Selva Política

*La Reforma a Ley Minera, Termina con Saqueo en Beneficio de Unos Cuantos

*Benéfica Para el País, la Venta del Avión Presidencial; fin a Otro Episodio Oneroso

La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena), integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que la reforma a la Ley Minera y otras legislaciones, aprobada en la Cámara de Diputados, “es un primer paso importante para romper el impasse de más de 30 años de saqueo en beneficio de unos cuantos”.

En un comunicado, relativo a su participación en tribuna durante la discusión de la iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario de Morena, la legisladora señaló que la minería es una actividad económica altamente rentable, pero la población donde la industria minera opera vive en condiciones de marginación y pobreza.

“Los proyectos mineros, con el aval de la actual legislación, han despojado de sus tierras a indígenas y campesinos, privándolos de sus medios de subsistencia y afectando el tejido social de sus comunidades”, aseveró.

“No podemos dejar de comentar que la minería ha impactado también a la salud de las personas, tanto de los mineros como de los habitantes de las comunidades y de lugares aledaños a las minas, afectando su sistemas nervioso, circulatorio, respiratorio, auditivo, cognitivo e incluso afecciones relacionadas con el cáncer” añadió la legisladora.

Sostuvo que “el actual marco legal ha alentado el otorgamiento indiscriminado de concesiones mineras, que sobrepone los fines empresariales al interés nacional y a los derechos de todas las personas especialmente de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes”.

“Esta situación no puede continuar, las empresas mineras deben respetar el medio ambiente, los territorios y los derechos humanos; además de consultar a las comunidades y conseguir su consentimiento, antes de que inicien la ejecución de sus proyectos”, destacó.

Bustamante Castellanos comentó que existen otras iniciativas en materia de minería, por lo que urgió a la Comisión de Economía a “analizarlas y transitarlas, a fin de demostrar su buena voluntad en el tema, aunque sabemos que no lo harán porque como bien se ha dicho, fueron ellos quienes han instado a las empresas a seguir saqueado a nuestro país”.

Expuso que las y los diputados de Morena han trabajado desde 2021 para cambiar el marco legislativo de la actividad minera, escuchando “a todas las voces involucradas mediante foros con mujeres en defensa del territorio, con académicos, con representantes de más de 100 comunidades indígenas, en reuniones de las comisiones de Recursos Hidráulicos y Economía con el sector minero, dos exposiciones fotográficas y la presentación del libro ‘Así se ve la minería en México’”.

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Por otra parte, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que la venta del avión presidencial “José María Morelos y Pavón” al gobierno de Tayikistán “es benéfica para el país, porque se termina con un episodio más de lo oneroso y superfluo que dejaron las anteriores administraciones”.

“Fue una venta que es benéfica para el país, es despojarnos de todo lo oneroso, de todo lo banal y de los signos del Poder que es lo que alienta a muchos políticos a luchar por él, no el bien común, sino luchan por los privilegios que concede el Poder”, indicó en un comunicado.

“Ese avión sólo era una muestra más de aliento a muchos políticos a luchar por el poder y no por el bien común”, agregó.

El gobierno de México anunció el día de ayer el contrato con su símil de Tayikistán, el cual depositó mil 658 millones 684 mil 400 pesos, de conformidad con el avalúo oficial, a la cuenta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

El legislador por Puebla también celebró el anuncio del titular del Ejecutivo, quien manifestó que el dinero por la compra de este avión de lujo se destinará a la construcción de hospitales: uno en el municipio de Tlapa, Guerrero, y el otro en Tuxtepec, Oaxaca.

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En otro tema, ayer la diputada federal Lilia Aguilar Gil (PT) consideró de suma importancia no dejar impune la tragedia de Ciudad Juárez, Chihuahua, al tiempo de señalar que los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) tendrán que responsabilizarse y enfrentar los cargos por sus acciones u omisiones en los acontecimientos.

Respecto al problema de la migración, la legisladora por el estado de Chihuahua aseveró en un comunicado que ésta es un reto global, que ningún país, ni en Europa ni en América quiere resolver, por lo que dicha postura, acarrea abandono, así como otras dificultades que involucran directamente los derechos humanos de las personas y lo ocurrido en Juárez es reflejo de ello.

Agregó que, las políticas públicas en la materia no son ni serán suficientes si no se enfrenta de raíz el problema principal, por el que la gente migra y que es la inseguridad, misma que no se puede tratar de manera dictatorial, toda vez que se pondría en riesgo la violación de otros derechos humanos fundamentales.

“Somos un territorio de paso hacia un destino final que provocó, ideológicamente hablando, la migración y hoy no sabe qué hacer y ha optado claramente por el abandono y responsabilizar a la región. En consecuencia, es menester de nuestro país buscar salida, soluciones y hacer lo conducente para ejercer justicia y evitar futuras desgracias”, finalizó la congresista.

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De salida les informamos que la Comisión de Bienestar, que preside la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) aprobó un dictamen que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, para que las comunidades indígenas, haciendo valer su libre determinación y autonomía, participen en la definición de sus prioridades de desarrollo y participen en conjunto con los tres órdenes de gobierno en el diseño e implementación de las mismas.

En un comunicado, tras la reunión de este órgano legislativo, indicó que la reforma, impulsada por el diputado del PT, Victoriano Wences Real, tiene como propósito coadyuvar a revertir los altos índices de rezago y pobreza en que se encuentran los pueblos originarios, al impulsar políticas públicas que mejoren su calidad de vida, a través de escuchar sus demandas y necesidades.

En el dictamen, refirió Rojo Pimentel, se resalta que de acuerdo a cifras oficiales la población indígena presenta altos índices de pobreza, pues 8 de cada 10 personas hablantes de lengua indígena son pobres; y, además, 4 de cada 10 están en pobreza extrema.

Ante este panorama, agregó, la Ley General de Desarrollo Social es el instrumento jurídico idóneo para establecer disposiciones que contribuyan a combatir la pobreza, la marginación y la profunda desigualdad que padecen las comunidades indígenas, toda vez que tiene el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos sociales.

Rugidos

“Nosotros Solitos”

Confiado por el respaldo que siente recibir del “pueblo”, el presidente de México, Andrés López Obrador aseguró ayer que su gobierno no necesita de nadie para poder luchar, combatir y acabar con el grave problema de los cárteles de la droga.

De gira por Veracruz, el mandatario mexicano desdeñó el apoyo de algunas instituciones estadounidenses, luego de darse a conocer que equipos de agentes de la DEA siguen operando en nuestro país, sin permiso de las autoridades y, sobre todo, sin notificar las acciones llevadas a cabo.

Desde su conferencia mañanera, López Obrador estaba molesto por la resolución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la Guardia Nacional y su separación de la Secretaría de la Defensa Nacional ordenada por el pleno de la Corte.

Ya en el acto conmemorativo de la Defensa de Puerto de Veracruz, el presidente de México rechazó cualquier intervención y sostuvo “fuerte y claro” que su gobierno puede solo en la tarea de reducir la presencia de la delincuencia organizada que sigue golpeando la otrora paz social.