Selva Política

*Alto a las Violaciones de Derechos Humanos en el Sector Salud, Exigen PAN

*Listos los Dictámenes Para Reformar Leyes que Protegen a Mujeres Violentadas

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y la diputada Leticia Zepeda Martínez, del PAN, acudieron ante el Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, para exigir la intervención de la institución, ante las múltiples violaciones del derecho humano a la salud, que se han dado en este sexenio.

En un comunicado, los integrantes de la Comisión de Salud alertaron a la organización de defensa de derechos humanos sobre las consecuencias que tendría la desaparición de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en el sector salud, que se encuentra en proceso por decisión del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Manifestaron que particularmente les preocupa que se pongan en riesgo la calidad y la continuidad de los servicios de atención médica que se ofrecen a los ciudadanos.

“Se estaría dejando a millones de mexicanas y mexicanos que padecen diversas enfermedades, como el cáncer o diabetes, en la incertidumbre respecto a diagnósticos, tratamientos y medicamentos, tanto en sector público, como en el privado”.

Informaron que iniciaron un diálogo con funcionarios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en breve celebrarán una reunión para exponer las inquietudes de la sociedad civil y pacientes ante la incertidumbre que ha provocado la eventual desaparición de las NOM.

En el documento entregado destacaron que “nuestro objetivo es que esta información se conozca y difunda entre todos los especialistas del sector salud en la Organización que usted representa en nuestro país, y convocarle a la acción para el estudio y análisis de las NOM, para que las propuestas y asesorías se hagan, con transparencia, dirigidas al presidente de la República, Consejo de Salubridad General, titulares de las secretarías de Salud y de Economía, integrantes del Sistema Nacional de Salud, el Congreso de la Unión y, fundamentalmente, la sociedad mexicana en su conjunto, que tiene el derecho a recibir de manera efectiva servicios de salud universales y de alta calidad.

“Seguiremos luchando en próximas semanas para evitar la cancelación de las NOM. Las instituciones de protección a los derechos humanos deben estar atentas a lo que ocurra en las próximas semanas. Estas NOM no se tienen que cancelar, se tienen que modificar, para actualizarlas, con el apoyo de todos los expertos y los usuarios del sistema de salud”.

Puntualizaron que las NOM proporcionan un marco que asegura un estándar uniforme de atención y tratamiento para todas las enfermedades, incluyendo el cáncer de mama, útero y próstata, diabetes, obesidad, hipertensión arterial, entre otras.

Sin ellas, la calidad y la consistencia de la atención pueden variar enormemente de un lugar a otro, creando inequidades en la atención de la salud. Además, actúan como una guía para los profesionales de la salud, asegurando que todos sigan las mismas óptimas prácticas en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

En otro tema y durante una reunión a distancia, la Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), aprobó dictámenes que reforman las leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de derechos reproductivos, espacios seguros para indígenas violentadas y sensibilización de servidores públicos.

Con 19 votos a favor, ocho en contra y una abstención, avaló reformar el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia, promovida por el diputado Raymundo Atanacio Luna (Morena).

El dictamen define la violencia contra los derechos reproductivos como un tipo de violencia referente a toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección y a una maternidad elegida y segura.

La diputada Vences Valencia estimó que este reconocimiento es un paso hacia la construcción de un mundo más justo, equitativo e igualitario, por lo que es necesario asegurar que toda mujer tenga la libertad de tomar decisiones libres e informadas sobre su salud sin restricciones, imposiciones y violencia.

“Al no nombrar este tipo de violencia se perpetúa la desigualdad de género y la discriminación a la que son sometidas muchas mujeres, sobre todo las indígenas”, subrayó.

A su vez, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) consideró que el dictamen se aleja de lo que realmente es la violencia reproductiva y le falta mucho para conceptualizarla. Agregó que las mujeres son explotadas y violentadas todos los días impunemente, pero no por no tener una decisión libre e informada sobre sus cuerpos, sino porque son explotadas de manera reproductiva.

La diputada María Clemente García Moreno (Morena) puntualizó que la iniciativa refuerza la ley en materia de derechos reproductivos; “el derecho a la salud sexual y a la salud reproductiva son parte fundamental del derecho a la salud, interdependientes e imprescindibles a todos los derechos humanos”.

Espacios seguros para mujeres indígenas víctimas de violencia

Por unanimidad de 29 votos fue aprobado el dictamen que reforma el artículo 56 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, iniciativa presentada por la diputada Anabey García Velazco y suscrita por diputadas y diputados del PAN.

Al respecto, la diputada Vences Valencia dijo que el propósito es fijar espacios seguros para que las mujeres indígenas víctimas de violencia reciban servicios especializados con atención médica, psicológica o albergues temporales y cuenten con traductoras e intérpretes que conozcan su lengua y cultura.

Estimó que la falta de acceso a intérpretes calificados crea una brecha de comunicación y complica la denuncia efectiva y el acceso a la justicia para las mujeres indígenas, lo que las obliga a depender de intermediarias o a comunicarse a través de intérpretes que no dominan su lengua. Informó que la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos emitió una opinión a favor de la iniciativa con propuestas de modificación, las cuales fueron incorporadas.

Sensibilizar y guiar el actuar de servidores públicos

Por 28 votos, validó el dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 31 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la diputada Benelly Jocabeth Hernández Ruedas (Morena).

Su objetivo es prohibir que la autoridad encargada de dictar una orden de protección haga comentarios lesivos con prejuicios que insinúen descrédito de los dichos de las personas denunciantes, así como insinuaciones o interrogatorios ofensivos respecto de la vida privada de la víctima. Dispone que el incumplimiento de lo anterior será causa de responsabilidad administrativa y se sancionará conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las que apliquen en la materia.

Rugidos

Se Limpia el Camino

Una aspirante más, Claudia Ruíz Massieu, a la candidatura presidencial por el frente opositor, anunció ahora que se baja también de esta contienda, al argumentar que no hay condiciones para una competencia pareja.

De esta manera, cinco de 14 aspirantes que habían anunciado su interés en participar han declinado y todo parece indicar que no solo crece, si no se fortalece la figura de la senadora Xóchitl Gálvez para ser la abandera de la oposición en la contienda por la Presidencia de la República.

Las dirigencias de los tres partidos políticos que conforman este frente, PAN, PRI y PRD asumen estar observando cómo se “deshoja la margarita” de aspirantes, aun antes de que el proceso formal de la competencia inicie.

Habrá que estar atentos si otra u otro aspirante en este frente decide retirarse, incluso antes de comenzar a trabajar para reunir las 150 m