Selva Política

*Proponen Construir la Agenda Migratoria 2030, Ante Este Creciente Problema Social

*Crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Salvaría a Este Sector y Generaría Empleos

Ante la difícil situación migratoria que enfrenta el país, tenemos que empezar a diseñar medidas de largo plazo que permitan realizar una transición ordenada y en la Cámara de Diputados estamos dispuestos a buscar los acuerdos, mediante el diálogo con todos los grupos parlamentarios, para construir alternativas y tratar de reducir la problemática que viven miles de familias que transitan por el territorio nacional, afirmó Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de este órgano del Poder Legislativo.

“Tenemos que avanzar en los objetivos de la Agenda 2030 en la cual, lejos de criminalizar la migración, se considera como un importante agente para impulsar el desarrollo sostenible”, subrayó.

Para mitigar los efectos de la migración debe haber una responsabilidad compartida entre todos los países de nuestra región, que de una u otra forma están involucrados en este fenómeno, destacó.

“México es referente en materia migratoria debido a su situación geográfica y lo ha vivido durante décadas; sin embargo, agregó, no podemos invitar a los migrantes a quedarse en nuestro territorio porque se carece de los elementos necesarios para atenderlos. La migración debe ser segura, ordenada y regular”.

De ninguna manera, dijo, podemos tratarlos como delincuentes, pues sólo se trata de personas que, en su mayoría, transitan en la búsqueda de un bienestar para ellos y sus familias.

Desde el 2011, el Estado mexicano estableció el respeto a los derechos humanos de los migrantes, más allá de su nacionalidad, género, edad y en ningún caso su situación migratoria irregular se considerará un delito, recordó Guerra Castillo.

Tal es la magnitud de esta situación, que difícilmente se podría contener una migración de esta naturaleza, pero sí se pueden contemplar nuevas formas para su incorporación temporal al mercado laboral, como ya se ha hecho en el pasado con las visas de trabajo, aunque siempre ha sido insuficiente, concluyó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

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Sobre el mismo tema y con la finalidad de incorporar el enfoque de seguridad humana a los principios bajo los cuales el Estado mexicano formula y ejecuta la política migratoria, la diputada María del Rocío Banquells Núñez (MC) impulsa una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración.

Establece que la seguridad humana es una orientación que contribuye al análisis de las causas multidimensionales de los distintos fenómenos sociales que afectan la vida, la paz, la dignidad y el desarrollo de las personas en contexto de migración, así como para la planificación y formulación de respuestas amplias a estos desplazamientos, orientadas principalmente a la prevención que refuerce la protección y el empoderamiento de las personas migrantes como sujetos de derechos.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Asuntos Migratorios para dictamen, menciona que el Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad humana de los migrantes, con independencia de su situación migratoria.

Con ello, añade, se abandonaría el enfoque único de Estado centrista para transitar a uno integral que ponga a las personas al centro como sujetos de derechos, lo cual brinda herramientas para analizar el fenómeno de la migración y formular soluciones integradas y multisectoriales, y avanzar en la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Banquells Núñez precisa que México atraviesa una de las crisis migratorias más complejas de los últimos años. Es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2022 dio paso a algunas dinámicas migratorias más complejas y de rápida evolución que se hayan visto en México y en el hemisferio occidental.

Además, el número de solicitudes de búsqueda de migrantes desaparecidos marca un crecimiento en los recientes años. Según el Servicio Jesuita al Migrante en México, entre 2007 y 2021 se atendieron mil 280 casos.

Por otra parte, la bancada del Partido del Trabajo en San Lázaro, ha manifestado en más de una ocasión la importancia de la actividad pesquera y de la acuicultura como generadoras de empleo y riqueza, factores que hacen necesaria una mayor atención a cargo del sector público, para así procurarles condiciones de desarrollo y sustentabilidad. Además de reducir, han señalado, los efectos de la sobreexplotación e incidir en la recuperación de las pesquerías tradicionales.

En ese sentido, el diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) propuso la creación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, misma que entre sus funciones estará el proponer y coordinar la política nacional de estas actividades para su aprovechamiento racional y sustentable. Así como para el fomento y promoción de las actividades pesqueras y acuícolas.

“Esta medida dará atención puntual a las comunidades pesqueras, demandantes de acciones públicas que les permita revertir faltas de oportunidades de empleo, salud, educación, entre otras; vinculadas a la necesidad de contar con mayores presupuestos”, explicó el legislador.

Asimismo, dijo, contar con esta Secretaría permitirá contribuir a la seguridad alimentaria, prioritariamente a la población ubicada en zonas rurales.

También mejorar el ingreso y reducir la pobreza de comunidades pesqueras y acuícolas, además de garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros de interés comercial.

“México está ubicado en el sitio número 17 como productor pesquero y ocupa el lugar 24 en producción acuícola. Los rendimientos de ambas actividades perfilan a nuestra nación como una potencia en estas materias, en beneficio no únicamente del consumo interno, sino también de la comercialización en el mercado exterior”, detalló.

Finalmente, García Hernández aseguró que reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la creación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura permitirá reconocer la importancia de estas actividades dentro del crecimiento económico del país, gracias al potencial que representan para la autosuficiencia y soberanía alimentaria.

De salida les informamos que la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) presentó una iniciativa que plantea eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal, mediante la derogación del Capítulo VI y sus artículos relativos a las sanciones en materia de aborto

La propuesta, turnada a las comisiones de Justicia para dictamen, y a la de Igualdad de Género, para opinión, busca evitar la persecución penal derivada del derecho humano al aborto, en concordancia con la resolución de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar todas las normas en la materia.

En su argumentación, señala que el derecho al aborto debe ser una decisión de la persona gestante, por lo que es primordial que se prevalezca la igualdad y la no discriminación hacia quienes toman la decisión de interrumpir su embarazo, ya que su autonomía reproductiva no debe ser una limitante para su desarrollo personal.

Afirma que las gestantes no deben ser perseguidas penalmente si toman la decisión de interrumpir su embarazo, porque esto las pone en riesgo y se les limitan sus derechos humanos que son progresivos y universales.

Rugidos

¿ Qué Hacer ?

El problema de la migración en el mundo no cede. Al contrario, crece y complica cada día más a los países en vía de desarrollo, donde sus gobiernos no terminan por encontrar una política social que frene, reduzca o controle el flujo de seres humanos a un sitio a otro.

En este sentido, México comienza a vivir una asfixia en la convivencia social de puntos importantes dentro del territorio nacional, debido a que el número de grupos y personas migrantes que transitan, exigen y requieren de más y mejores servicios públicos.

Vivienda, agua potable, baños, atención médica, comedores públicos y seguridad pública son apenas algunos requerimientos que los migrantes vienen exigiendo para preservar sus derechos humanos.

Ante el creciente número de indocumentados que a diario se aventuran en cruzar como puedan nuestro país, en busca de llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) en México, no han logrado establecer y mucho menos articular un programa de recibimiento, atención y conducción para las decenas de miles de personas que caminan el país en busca de alcanzar llegar al territorio estadounidense.

El tiempo avanza y los riesgos de intentar cruzar México, crecen aceleradamente.