Selva Política

*Programa Nacional de Vivienda, Debe Considerar el Rescate de Casas Abandonadas

*Plantean que el estado Repare el Daño a Personas Afectadas por Acoso Escolar

El diputado Jaime Bueno Zertuche, del PRI, presentó una iniciativa para establecer que el Programa Nacional de Vivienda deberá contener las estrategias de identificación, recuperación y rehabilitación de vivienda abandonada, así como el de su entorno habitacional.

La propuesta, que adiciona una fracción al artículo 8 de la Ley de Vivienda, fue turnada a la Comisión de Vivienda para su análisis y dictamen.

Refiere que a nivel nacional, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se registran 6 millones 155 mil viviendas abandonadas en el país.

De éstas, precisa que el Estado de México concentra el 10 por ciento del total con 611 mil 159, le sigue Veracruz con 474 mil, Jalisco con 451 mil 590, Michoacán con 313 mil 707, y Guanajuato con 313 mil 437.

En la fundamentación se explica que la vivienda abandonada es aquella que no se encuentra ocupada, que está sin mobiliario y sin mantenimiento, es decir que muestra características intermedias de deterioro de la garantía, se observa el descuido del inmueble como pasto crecido, acumulación de correspondencia, desgaste de pintura, etcétera.

Indica que el abandono de este tipo de inmueble es un fenómeno socioespacial cuya relevancia no sólo se limita a la pérdida económica de desarrolladores e instituciones de crédito, ya que tiene repercusiones negativas a nivel micro si se considera al resto de los habitantes del conjunto, y a nivel macro cuando toma como referencia al sistema urbano.

Menciona entre las causas identificadas que la vivienda está lejos de los bienes, servicios públicos y el empleo. Los derechohabientes las adquieren sin intención de habitarla y la situación económica de la ciudad genera que no tengan posibilidad de pagar el crédito hipotecario adquirido.

También, que la mala calidad de la vivienda no permite la habitabilidad adecuada de las mismas (tamaño, diseño, materiales), que fueron construidas en zonas de riesgo por factores naturales (inundación, suelos inestables) y se localizan en zonas inseguras por factores sociales como violencia, delincuencia y enajenación.

En otro tema, la diputada Carolina Beauregard Martínez (PAN), a través de una iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 5 de la Ley General de Educación, planteó establecer que el Estado deberá reparar integralmente el daño que las personas hayan sufrido como consecuencia de la violencia y/o acoso escolar.

La propuesta, enviada a la Comisión de Educación y suscrita por integrantes de su grupo parlamentario, señala que el bullying es una problemática social y es necesario atender esta situación a fin de garantizar a las y los educandos un servicio educativo de calidad, que se brinde en un ambiente de paz y libre de cualquier tipo de violencia.

Entre las consecuencias del acoso escolar se encuentra la depresión, ansiedad, molestias físicas y psicológicas generalizadas, pérdida de sueño, pérdida de interés, disminución del rendimiento físico y académico, deserción escolar, trastornos alimenticios y en casos extremos pérdida de la vida.

Resalta que el acoso escolar debe ser reconocido, prevenido, combatido y erradicado para garantizar otros derechos humanos. Asimismo, reconocer que el bullying escolar tiene efectos transversales perjudiciales para otros derechos fundamentales y para otras personas, además de la víctima directa.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y, generalmente, están en una posición de desventaja o inferioridad.

La iniciativa considera que no se debe permitir más víctimas del acoso escolar, por lo que se debe ser enérgicos en las medidas para prevenir y erradicar el bullying en las escuelas, lo cual es un deber como autoridades que forman parte del Estado mexicano.

Sobre otro tema, la diputada Julieta Ramírez Padilla (Morena) propuso ante la Comisión Permanente una iniciativa que reforma el artículo 308 del Código Civil Penal, para que en la pensión alimenticia se contemple el apoyo a educación hasta el nivel superior, y no solo en la etapa inicial.

Con estas modificaciones se pretende que la pensión alimenticia no sólo contemple el apoyo de los tutores durante la educación primaria, sino que éste sea obligatorio hasta la educación superior del menor, a fin de garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en todo ámbito, explicó en un comunicado.

"Los padres o tutores deben asumir, en el marco de las obligaciones de pensión alimenticia, lo que comprende la educación partiendo de la inicial hasta la superior".

La diputada abogó por terminar con las diversas interpretaciones y criterios en los tribunales que han permitido el desamparo de los menores respecto a su formación académica.

“Como es evidente, la norma permanece sin actualizarse y de aquí la oportunidad de mejorarla y ponerla al día”, expresó.

Señaló que las autoridades, especialmente los jueces familiares, tendrán la tarea de corregir y reparar cualquier irregularidad que limite o restrinja la calidad de vida del menor, teniendo en cuenta que se trata de una obligación compartida, sin distinción de género.

De salida les informamos que el diputado Mario Alberto Torres Escudero (Morena) presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exhortar a las entidades federativas y dependencias del Gobierno Federal a que incluyan y contraten a sociedades cooperativas dentro de sus áreas administrativas, a fin de contribuir a la economía social.

“Resulta esencial el fomento de la solidaridad, confianza y participación de la sociedad dentro del sector económico, a través de una integración productiva que contribuya en beneficio social directo”, explicó el legislador en un comunicado.

Señaló que el artículo 25 constitucional establece que el Estado debe garantizar un desarrollo integral y sustentable; y que la competitividad refiere al conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Agregó que en México se estima que existen más de 5 mil sociedades cooperativas de producción y consumo, el mayor porcentaje de éstas se dedica a las actividades primarias, destacándose las pesqueras.

Torres Escudero expuso que la inclusión de todos los sectores productivos a nivel nacional “representa una oportunidad sin igual a la comunidad migrante que busca tener participación en el desarrollo de nuestras localidades, en el mejoramiento de los estados y al desarrollo del país.

Rugidos

Ejemplar Jornada Electoral

La participación ciudadana en la justa electoral del domingo en el estado de México y Coahuila, sorprendió gratamente a la ciudadanía en general del país, debido a la civilidad e interés de sufragar con el fin de fortalecer la democracia mexicana.

Pese a la intensa competencia política en busca del voto, la cual se llevó a cabo a lo largo de dos meses, ayer domingo el desempeño ejemplar de los ciudadanos demostró la madurez y alta responsabilidad que nuestro país ha alcanzado en estas competencias.

El ejemplo demostrado, deja a un lado a quienes hayan resultad ganadores de la contiende y pone como primer aspecto relevante la gran partición y la civilidad demostrada por los electores.

Llevar a cabo una jornada electoral en paz, no es tareas fácil, pero parece ser que los mexicanos hemos terminado por entender que con una Instituto Nacional Electoral independiente y democrático, podemos avanzar como sociedad.