Selva Política
*Proponen Cárcel Para Quien Manipule con IA, Imágenes Intimas de Mujeres
*Proveedores de Internet, Deben ser Obligados a Atender Mandamientos Judiciales
La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) presentó una iniciativa que plantea incluir la Inteligencia Artificial (IA) como supuesto medio para realizar algún tipo de violencia digital contra las mujeres y establecer que, si se manipulan imágenes de contenido íntimo aplicando IA, se impondrá la pena de tres a seis años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de Medida Actualizada (UMA).
El proyecto, turnado a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Justicia para dictamen, modifica varios artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el 199 Nonies del Código Penal Federal.
En su exposición de motivos, Vargas Camacho afirma que la violencia contra la mujer que se vive hoy por las tecnologías de la información y la comunicación es real e impacta a las víctimas de forma psicológica, emocional y profesional, pues miles de ellas han sufrido este tipo de violencia y en, muchas ocasiones, son revictimizadas por las propias autoridades.
Considera que la tipificación de las conductas cometidas a través de los medios digitales es una necesidad imperante ante casos de mujeres que han sido afectadas en su vida privada, al darse a conocer por dichas vías imágenes, audios o videos de su intimidad sexual sin su consentimiento.
Señala que, se entiende como violencia digital aquellas acciones que expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido íntimo de una persona a través de medios tecnológicos y que, por su naturaleza, atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres, causando daño psicológico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además del daño moral, tanto a ellas como a sus familias.
Destaca que con esta iniciativa se asegura y protege el espacio digital para sancionar a todas aquellas personas que violenten, divulguen, compartan o comercien imágenes, audios o videos íntimos de una persona sin su consentimiento, utilizando la IA.
La reforma al artículo 199 Nonies del Código Penal Federal establece que las “imágenes que hayan sido manipuladas a través de la Inteligencia Artificial” también serán sancionadas con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de 500 a mil UMA.
Vargas Camacho manifiesta que un principio fundamental de la Inteligencia Artificial debe ser el respeto a la dignidad humana, desde el inicio de su existencia hasta su muerte natural, y este principio debe estar dentro de la esfera ética evitando que sea violentado por las tecnologías “autónomas”.
Añade que no regular o legislar las prácticas de la IA generativa, puede propiciar contenidos escritos, imágenes y videos falsos o maliciosos, que podrían utilizarse en fraudes o en la suplantación de identidades y personas.
Por otra parte y con el objetivo de incluir a los prestadores de servicios de Internet entre los sujetos obligados a atender mandamientos judiciales o administrativos, el diputado Javier López Casarín (PVEM), presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Plantea modificar el artículo 189 a fin de señalar que “los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones, contenidos y prestadores de servicios de Internet, están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes'".
También propone agregar el párrafo ll Bis al Artículo 190 de dicha ley, “para establecer a los a proveedores de servicios de Internet la obligación de conservar un registro y control de las comunicaciones que se realicen a través de cualquier tipo de línea. Éstos deberán conservarse durante 12 meses en sistemas que permitan su consulta en tiempo real, por parte de las autoridades competentes. Después de ese plazo, los datos podrán resguardarse en sistemas de almacenamiento electrónico durante 12 meses. En este caso, los proveedores tendrán hasta 48 horas para proporcionar la información solicitada, a partir de su notificación”.
El proyecto indica que, además de detallar el tipo de datos que se requieren, se pide garantizar su conservación, cuidado, no manipulación ni acceso ilícito, así como apegarse a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Destaca que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contiene diversos preceptos prescriptivos en materia de seguridad y justicia, pero no contempla entre los sujetos obligados, a los prestadores de servicios de acceso a Internet, lo cual, indica el documento, problematiza el flujo de información que se les requiere por parte de las autoridades competentes.
Con esta reforma, añade, se busca subsanar ese vacío y coadyuvar con las autoridades competentes en el combate a los delitos que se realizan a través de las plataformas digitales, o aquellos que aprovechan la Internet para engañar y atentar contra la integridad de las personas.
Concluye que los ciberdelincuentes “intentan apropiarse del ciberespacio para instaurar nuevas modalidades de cometer conductas delictivas, por lo que se requiere regular los deberes de los prestadores del servicio de acceso de Internet, en materia de procuración de justicia y seguridad pública”.
De salida les informamos que de acuerdo a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, se tiene que fortalecer el impulso que los organismos autónomos han dado a nuestra vida republicana y democrática, por lo que debemos iniciar el debate para descubrir vías que robustezcan su vida institucional, garantizar su solvencia y ponerlos a salvo de vaivenes y apetitos de la coyuntura política que amenazan con debilitarlos.
Dijo que “es nuestra obligación analizar si conviene una legislación que aborde las pautas de su independencia, autogestión, autonomía de operación, jerarquía, inviolabilidad, solvencia presupuestaria, mecanismos de control, fiscalización, así como su relación con el Congreso”.
Guerra Castillo subrayó que no continuar con las reformas que demanda el régimen republicano, podría llevar a caer en los problemas propios de los países que han visto cómo se deterioran sus instituciones.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acentuó que los organismos constitucionales autónomos ofrecen una mejor arquitectura constitucional, contribuyen a una gobernabilidad más eficiente, plena y abierta, porque han generado la actualización del presidencialismo para favorecer una relación más adecuada entre la autoridad y la sociedad, con un ejercicio más transparente de la administración pública.
“La estabilidad monetaria responde a la autonomía del Banco de México; la credibilidad en nuestras elecciones al INE y la transparencia y rendición de cuentas al INAI, ahí está la importancia de fortificar a los organismos autónomos, para continuar elevando la calidad de nuestra democracia”.
En ese sentido, señaló que es positivo que, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pueda ejercer sus atribuciones y competencias constitucionales, para resolver los miles de asuntos que tiene pendientes.
Rugidos
Migración Riesgosa
Sigue sin atención y mucho menos solución alguna, el problema de la migración que ya es considerada en nuestro país como emergencia humanitaria.
Cada semana llegan miles de personas procedentes de los países de centro y sudamérica, quienes aspiran solos o con sus familias, llegar a la frontera sur de los Estados Unidos y poder ser aceptados en el vecino país del norte.
Huyen de la violencia, la inseguridad pública y la falta de oportunidades para poder emplearse en sus lugares de residencia. Al llegar al territorio mexicano, si desean alcanzar el sueño de tocar suelo norteamericano, deberán enfrentar también un peregrinar de alto riesgo y cansancio físico extremo.
Poco o nada siguen sin hacer los gobiernos no sólo de México, sino de los países centroamericanos, quienes han dejado transitar libremente a los miles de migrantes que comienzan a quedarse en las medianas y grandes ciudades de México, ante el difícil tránsito que hoy enfrentan.
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