Selva Política

*Proponen Prisión de Hasta 30 Años a Quien Atente Contra Industria Petrolera

*Y de 2 a 8 Años Para Todo Aquel que Torture o Maltrate a la Especie Animal

A fin de castigar hasta con 30 años de prisión a quien manipule o altere infraestructura de almacenamiento y distribución de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin consentimiento, el diputado Gerardo Peña Flores (PAN) propuso adicionar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

La adición de la fracción III al artículo 8 de dicha norma plantea sancionar de 20 a 30 años de prisión y multa de 20 mil a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien manipule, interfiera o altere las válvulas, equipos o cualquier otra infraestructura de instalaciones que almacenen, distribuyan o administren hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin el consentimiento explícito de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

El documento, turnado a la Comisión de Justicia, con opinión de la de Energía, estima que fijar penas más severas para la intervención o daño de la infraestructura, puede ayudar a proteger la seguridad energética porque desalienta a las personas y organizaciones de participar en estas actividades ilegales. También, puede permitir a los gobiernos recuperar de manera más rápida los costos de las reparaciones y las pérdidas económicas resultantes de estos actos.

Refiere que de acuerdo a un informe de 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los costos directos e indirectos del robo de hidrocarburos, incluido el gas natural, ascendieron a miles de millones de dólares anualmente a nivel global. Estos costos comprenden pérdida de ingresos fiscales, costos de reparación y mantenimiento, y daños ambientales.

El diputado Peña flores señala que el robo y daño a la infraestructura de gas natural pueden tener graves consecuencias para la calidad de vida de las personas, la seguridad energética y la economía de un país. Estos actos, agrega, también pueden interrumpir el suministro de energía y poner en peligro a las comunidades locales.

Menciona que, en algunos países, el robo de gas natural y daño a la infraestructura se penalizan con multas considerables y penas de prisión, pero en muchos otros son insuficientes para disuadir a los delincuentes. “Un enfoque más estricto podría ayudar a proteger la infraestructura de gas natural y asegurar un suministro de energía más confiable”.

Resalta que el gas natural, al ser una fuente de energía más limpia en comparación con el carbón o el petróleo, puede contribuir significativamente a los esfuerzos globales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, se le considera una pieza clave en la transición hacia un sistema energético más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Además, añade, el gas natural tiene un papel importante en la seguridad energética. Los países que cuentan con un suministro abundante y seguro de gas natural están menos expuestos a las fluctuaciones de los precios del petróleo y pueden garantizar un suministro constante de energía para las necesidades domésticas y comerciales

Ante ello, indica, es imprescindible fortalecer la seguridad y el mantenimiento de las infraestructuras de gas natural para asegurar su disponibilidad constante y segura.

Por otra parte, la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos (PVEM) propuso establecer penas de dos a ocho años de prisión ahora para quien realice actos de tortura, maltrato o crueldad en contra de un animal de cualquier especie que no constituya plaga.

De manera específica, señaló, en casos de mutilación, intervención quirúrgica, experimentación científica, abandono, sufrimiento por actos perversos o de diversión, peleas de perros, se les exponga en sitios que perjudiquen su salud o pongan en peligro su vida y por envenenamiento.

Sostuvo que la propuesta de reforma al artículo 429 Bis del Código Penal Federal tiene la finalidad de castigar de forma ejemplar a toda persona que cometa este tipo de actos de crueldad que se realizan con dolo y provocan sufrimiento, estrés y hasta la muerte de perros y gatos que no tienen asegurado su bienestar, tomando en cuenta el ambiente que viven alrededor del ser humano.

Huerta Valdovinos destacó que en el país "se estima que casi el 70 por ciento de los animales domésticos y silvestres son agredidos en los hogares, lo que incluye no sólo a los animales de producción, de trabajo, sino los que son utilizados en espectáculos, los que se encuentran en exhibición, los usados en la enseñanza e investigación y los de compañía”.

Huerta Valdovinos resaltó que, en total, en nuestro país se tiene una estimación de una población de 80 millones de mascotas, de los cuales 43.8 millones de ellas son caninos, 16.2 millones felinos y 20 millones de una variedad de mascotas pequeñas.

Es por ello, señaló, que la idea de penalizar al maltrato animal es de suma importancia, ya que implica un factor que predispone a la violencia social y si no se castigan estos tipos de maltrato seguirán siendo una práctica común que podría escalar a otras formas de violencia, ya que el maltrato animal es el primer acto de una persona violenta.

Expresó que en la actualidad las entidades federativas de nuestro país, con excepción del estado de Oaxaca, cuentan con leyes que abordan aspectos relativos a la protección y el bienestar animal.

Sin embargo, a la fecha sigue siendo frecuente observar flagrantes incumplimientos a las leyes de los estados que se reflejan en crueldad, maltrato, abandono, violación y abuso del hombre hacia todo tipo de animales.

De ahí la importancia de la presente iniciativa que propone aumentar la sanción actual de seis meses a cinco años de prisión, a una pena de dos a ocho años de cárcel y el equivalente de 200 a dos mil días de multa para castigar a quienes cometan este tipo de actos de crueldad, en especial los ya señalados.

De salida les informamos que las diputadas y los diputados federales del PAN por Michoacán reprobaron la violencia y la inseguridad imparable que se vive en el estado, luego de los hechos registrados este viernes, donde el legislador federal Enrique Godínez del Río fue víctima de un asalto a mano armada en un comercio ubicado en el municipio de Jacona.

“Es lamentable que como ciudadanos no podemos salir a nuestras calles. Hoy nuestro compañero, Enrique Godínez fue una víctima más de la violencia que se vive en Michoacán. Ya no estamos seguros, esto puede ocurrirnos a todos porque no hay una estrategia para contrarrestar los delitos en el estado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo así?”, señalaron los integrantes del Grupo Parlamentario en un comunicado.

Ante esta situación, los panistas exhortaron a los gobiernos Federal y estatal a dar atención a la problemática que se vive en todo el estado y revisar la estrategia de seguridad, la cual argumentaron claramente no está funcionando.

“Es urgente que las autoridades pongan atención a la situación que se vive en Michoacán, estamos sufriendo de una ola de violencia que nos afecta a todos, no pueden continuar en la omisión. Hoy enviamos nuestro apoyo y respaldo a nuestro compañero de bancada, quien como todos es un ciudadano que merece salir a la calle sin miedo”, expresaron.

Rugidos

A la deriva

Como cada año, miles de habitantes de comunidades apartadas, rancherías y poblados apartados viven y enfrentan las severas condiciones climáticas que se registran fuertemente y ponen en riesgo la vida de muchos de ellos.

La temporada de huracanes, los incendios forestales, los sismos, inundaciones o incluso deslaves, manifestaciones de la naturaleza ha rebasado todo programa o plan, cuando los hay, que permitan garantizar la seguridad para miles de pobladores.

De acuerdo a especialistas meteorológicos, el 85 por ciento de los casi 2,600 municipios del país, carecen de un Atlas de Riesgo, el cual permitiría salvaguardar con gran oportunidad muchas vidas en México. En este sentido es necesario apuntar que miles de poblados, rancherías y comunidades más están abandonadas a su suerte.

Alguien podría señalar que el Plan DN-III del Ejército Mexicano, atiende esta carencia. Es necesario apuntar que los organismos de Protección Civil son los que además de estar rebasado, ellos tienen la obligación de contar con estos Atlas de Riesgos, no así el Ejército Mexicano, el cual entra en acción, una vez que se registró la contingencia y el desastre.