidos políticos y sus candidatos buscarán alcanzar los puestos de elección popular que están en juego en el Estado de México, donde se disputa sólo la gubernatura y, Coahuila, donde además de la gubernatura está en juego el congreso local.

A los largo de dos meses, los candidatos a los puestos de elección tendrán el reto inicial de lograr desertar el interés ciudadano de participar en las elecciones y asistan el próximo 4 de junio a las urnas a depositar el voto que defina quienes obtuvieron el triunfo.

Deberá acompañar a la lucha iniciada, la civilidad con la que se lleven a cabo éstas. La violencia desatada sería un muy mal mensaje no solo para los ciudadanos, sino para la clase política nacional. El rechazo generalizado y unánime a la violencia y participación de los grupos criminales en las elecciones, deberán ser denunciado y atajado por los tres niveles de gobierno.

El juego limpio, donde las descalificaciones personales queden atrás, es lo que más conviene al país. La guerra de lodo y mentiras podría ser contraproducente al partido político que la inicie.