Selva Política

*Quieren Presupuesto Especial Para Atender Emergencia en Torno al Popocatepetl

*Buscan Diputados Ley Para Penalizar los Ataques con Acido; Reciben Respaldo

El diputado federal Javier Casique Zárate (PRI) presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que se destinen recursos suficientes de origen federal, para solventar los gastos derivados de la creciente actividad del Popocatépetl. Asimismo, pide a la Secretaría de Salud que garantice el servicio de salud en la zona metropolitana de Puebla y municipios aledaños que se vean afectados. En su exposición de motivos, Casique Zárate señala que el 21 de mayo del presente año la Coordinadora Nacional de Protección Civil informó su decisión de incrementar el nivel del Semáforo de Alerta Volcánica de amarillo fase 2 a fase 3. A través de un comunicado dijo que los investigadores del Comité Científico Asesor de esta dependencia llegaron a la conclusión de recomendar el cambio de nivel en el Semáforo de Alerta Volcánica, después de evaluar la evidencia científica de la actividad general del volcán, que ha mostrado un aumento gradual y cambios en su comportamiento con respecto a etapas pasadas, comparable a 2012, 2013 y 2019. Indicó que los parámetros para la fase 3, son: actividad eruptiva de explosividad baja a intermedia, pueden esperarse explosiones leves a moderadas que lancen fragmentos en el entorno del cráter, lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones del entorno y en algunas ciudades más lejanas, y afectación a la navegación aérea, entre otros. Bajo esta tesitura, el legislador indicó que el punto de acuerdo tiene por objeto que el Fondo Para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) y la Secretaria de Salud garanticen los recursos para solventar aspectos prioritarios y urgentes que se destinarán para la preparación de actividades y medidas anticipadas que aseguren una respuesta eficaz, ante el fenómeno geológico perturbador provocado por el volcán Popocatépetl. Para finalizar, pidió a la Comisión Permanente que el punto de acuerdo se clasifique como de urgente y obvia resolución, dados los acontecimientos, donde actuar de inmediato es fundamental para salvaguardar la integridad de las y los habitantes en peligro.

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En otro tema, ayer la diputada Marisol García Segura (Morena) respaldó la iniciativa que busca expedir una Ley General que tipifique como intento de feminicidio los ataques con ácido en todo el país, denominada "Ley Malena", presentada este miércoles en el Senado de la República por la saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos, víctima de este tipo de agresiones.

Explicó que se pretende sancionar a los agresores y garantizar que haya tratamientos médicos para las víctimas de la violencia ácida.

"La 'Ley Malena' está hecha principalmente para sancionar la violencia ácida, es decir, arrojarle ácido a una persona. Estos hechos se han registrado sólo hacia mujeres, por lo que se considera otra de las muchas formas en las que las mujeres somos violentadas", señaló.

En conferencia de prensa, en el Senado de la República, en el marco de la Comisión Permanente, acompañada de víctimas de este tipo de violencia y legisladoras y legisladores de Morena, García Segura refirió que se tiene identificado que hasta marzo de este año 39 mujeres han sido víctimas de ataques con ácido.

Agregó que en 2022 se registraron 105 casos de ataques con sustancias corrosivas, de los cuales únicamente se interpusieron 28 denuncias ante el Ministerio Público, según datos de la fundación Carmen Sánchez.

En ese sentido, la diputada exigió al Poder Judicial se ponga a la altura de las circunstancias y cese la corrupción que deja impunes a potenciales feminicidas.

"Exigimos al Poder Judicial que no deje impunes a los agresores. De nada sirve que hagamos leyes, que incluyamos tipos de violencias si la corrupción en el Poder Judicial deja libres a los agresores, les concede un amparo o el colmo, les permite llevar el proceso en libertad aún con el riesgo de fuga. La justicia tiene una deuda histórica con las mujeres del país y nos hemos esmerado en incidir para que las leyes cambien", aseveró.

Recordó que en marzo pasado en Puebla se avaló la "Ley Malena", que establece penas que van desde los 26 y hasta 40 años de prisión.

"Es por todo ello que buscaremos que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contemple la violencia ácida y se aplique en todas las entidades y frenemos esta forma de violencia que ha ido en aumento", indicó.

Finalmente, reconoció la lucha y valentía de María Elena Ríos de proponer esta iniciativa que lleva su nombre.

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Por cierto ayer mismo las diputadas de diversas bancadas, encabezadas por la legisladora Aleida Alavez Ruiz (Morena), celebraron que este miércoles la Comisión Permanente declarara la reforma constitucional de la “Ley 3 de 3” contra la violencia, ya que dicha legislación fue aprobada en 23 congresos locales.

“Éste es un esfuerzo de todas y todos los que acompañamos el trayecto del proceso parlamentario, desde la presentación de la iniciativa en el Grupo Plural en la Cámara de Diputados, compuesto por legisladoras de todos los grupos parlamentarios y, a su vez, por la Cámara revisora, que fue el Senado de la República”, indicó en rueda de prensa, en el marco de la Comisión Permanente que sesiona en el Senado.

Acompañada de las diputadas Amalia García Medina (MC), Gabriela Sodi Miranda (PRD), María Rosete Sánchez (PT), Marisol García Segura (Morena) y legisladoras de diversas bancadas, Alavez Ruiz indicó que dicha iniciativa que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución, busca que quienes ejerzan violencia contra las mujeres o sean morosos en su pensión alimentaria no ocupen un cargo público o de servicio público.

La también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena resaltó que dicha iniciativa de Ley tuvo un proceso muy rápido, sobre todo, en la aprobación en los 23 congresos locales y, con ello, el aval que requiere una reforma constitucional.

Aseguró que la “Ley 3 de 3” llegó para quedarse y para que ningún violentador llegue al poder, “esto quiere decir que en cargos de elección popular o en el servicio público, no podrán acceder quienes violenten a las mujeres en cualquiera de las modalidades que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también a quienes sean declarados morosos en la pensión alimentaria, esto también incluye al titular de la Fiscalía General de la República (FGR)”.

Enfatizó que dicha reforma fue construida en la pluralidad de ideas y composición tanto de las Cámaras de Diputados y Senadores, y con este aval de los congresos estatales.

Rugidos

Violentadores

Luego de recibir el apoyo y respaldo de diputados federales y locales en el país, así como de senadores, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió este miércoles la declaratoria constitucional de la Ley 3 de 3, la cual contempla que ningún violentador, acosador o deudor alimentario sea funcionario público.

La nueva ley va más allá, al contemplar que se suspende el derecho de los hombres que hayan incurrido en violencia de género y deudores de pensiones alimentarias, a ser candidatos a puestos de elección popular.

Por el alcance, repercusión y atención que esta declaratoria constitucional tiene al grave y creciente problema de violencia en contra de las mujeres, no cabe duda que será la ley más importante aprobada durante el periodo legislativo.

Con acciones legislativas como ésta, México sigue dando pasos firmes en atención a uno de los problemas más graves y sensibles que rompe el tejido social, la relación y entendimiento hombre-mujer. Que sea para bien.