Selva Política

*Reconocen Diputadas de MORENA, Tener Deuda Histórica con los Migrantes

*Presentarán Demanda de Juicio Político en Contra del Secretario de Gobernación

Las diputadas de Morena, Olga Leticia Chávez Rojas y Evangelina Moreno Guerra, afirmaron que se tiene una deuda histórica con los migrantes, su esfuerzo y trabajo; “es nuestra responsabilidad regresarles lo mucho que han dado a nuestro país”.

Informaron que este lunes se celebró un Parlamento Abierto sobre la “Ley General de Atención y Protección a Migrantes", espacio donde los connacionales expresaron sus testimonios de vida y necesidades para una verdadera reinserción a su país de origen.

Por su parte, la diputada Chávez Rojas refirió que es necesaria una Ley General de Retorno, pues se trata de actualizar el marco jurídico para darles las herramientas necesarias y básicas a los migrantes que vuelven a México, para que se inserten a una vida próspera y productiva.

Adelantó que se tiene un compromiso y una deuda histórica, con la comunidad migrante mexicana; “estamos en cada necesidad de ustedes, y tratando de solucionarlas”, expresó.

En ese tenor, celebró la iniciativa propuesta por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, “que tiene por objetivo una reintegración plena de todos los mexicanos que retornen a nuestro país; a través de la cual se garantiza que puedan incorporarse en igualdad de condiciones, laborales, culturales, económicas, políticas, educativas, de seguridad social y de cualquier otra índole, garantizándoles en todo momento el respeto a sus derechos humanos”.

Chávez Rojas además compartió su testimonio sobre la incertidumbre que significó regresar a México de manera voluntaria, etapa de su vida en la que se confrontó con múltiples obstáculos para que sus hijos pudieran estudiar.

Asimismo, manifestó que otro elemento que debió superar fue la falta de documentación básica para el ejercicio de sus derechos como ciudadana mexicana, por ello, manifestó que “juntos vamos hacer algo para resolver la problemática de los mexicanos en el exterior”.

Al respecto, la diputada Evangelina Moreno Guerra subrayó que este proyecto debe leerse sin dejar de lado que México es el primer socio comercial de Estados Unidos, pues el elemento de la relación económica debe hacerse, con una lectura paralela a la relación que se mantiene con el fenómeno de migración.

Advirtió que es de suma importancia enfocarse en garantizar una reintegración dignificada a todas las personas que por decisión personal o por expulsión forzada han tenido que volver a México.

La convocatoria también contó con las intervenciones de expertos académicos, legisladores y activistas migrantes, así como la instalación de mesas de trabajo para la discusión del contenido de la Ley General de Atención y Protección a migrantes y sus familias en retorno al territorio nacional.

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Y quien no está contenta es la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, quien dio a conocer que que presentará una demanda de juicio político contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por violentar la división de poderes y evitar el funcionamiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai).

En rueda de prensa, recordó que el pasado 12 de abril, en una grabación difundida por el medio de comunicación “Latinus”, con el periodista Carlos Loret de Mola, “el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en reunión a puerta cerrada con los senadores morenistas, encabezados por Ricardo Monreal Ávila, los instruyó a no nombrar a los comisionados del Inai, para que éste quede inoperante, razón por la que el secretario de gobernación es susceptible de juicio político”.

Pérez-Jaén Zermeño señaló que el primer responsable de esta debacle es el propio Senado de la República, ya que desde el pasado 31 marzo de 2022 debería de haber nombrado a una comisionada y dos comisionados, por lo que “se convirtió en una institución inoperante con sólo cuatro de los siete comisionados, ya que a partir del 1 de abril de este año no existe el quorum para que sesione el Pleno del Inai”.

Explicó que derivado de las presiones que se ejercieron en el Senado, el pasado 1 de marzo del presente año, por mayoría calificada, se realizó el nombramiento de dos comisionados, sin embargo, estas designaciones fueron objetadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Si bien él tiene la facultad constitucional para objetar el nombramiento de los comisionados, esto debe realizarse de manera fundada y motivada con razones jurídicamente válidas, y no sólo por motivos subjetivos que lleven el único propósito de obstaculizar el desempeño natural e institucional del INAI”, apuntó.

Lo anterior, dijo “corrobora nuevamente el intento autoritario del Presidente de la República de quebrantar a los organismos constitucionales autónomos, en su afán de centralizar el poder en sus manos, y el de transparencia, no podía quedar exento”.

Sostuvo que el secretario de Gobernación, de acuerdo con sus facultades legales, es quien tiene a su cargo la relación con los poderes de la Unión; al transmitir la posición del Ejecutivo Federal no solamente lo hace en su calidad de representante, sino también de participante en la posición política e institucional.

“En su posición está en plena capacidad para negarse a transmitir la indicación presidencial y oponerse a ella, y si en el caso no sucedió, es partícipe, con plena convicción y voluntad, de paralizar la vida institucional, particularmente del Instituto como organismo democrático, pues forma parte de una decisión política fundamental consagrada en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política, luego entonces, susceptible de ser una conducta sujeta de juicio político por todas las razones expuestas”, sostuvo.

La diputada panista punteó que, por las acciones del secretario de Gobernación, lo hace susceptible de demanda de juicio político, ya que según el artículo 109 constitucional “procede el juicio político cuando los servidores públicos que enumera el artículo 110, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

Detalló que para que se configuren las causas del juicio político se requiere que los actos u omisiones atribuibles a los funcionarios causen “perjuicios de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

En tal sentido, subrayó que debe valorarse si las expresiones del secretario “en el sentido de que no deben designarse a los comisionados del Inai -reproduciendo y compartiendo las expresiones del presidente de la República- causan tales perjuicios o afectan el buen despacho de los intereses públicos fundamentales.

“La transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales son derechos humanos considerados en nuestra Carta Magna, que forma parte de compromisos internacionales de acuerdo con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos suscrita por México, por ende, sujeta igualmente a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado mexicano”, dijo.

Pérez-Jaén Zermeño precisó que la fundamentación radica en su valor constitucional, cuya infracción implica igualmente la ruptura del orden constitucional que, en consecuencia, “se traduce en el ataque a la forma de gobierno republicano, pues la cosa pública, como son las instituciones dedicadas a la protección de los derechos fundamentales, como lo es el Inai, sirve de contrapeso para las decisiones del Estado.

Rugidos

Filtración

La filtración de agentes de la DEA a las altas esferas del cartel de Sinaloa, información que se ha dado a conocer en los Estados Unidos, ha sido rechazada y condenada por el presidente de México, Andrés López Obrador quien citó que esta acción ha sido una “intromisión abusiva” por parte de las autoridades del vecino país del norte.

La posición del gobierno de México, con respecto a esta acción que, por otra parte revela cómo y en cuánto negocian el tráfico de droga los hijos de Joaquín Guzmán Loera, la dejó muy clara el mandatario López Obrador durante su conferencia mañanera.

Rechazó que las autoridades estadounidenses que combaten el tráfico de drogas, sin informar al gobierno de nuestro país, hayan llevado a cabo una acción encubierta entre los carteles de la droga que operan en México con el riesgo que ello representa para todos.

La revelación derivó incluso, en un encuentro la tarde de este lunes, entre el mandatario mexicano y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar a quien según trascendió, Andrés López Obrador le presentó la queja e inconformidad de la acción llevada a cabo entre las células de los hijos de Joaquín Guzmán Loera.